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El presidente del consejo de administración de Urbanos de Mérida es Marco Antonio González Canto, subsecretario de Desarrollo Social y de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno. Por ley está impedido de ser proveedor del Ejecutivo del Estado, pero es el principal beneficiario de los servicios de transporte en el ámbito público.
González Canto aparece como concesionario del transporte urbano de pasajeros junto con otros 30 empresarios, que en total se reparten más de 200 rutas en la capital yucateca.
Como anticipamos ayer, en menos de cuatro años el gobierno le pagó a Urbanos de Mérida más de $52 millones. Estaban pendientes de saldar más de $18 millones.
Con los reportes de pago queda claro que se trata de servicios de acarreo a eventos de la gobernadora u otros actos oficiales. En muchos rubros, de elevadas cantidades, sólo se menciona "arrendamiento de camión de pasajeros", "servicio de transporte" o "servicio de transporte como apoyo que otorga el gobierno del Estado".
Algunos pagos llaman la atención porque son de la misma fecha y, aunque corresponden a cantidades diferentes, son del mismo rubro.
Por ejemplo, de la Secretaría de Logística y Protocolo se reportan egresos del 18 de febrero de 2010 con cantidades que van de $12,500 a más de un millón de pesos.
Entre los conceptos de ese día figuran los siguientes:
-Pago por servicio de transporte de personas "en diferentes eventos presididos por la C. gobernadora": $1.259,772.
-Servicio de transporte de personas, traslado de invitados: $177,200.
-Renta de servicios de autobuses en el mes de enero de 2009 (un año antes del reporte de pago) en eventos y giras de la gobernadora: $200,000.
A continuación, otros conceptos que llaman la atención en los datos, proporcionados por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo por gestiones del ex diputado Orlando Pérez Moguel:
-Con fecha del 7 de agosto de 2009, "pago por servicio de transporte de personas de diversos municipios del interior del Estado por motivo del segundo informe ciudadano de la C. gobernadora": $820,000.
-5 de marzo de 2008, "servicio de transporte de personas, traslado de invitados a la gira de trabajo de la C. gobernadora constitucional del Estado Ivonne Ortega Pacheco": $354,400.
-7 de mayo de 2008, "servicios de transporte para traslado de invitados a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012": $1.208,800.
En nota aparte ofrecemos comentarios de Orlando Pérez. En nuestra edición de mañana abundaremos sobre estos gastos.- Angel Noh Estrada
angelnoh@megamedia.com.mx
@angelovaliant
figuran, en febrero de 2009, como "servicios de transporte de personas de diversas colonias y comisarías de Mérida..."
aparecen en el concepto de "servicio de transporte como apoyo que otorga el gobierno del Estado", el 26 de abril de 2011.
se pagaron, el 26 de septiembre de 2007, por "servicio de transporte el 15 de septiembre", con motivo de la ceremonia del Grito.
figuran, el 15 de julio de 2008, como "servicio de transporte como apoyo del gobierno... a colonos de municipios diversos".
"Esto es una ordeñada de recursos públicos... Presumiría que ni siquiera se hicieron los servicios que se reportan", reitera Pérez Moguel.
"Si con una empresa legalmente establecida se pueden ordeñar recursos de esta manera, imagínense qué se hizo con las compañías fantasmas".
Según considera, en este caso pueden estar implicadas autoridades de mayor nivel que González Canto, pues para pagar más de $52 millones se requieren las firmas de varios directores y del secretario estatal de Hacienda, Juan Ricalde Ramírez.
"A lo mejor la gobernadora sale con que no sabía esto, pero el desconocimiento y la omisión no la eximen de culpa".
Hasta abril de este año, bajo ese concepto se facturó buena parte de los $52.476,955.33 que, como informamos ayer, ha pagado el gobierno del Estado a Urbanos de Mérida, S.A. de C.V.
González Canto, subsecretario de Desarrollo Social y de Asuntos Religiosos, es presidente del consejo de administración de Urbanos de Mérida. La última modificación sobre esta empresa en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio data de 2003, y en ella se puede constatar que el funcionario está al frente.
