"Parecería que el gobierno del Estado lanzó un desafío a la ley al pagar esas tierras cuando ya se había advertido que era una operación ilegal", indica.
El legislador panista recuerda que en agosto de 2010 interpuso una denuncia por ese caso ante la Secretaría de la Función Pública y que se han realizado otras diligencias para tratar de revertir la operación, por su ilegalidad.
También dice que está enterado de que el gobierno del Estado está realizando gestiones informales, extralegales, en busca de que se liberen los títulos de propiedad de las tierras a su favor, aunque con ello se esté violando la ley.
Renán Barrera tomó de la ex diputada Patricia Gamboa Wong la estafeta de las diligencias jurídicas en el caso de Ucú.
La ex legisladora fue quien planteó las denuncias iniciales, primero ante el presidente Felipe Calderón, para reportar que se estaba parcelando una extensión de 3,000 hectáreas en un procedimiento violatorio de la Ley Agraria.
El artículo 59 de esa ley indica: "Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales".
Un dictamen de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat ratificó la condición de selvas tropicales de la superficie incluida en la transacción: "Con base en el análisis cartográfico de gabinete anterior, se identificó que aproximadamente el 98% de la superficie propuesta a parcelar (parcelas 10 a 20) se encuentran en selva baja caducifolia".
Con base en ese dictamen, Juan Manuel Cedrún Vázquez, director en jefe del Registro Agrario Nacional, reportó en octubre de 2010 que ese órgano desconcentrado "tomó las medidas necesarias para dar cumplimiento al artículo 59 de la Ley Agraria".
Antes, en abril, el consejero jurídico del Ejecutivo del Estado, Sergio Cuevas González, declaró que la compra de tierras ejidales en Ucú por el gobierno no es ilícita, sino una "compra perfecta" que cumplió el procedimiento normal.
En esa ocasión, el consejero indicó que sólo esperaban el envío de los títulos emitidos por el Registro Agrario Nacional para proceder a la escrituración y culminar el procedimiento.
Casi un año después el proceso sigue en la misma situación.
"La Consejería Jurídica no tiene elementos para decir que no hay nada mal en esa operación y que fue una venta perfecta", recalca el diputado Barrera Concha en una entrevista.
"Aquí hay más de 300 millones de pesos que están 'bailando', el gobierno no tiene la posesión legal de esos terrenos. Está claro que se violó el artículo 59 de la Ley Agraria y eso está perfectamente sustentado y documentado.
"Si ese procedimiento hubiera estado bien, como dice el gobierno del Estado, ya se hubieran entregado los títulos de propiedad".
El diputado reitera que sabe de gestiones extralegales que está realizando el Ejecutivo estatal para combatir el dictamen y obtener la escrituración de las tierras, a pesar del reporte que indica que éstas no son susceptibles de venta.
"Es un hecho que se pagaron terrenos sin tener un dictamen previo, lo cual era requisito", apunta.
Gestiones extralegales en el caso de Ucú
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Noticias de Yucatán
(ucú, ilegalidad, despilfarro, desvío)
16 marzo 2011
Consideran que hay un desafío a la ley en el caso de Ucú
En el caso de las tierras de Ucú que pagó el gobierno del Estado sólo hay una realidad: se trata de una superficie que no es susceptible de venta, como ya dictaminó la Semarnat, subraya el diputado local Renán Barrera Concha.
