Noticias de Yucatán
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Lizette Mimenza Herrera y Rafael Pinzón Miguel, directora y subdirector de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, dicen que con el juicio mercantil que promueve Banco Santander contra la autoridad municipal y la empresa AB&C Leasign se confirman la simulación y la triangulación que representó el contrato de factoraje a favor de la institución bancaria por las luminarias chinas.
Mediante ese contrato, Santander adquirió los derechos de cobro de $468.8 millones por el arrendamiento de las luminarias. Con el visto bueno de la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, el banco podía tomar el dinero directamente de las cuentas “madres” del municipio.
La denuncia de Santander fue notificada al Ayuntamiento anteayer. Pinzón Miguel explica que, por tratarse de un procedimiento mercantil, la diligencia surte efectos 24 horas después y la autoridad dispone de un plazo de 21 días hábiles contados a partir del próximo lunes para responder a la demanda.
“Santander nos está cobrando como si fuera un crédito hipotecario”, indica el abogado Pinzón Miguel. “Dice: ‘no me pagaste, entonces ahora dame todo’. En un arrendamiento, lo que procede es reclamar lo que te deben y la deuda que se vaya generando”.
A partir del lunes, plazo para que la Comuna responda
Lizette Mimenza subraya: “Con esta demanda se confirma que Santander estaba en el grupo que trianguló y simuló una operación que afectó el patrimonio de los meridanos”.
Los funcionarios indican que al comenzar el proceso judicial por las lámparas chinas que instaló la administración anterior habían previsto que, en el peor de los escenarios, sólo pagarían a AB&C Leasing la parte correspondiente a la renta de luminarias que seguían en servicio mientras estaba en marcha el retiro de los aparatos en el alumbrado público.
Incluso, relatan que cuando la arrendataria se negó a aceptar el pago después de los ajustes que hizo la Comuna, por las lámparas inservibles, la autoridad depositó los cheques respectivos en un juzgado y saben que AB&C Lesing los cobró recientemente. (Continuará)
Un banco entra al lío jurídico
Santander también demanda en el caso de las luminaria
De manera súbita, Banco Santander se sumó a la batalla jurídica relacionada con las lámparas chinas al promover un juicio ordinario mercantil contra el municipio de Mérida y la empresa AB&C Leasing.
La medida, de acuerdo con funcionarios del Ayuntamiento, refleja que la institución bancaria no ve bien el rumbo que está tomando el caso para sus intereses y los de AB&C Leasing, empresa que le cedió, mediante un contrato de factoraje, los derechos de cobro por el arrendamiento de las lámparas que fueron retiradas del alumbrado público en esta administración.
La demanda llama la atención no por ser una acción judicial contra la Comuna meridana sino porque el banco también formula una serie de demandas a la arrendadora, a la que en algún momento, en un oficio, llegó a citar como su socia comercial.
El juicio ordinario mercantil fue promovido en la ciudad de México, ante un juez de Distrito en Materia Civil, que por exhorto notificó anteayer jueves a las autoridades municipales.
En síntesis, Santander reclama lo siguiente:
1) Del municipio de Mérida, el reconocimiento “de la plena validez de la cesión de derechos al cobro de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento con opción a compra” celebrado entre el Ayuntamiento y AB&C Leasing, que luego esta empresa transfirió al banco.
También pide el pago de rentas a partir de febrero de 2013, “hasta que se extinga la obligación de pago respectiva”, así como el de intereses moratorios sobre las rentas adeudadas.
2) De AB&C Leasign, Santander demanda el pago de todas las cantidades que el banco le ha entregado por concepto de “precio base” de los contratos de factoraje financiero “base de la acción”.
Este pago, indica la parte demandante, se demanda “como consecuencia de la oposición del municipio a la validez de la transmisión de los derechos de crédito”.
Santander también reclama de AB&C Leasing el pago de los intereses pactados en las referidas operaciones de factoraje a partir de la fecha en que el municipio negó validez a la transmisión de derechos en factoraje.
3) La institución también pide que el juez dictamine que los codemandados “no podrán disponer de las luminarias objeto del arrendamiento sin respetar el gravamen” y reclama de ambos la reparación de daños y perjuicios y el pago de gastos que se originen con motivo de este juicio.
En otro lugar de esta misma página damos cuenta de opiniones de funcionarios de la Dirección de Gobernación del Ayuntamiento sobre el tema.- ÁNGEL NOH ESTRADA
El caso luminarias
Opinión de un diputado
Es claro que la ley permite que una administración municipal denuncie a su antecesora por presuntas irregularidades, pero suponiendo que sea verdad que sólo la Auditoría Superior del Estado pueda hacerlo, según el dicho de la Fiscalía, estaríamos hablando de doble negligencia y no de un error de origen en la denuncia contra Angélica Araujo Lara, advierte el diputado Mauricio Vila Dosal. En un comunicado, dice que es doble negligencia porque la Auditoría Superior ya debió haber concluido la fiscalización de las cuentas de la ex alcaldesa, pero no ha cumplido y se le hace fácil a la Fiscalía tomarlo de pretexto para no darle curso a la denuncia por el presunto desvío de $216 millones.
