Aparecen más datos sobre el caso Peniche

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Contratos sospechosos

El priista José Luis Peniche Bates, “uno de los soldados de Ivonne”, como él mismo se consideró, manejó cientos de millones de pesos del erario a discreción, durante su periodo como alcalde de Tizimín (2007-2010), con la ayuda de supuestos empresarios de la construcción, familiares, funcionarios de su gobierno y presuntos proveedores.

Uno de ellos, según las cuentas del alcalde, auditadas por la Contaduría Mayor de Hacienda en 2010, llegó al extremo de cobrar facturas por la venta de materiales de construcción, ¡desde su fábrica en el Estado de México!, lo que supone una candorosa maniobra para inflar costos.

No obstante los cuantiosos desvíos atribuidos a Peniche por la propia CMH -antecesora de la actual Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) el organismo facultado para esa tarea- el ex alcalde se pasea libremente por Mérida y Tizimín debido, al parecer, a la indiferencia de la ASEY, dirigida por René Márquez Arcila -estrechamente vinculado, como ya publicamos, a los grupos políticos de Víctor Cervera Pacheco e Ivonne Ortega- por seguir legalmente su caso.

Socios

Uno de esos supuestos empresarios de la construcción involucrado en los desvíos de Peniche -ya publicamos el nombre de otros- es Jesús Edilberto Pinto Sánchez, en realidad es un contratista de albañiles, a quien el ex funcionario entregó 19 contratos por un monto de $4.382,100, en apenas nueve meses, de octubre de 2008 a julio de 2009.

La CMH revisó esos contratos y descubrió tal número de irregularidades que pidió la restitución de ese dinero a Peniche, aunque éste nunca respondió.

De los recursos entregados a Pinto Sánchez, según copia de la auditoría realizada al ayuntamiento por la CMH, en poder de este periódico, $1.257,873 correspondían al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (federal), invertidos en la construcción de guarniciones y banquetas de la calle 51 por 72 y 66 de Tizimín, entre julio y agosto de 2009, no obstante que la normatividad de ese fondo impide financiar ese tipo de obras.

Nómina fantasma

La CMH también detectó varios contratos a nombre de Pinto Sánchez por $1.714,000, en mayo de 2009, para la construcción de comedores y cocinas populares, que la Contaduría rechazó porque Pinto, muy cercano a los gobiernos del PRI en Tizimín, obtuvo las obras sin licitación y sin presentar presupuesto de la obra, números generadores de estimaciones técnicas, órdenes de trabajo, contratos firmados y actas de entrega-recepción.

Además, Pinto Sánchez recibió $1.236,000 entre octubre y noviembre de 2008, para pagar una supuesta nómina de albañiles contratados para construir las casas del fraccionamiento Benito Juárez, sin tener la autorización del presupuesto de obra por el Cabildo y sin la firma de recibido de los albañiles supuestamente contratados, de modo que quedó la duda sobre si éstos recibieron efectivamente sus pagos, afirma la CMH.

El ayuntamiento de Peniche Bates licitó esas obras, financiadas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en medio de numerosas denuncias de corrupción.

Por ejemplo, tan sólo en el periodo julio-diciembre de 2008 -la construcción del fraccionamiento tardó casi dos años- la Contaduría detectó otras irregularidades, como el pago de $1.468,830 a favor de Zully Magaly López Rosas por la compra de materiales de construcción. Este organismo rechazó ese pago “porque es una obra por administración y el constructor que adquirió esos materiales no envió la descripción de los trabajos, ni los proyectos”.

Informes recabados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, confirman que esta persona física, que poco después se convirtió en Grupo Kiboza, tenía su domicilio ¡en Toluca, Estado de México!, desde donde surtía el material de construcción para Tizimín.

Por cierto, de acuerdo con los reportes de Central 9, éste no fue el único proveedor de esa entidad en la administración tizimileña ese año. En enero de 2008, Peniche Bates alquiló diez camionetas a la empresa Casanova Rent, de Coacalco, para el traslado de funcionarios en la fiesta de Reyes. Los regidores de oposición criticaron la medida ya que, dijeron, no se justifica y menos con una empresa del centro del país.

Descaro

Respecto al fraccionamiento Benito Juárez, la CMH también detectó pagos por $309,209, en el segundo semestre de 2008, a favor del supuesto contratista de albañiles José Saulo Ocón Serrano, para liquidar la nómina del 20 al 26 de octubre de 2008, que la Contaduría Mayor rechazó por no tener autorización del Cabildo ni pruebas de su realización.

Este fraccionamiento era parte del programa “Esta es tu casa”, de la Conavi, levantado para beneficiar a policías y madres solteras, según Peniche Bates, aunque los vecinos del lugar denunciaron que sólo era un “negocio superredondo” del funcionario, su familia y sus amigos. Continuará.-HERNÁN CASARES CÁMARA

Tizimín | Mina de oro

Red familiar

El fraccionamiento Benito Juárez fue una “mina de oro” para los cercanos a José Luis Peniche Bates. Según los archivos del Diario, los vecinos denunciaron que su hermano Lázaro, dueño de una maderería en Mérida, vendió las puertas de las casas; su sobrino, las ventanas y el propio alcalde, el terreno, al triple de su precio.

Supernegocio

“Negocio superredondo”, dijeron algunos vecinos del fraccionamiento a nuestro corresponsal en 2010, porque Peniche entregó las viviendas en $20,000 o $30,000 a sus allegados y éstos las revendieron en $150,000 o más.

El poder de Zelmy

Entre esos allegados estaba Zelmy Fernández Virgilio, la poderosa e influyente secretaria particular de Peniche Bates, acusada de prepotencia y malversación de fondos. Esta misma persona, según la Contaduría Mayor, era también como proveedora del ayuntamiento, ya que rentó el local “La Palapa de Hayette” en varias ocasiones, para “reuniones de trabajo con los medios de comunicación”. Por ese servicio recibió varios pagos de la cuenta Bancomer 163609820, que la CMH rechazó porque la poderosa secretaria no expidió comprobantes fiscales.