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Ernesto Cordero: Ahora le toca a la sociedad actuar
No nos pregunten a los senadores del PAN qué haremos en este caso, mejor preguntemos a la sociedad yucateca qué acciones realizará para evitar este atropello, expresó el legislador Ernesto Cordero Arroyo, aspirante a la presidencia nacional de ese instituto político.
-Preguntemos a los yucatecos qué harán para evitar que sus autoridades, con cinismo, ni siquiera den entrada a una denuncia basada en elementos de peso -añadió el senador.
También expuso que la denuncia contra los ex funcionarios no es un caso más de fraude y mal gobierno, sino que representa “un retroceso democrático brutal” para Mérida, que es el municipio donde, en 1967, hubo por primera vez en el país un Ayuntamiento, encabezado por Víctor Correa Rachó, que rindiera cuentas públicas.
-En Mérida comenzó la práctica de rendición de cuentas en el país, de modo que es inadmisible que después de 47 años haya un retroceso histórico y estos hechos queden impunes.
Si la sociedad local decide actuar al respecto, entonces tendrá el apoyo de todos los senadores panistas, los cuales harían entonces su parte para que no se concrete ese atropello, apuntó.
Cordero Arroyo junto con otros tres legisladores federales panistas arribaron ayer como parte de las actividades en busca del voto de los militantes en la próxima contienda interna para elegir a quien dirigirá a ese partido.
Aprovechando esa visita, Cordero Arroyo participó en una rueda de prensa que ofrecieron sobre las denuncias panistas contra la Comuna anterior.
El senador expuso también que hoy día la población mexicana sufre por los nuevos impuestos que paga a partir de este año en el marco de una economía que no acelera, sino todo lo contrario. Y resulta incongruente que ese esfuerzo adicional no sea correspondido con el buen destino de esas cantidades.
-El dinero que podríamos destinar a nuevas familias tenemos que entregarlo al gobierno vía impuestos -agregó-. Con las empresas ocurre lo mismo, en vez de destinar recursos a mejorar su producción tienen que aportarlos al gobierno.
-Y lo único que justifica dejar a las familias y a las empresas sin ese dinero es que el gobierno tenga una razón de peso para gastar esas cantidades adicionales que recibe. ¿Para qué quiere el gobierno más dinero si este se perderá de la misma forma como ocurre con los $250 millones?
Recordó que los legisladores del PRI y el PRD son los que aprobaron la reforma fiscal y paradójicamente es el PRI el acusado de desaparece esos $250 millones.
Por su parte Hugo Sánchez, presidente estatal del PAN, titubeó antes de afirmar que la ex gobernadora Ivonne Ortega, actual secretaria general del PRI, presiona al gobernador Rolando Zapata para para que no proceda la denuncia del Ayuntamiento.
En su opinión, hay una razón más al respecto: el gobernador es parte de ese grupo priista que protege a los ex funcionarios municipales.
-Rolando Zapata fue coordinador de las campañas electorales de Ivonne Ortega y Angélica Araujo -añadió-. Y durante la administración de la gobernadora él fue secretario general de Gobierno.
-¿Entonces qué nos podemos esperar? Es tapadera de los actos de corrupción.
Hugo Sánchez señaló que el gobernador rendirá pronto su primer informe de gobierno y el lapso que falta para ello es oportunidad para que la población reflexione sobre el trabajo de la actual administración estatal.
Recordó también que desde abril pasado el PAN ha expuesto casos de corrupción del actual gobierno local.
A su vez, Gerardo Bolio, presidente del Comité Municipal del PAN en Mérida, enumeró diversos casos de desvío en los gobiernos de Ivonne Ortega y Angélica Araujo que siguen impunes, lo cual confirma que la Fiscalía está al servicio del Poder Ejecutivo y no de los ciudadanos.
En un comunicado, el diputado federal Raúl Paz Alonzo advirtió que la resolución de la Fiscalía sobre la denuncia de peculado que interpuso el Ayuntamiento contra funcionarios de la administración anterior es preocupante, ya que argumentos jurídicos no bien sustentados se anteponen al interés ciudadano.”Es preocupante que ni siquiera se haya investigado, más aún que se haya notificado de esa decisión al Ayuntamiento en diciembre, ocho meses después de que se interpuso la denuncia. ¿Qué se hizo entonces en todo ese tiempo?”, pregunta el legislador panista.También hace notar que la observación de la fiscal Celia Rivas Rodríguez de que hay un “error de origen” en la denuncia, porque no correspondía al Ayuntamiento denunciar sino a la Auditoría Superior del Estado, origina muchas suspicacias no sólo porque se priva a la autoridad municipal de su legítimo derecho de defender el interés de los meridanos sino porque se sabe que la Auditoría depende del Congreso del Estado, que está dominado por una mayoría priista afín a la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y es el mismo grupo que protege a Angélica Araujo Lara y sus cómplices.Paz Alonzo subraya que un desvío de 240 millones de pesos, monto del quebranto que menciona la Comuna en su acusación, es un claro delito y la Fiscalía está obligada a investigar todo delito. Al no hacerlo, como en este caso, faltó al cumplimiento de una obligación estipulada en la propia Constitución.El diputado federal reitera que más allá de los conceptos jurídicos en torno a este caso no deja de ser lamentable que se deje en indefensión a los meridanos, que son quienes finalmente tienen que pagar los excesos de una administración que se distinguió por el derroche y por la falta de servicios al municipio.- Hansel Vargas Aguilar
En sus propias palabras
Ernesto Cordero Arroyo
“Este no es un caso más de fraude y mal gobierno, sino que representa un retroceso democrático brutal para Mérida, que es el municipio donde, en 1967, hubo por primera vez en el país un Ayuntamiento, el de Víctor Manuel Correa Rachó, que rendiera cuentas públicas.
“En Mérida comenzó la práctica de rendición de cuentas en el país, y es inadmisible que después de 47 años haya un retroceso histórico y estos hechos queden impunes”.
