Mueven a un delegado federal

02 marzo 2011
Noticias de Yucatán

("gobierno federal", despidos, nombramientos, RAN)

2 marzo 2011
Dejan fuera a un funcionario que dio pobres resultados
Por disposición superior, el delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán, Carlos Salim Briceño Ramírez, fue removido de su cargo el viernes pasado.

En su lugar quedó en forma provisional el subdelegado técnico, Fernando Torres, mientras las oficinas centrales del RAN designan al nuevo delegado federal.

Fuentes cercanas a la dependencia informaron que la destitución de Briceño Ramírez fue por los pobres resultados que obtuvo durante los poco más de tres años que dirigió el RAN, por desatención al público, ausencia laboral y porque presuntamente se vinculó por intereses personales con los especuladores de tierras, especialmente con el gobierno del Estado en la regularización de las tierras que compró al Ejido de Ucú.

Briceño Ramírez, como informamos, está en la lista privilegiada de notarios públicos aspirantes, patente que logró durante el gobierno de Patricio Patrón Laviada; incluso el ahora ex delegado federal tenía una relación cercana con los hermanos Patrón Laviada.

Antes de su designación como delegado del RAN, en agosto de 2007, el licenciado Briceño Ramírez trabajó como visitador especial de la Procuraduría de Justicia del Estado.

Uno de los yerros garrafales en que incurrió Briceño Ramírez, como publicamos el 15 de junio de 2010, fue que pasó por alto la vocación forestal de extensa superficie de montes de Ucú que compraron el gobierno del Estado (3,012 hectáreas) y un empresario de Monterrey, identificado como el diputado federal del PRI, Felipe Enríquez, que compró a plazos 581 hectáreas.

Con esa omisión del delegado del RAN, el gobierno estatal inició y estuvo a punto de obtener la titulación de las preciadas tierras; sin embargo, el senador de la República, Hugo Laviada Molina, y la diputada estatal en aquel entonces, Patricia Gamboa Wong, denunciaron dicha omisión y obligaron a Briceño Ramírez a que rectificara su error.

Hasta el momento, el gobierno del Estado y el empresario regiomontano siguen sin tener las escrituras de las tierras ejidales que pretenden.
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