(1)En nueve meses de 2010, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) recibió un 47% más de reportes sobre agresiones a mujeres; para esa dependencia esto no se debe a un alza en el número de casos sino a que cada vez son más las mujeres que denuncian los hechos ante las autoridades.
De enero a septiembre de ese año la procuraduría recibió 2,905 reportes de ese tipo, cantidad muy superior a los 1,971 casos atendidos en el mismo lapso de 2009.
Del 70 al 90% de las agresiones fueron cometidas por los cónyuges o compañeros de las mujeres y más del 50% de las violaciones a niñas y mujeres son por familiares de la víctima o por personas cercanas a su hogar.
Para Adelaida Salas Salazar, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en Yucatán no se acabó la violencia contra las mujeres sino que aumentó. Adelaida Salas deploró que a dos años de creada la ley para combatir ese problema no se tiene un observatorio de la violencia social y de género ni una base de datos de mujeres golpeadas o que han sufrido algún tipo de agresión sexual, psicológica, laboral y educativa.
Indicó que, hasta donde sabe, investigadores del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi elaboraron una metodología y las bases para crear el observatorio citado, pero no hallaron en el gobierno estatal y en el Ayuntamiento apoyo para concretar ese plan.
-Infructuosamente intentamos que el Instituto para la Equidad de Género del Estado de Yucatán (IEGY) nos explicara la razón de esa falta de apoyo -agregó-. Ante ello, solicitamos la información por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, y después de tres meses de prórroga recibimos los datos incompletos, previo pago de $503.
Adelaida Salas señaló que hasta ahora la gobernadora Ivonne Ortega no cumple su promesa de crear un "índice de la equidad de género", que permitiría conocer cada tres meses los avances en esa materia. Agregó que ese instrumento no sería necesario si funcionara el observatorio ya mencionado, y la ley del ramo no fuera letra muerta.
También señaló que Doris Candila Echeverría, actual directora de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Mérida, no cumplió su labor cuando en su calidad de diputada presidió la Comisión de Equidad de Género en el Poder Legislativo. "Nunca propició, incidió, procuró ni facilitó o movió dedo alguno para combatir el problema".
Para Adelaida Salas la situación actual en materia de combate a la violencia contra las mujeres es ésta: "Una Ley que no se cumple, un observatorio inexistente, declaraciones sin sustento, derroche desmedido en imagen, nepotismo, favoritismo y el pago de favores".
(1)En Yucatán cada día hay un promedio de 5.4 mujeres que sufre algún tipo de agresión psicológica, verbal o física, y el 82% de éstas ocurre en el hogar. En seis de cada 10 casos el victimario es el cónyuge y en ocasiones se llega al feminicidio. Yucatán ocupa el quinto lugar nacional en cuanto a violencia contra las mujeres, con unos 2,000 casos al año, según cifras oficiales.
Y esto se da a pesar de que esta entidad federativa tiene diversas instancias e instrumentos jurídicos para contrarrestar ese mal social. Hay una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como un Programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Existe también una Norma Oficial de Salud sobre Violencia Familiar y un Sistema Estatal para atender, sancionar y erradicar ese problema. A esos instrumentos jurídicos se suman el trabajo de diversas instancias, como el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), la Casa de la Mujer del Ayuntamiento, el DIF, el Indemaya, el Grupo de Apoyo Por una Vida sin Violencia, las secretarías de Trabajo, Salud y Educación, así como la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la de Equidad de Género del Poder Legislativo.
En noviembre pasado el Ayuntamiento agregó otra instancia a la lista: el Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer, y anunció la creación del Instituto Municipal de la Mujer.
Por si todo lo anterior fuera poco, desde 2008 la gobernadora Ivonne Ortega prometió acabar con el problema: "Ya instruí a mi gabinete para que a partir de hoy se acabe la violencia hacia las mujeres en este Estado. Ya basta de mujeres golpeadas y humilladas, se acabó la violencia en Yucatán", dijo la funcionaria en ese entonces.
La alcaldesa Angélica Araujo Lara hizo algo similar hace tres meses: durante la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, dijo que erradicará la violencia, la marginación y la discriminación que sufren las mujeres en los ramos económico, social, psicológico y familiar.
"A pesar de todo lo anterior, las cosas siguen igual porque no hay una política integral de atención al problema", manifestó la doctora Gina Villagómez Valdez, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en ese tema.
"La violencia no se erradica con la publicación de decretos ni fotos de firmas de convenios", agregó. "A la fecha, los instrumentos jurídicos estatales no han cambiado la situación de las mujeres maltratadas en Yucatán".
La antropóloga Villagómez Valdez considera que el principal obstáculo es que no se ha logrado un trabajo coordinado para incorporar acciones de todas las dependencias relacionadas con ese tipo de violencia. "Esa labor -apuntó la especialista- debería estar a cargo del IEGY, pero a la fecha los resultados han sido pobres".
"Además, las campañas del IEGY han sido limitadas, malas y de poca trascendencia, a pesar del número de los recursos económicos y humanos con que cuenta para sus gastos de operación y programas.
"Son recursos distribuidos a discreción por las autoridades, y sus resultados e impacto no son evaluados objetivamente. En sus informes se presentan cifras alegres de acciones que poco revelan la realidad de muchas mujeres en Mérida y en el interior del Estado. Abundan los cortes de listones y las fotografías de firmas de convenios, pero no se les da seguimiento ni se conoce el beneficio de esos acuerdos en la población femenina.
"Falta crear un Observatorio de Violencia que dé seguimiento a las acciones emprendidas por los diversos órdenes de gobierno".¿Y el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado? , preguntamos."Sus atribuciones se limitan a recomendaciones que muchas veces no trascienden, y las víctimas que piden apoyo quedan a merced de los procedimientos institucionales y legales", respondió.Otras fallas que la entrevistada observa son:-No hay una coordinación entre las dependencias para facilitar la prevención y atención a las víctimas. Cada dependencia hace esfuerzos individuales, pero no establecen acciones conjuntas para agilizar trámites y lograr resultados trascendentes.-Los feminicidios no están tipificados adecuadamente en la ley ni son atendidos integralmente. Los delitos quedan impunes a falta del monitoreo estadístico. Y el gobierno estatal no da seguimiento adecuado a la Norma Oficial de Salud sobre Violencia Familiar. -Los ministerios públicos ponen obstáculos para que las mujeres se sientan acompañadas en sus denuncias por agresiones. Y el Sistema Estatal para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no opera como marca la ley.
La doctora Villagómez Valdez dijo que no todo es negativo, hay casos de éxito. Desde hace ocho años la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia rehabilita a muchas mujeres cuya situación era desesperada. Sin embargo, falta apoyo a ese trabajo. En el trienio pasado fue innegable el impacto positivo de la Casa de la Mujer del Ayuntamiento de Mérida en su lucha contra ese mal social.
