(1)El rechazo a los aumentos de los impuestos, del 2.5% sobre las nóminas y del 3% al hospedaje, que aprobó el Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo, rebasa ya el ámbito estatal: llegó ayer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, integrada por representantes de las cámaras de diputados y senadores.
La diputada federal yucateca Rosa Adriana Díaz Lizama presentó un punto de acuerdo ante ese organismo legislativo para que se exhorte a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco a dar marcha atrás en las alzas, que son del 25% en el impuesto sobre las nóminas y del 50% en el impuesto al hospedaje.
La legisladora propuso que el punto de acuerdo sea urgente y de obvia resolución.
La Comisión Permanente, en la que están tres legisladores panistas de Yucatán y los priistas Jorge Carlos Ramírez Marín y Cleominio Zoreda Novelo, turnó el documento a la tercera comisión, que es la de Hacienda, afirmó Rosa Adriana Díaz.
Los dos cámaras del Congreso de la Unión están en receso, de ahí que la autoridad recaiga en la Comisión Permanente.
"El punto de acuerdo se va a analizar en la Comisión de Hacienda y la próxima semana debe dictar el resolutivo", indica la diputada panista.
"Espero que los diputados del PRI apoyen esta propuesta, pues fueron los primeros en oponerse a que el Ejecutivo federal aumente los impuestos, como efectivamente no ocurrió.
"Si votan en sentido negativo, sólo demostrarán que son incongruentes, pues el alza de impuestos en Yucatán contrasta con el paquete fiscal 2011 del gobierno federal, que fue acotado en ese sentido.
"Este punto de acuerdo es un primer aviso, pues presentaremos otro en el que pediremos que Hacienda se reúna con los tesoreros de todos los estados para que se analice el asunto de la deuda", anticipa la diputada.
"El contrato de préstamos es generalizado, pero hay entidades que llaman la atención como Yucatán, en el que la deuda se ha disparado y se pretende contraer otra por $2,600 millones.
"Secundamos la postura de los empresarios de que no se contraten los dos nuevos préstamos de $1,300 millones, pues no hay claridad en el manejo de esos recursos, como pasó con los $1,870 millones de 2009".
En relación con la polémica del decreto 367 del Ejecutivo estatal, la diputada Rosa Adriana Díaz coincide en que es ilegal, pues no se apega a las causales de exención que fija el Código Fiscal del Estado, además que ahora sale a relucir que es inconstitucional.
"Eso se debe a que es una ocurrencia más de la gobernadora, por quitarse un golpe se brincó la ley", recalca
.
