Los regidores del PRI culminan su ciclo de informes

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“Sospecha” de desvíos

En el tercer y último informe de los regidores del PRI continuaron los señalamientos de presuntas irregularidades, que en estaocasión incluyeron las “sospechas de desvíos de recursos”, por “inflar” los costos de construcción de viviendas.

“Si tengo que ponerle una calificación (al Ayuntamiento) simplemente diría que está reprobado ante el trabajo que realiza en Mérida y sus comisarías”, afirmó ayer Carlos Pavón Flores, presidente estatal del PRI.

Los regidores Alejandra Cerón Grajales y Luis Castillo López fueron los que ayer cerraron el ciclo de informes de los ediles priistas de Mérida, en el Salón de la Mujer de la Casa del Pueblo, donde desde el miércoles pasado se iniciaron estos informes edilicios.

Castillo López afirmó que esta administración municipal actúa con total desapego a la legalidad y sin transparencia, además de carecer de planeación en las políticas públicas del Municipio.

Como prueba de la ilegalidad y opacidad, el regidor recordó el caso del viaje a Europa, de Diana Castillo Laviada, esposa del alcalde Renán Barrera Concha, caso del cual aún no responden a los señalamientos hechos en su oportunidad.

Aumento burocrático

El edil señaló que se registró un crecimiento desmedido de la burocracia al crear dependencias sin objetivos claros, como la Unidad de Planeación de Estrategias, y la Dirección de Turismo, sin programas ni presupuesto.

Castillo López añadió que ante la falta de promoción turística de Mérida, implementó acciones que incluyó apoyos a los trovadores, caleseros y aseadores de calzado, todos estos actores principales de la actividad en la Plaza Principal.

La regidora Alejandra Cerón señaló que el Ayuntamiento tiene en el abandono a las comisarías, y ella realizó diversas gestiones para apoyar a esas comunidades.

La edil denunció que hay sospechas de que esta administración incurre en el desvío de recursos en programas de vivienda, al “inflar” costos hasta en un 132%.

Como ejemplo la regidora citó la construcción de un cuarto para cocina, que en junio de este año, se priorizó con inversión promedio de $52,815.37, y dos meses después, la misma acción tuvo un precio de $105,786.78, es decir, un aumento indiscriminado de más del 100%.

“Que quede claro, no estamos en contra del desarrollo de las comisarías y subcomisarías, votamos en contra de probables prácticas de desvío de recursos públicos, la opacidad en el manejo del erario, la falta de imparcialidad, la imposición de obras que dista mucho de una priorización y precios inflados en obra pública”, precisó.