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MÉRIDA, Yucatán.- Un millón de pesos de recursos del erario público siguen al aire, sin que la Dirección de la Contraloría Municipal de esta ciudad explique diversas anomalías detectadas por regidores del PRI.
Se trata de recursos otorgados por la Comuna meridana, desde julio de 2013, mediante créditos del programa Mi Primer Inventario, de los cuales se desconoce qué destino tuvieron debido a que ninguno de los beneficiarios cumplía con los requisitos.
Las personas que fueron beneficiadas, recibieron créditos hasta por un monto de 20 mil pesos, que pagarían a 24 meses con una tasa moratoria fija del 12 % anual sobre amortización vencida no pagada.
El objetivo del programa fue erradicar el comercio informal instalado en el Centro Histórico de la ciudad y para ello el 5 de abril de 2013 el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco-Servytur).
La Canaco-Servytur, organismo que ha mantenido una afinidad con el Ayuntamiento de Renán Barrera Concha, se convirtió en el facilitador para que los futuros comerciantes pudieran establecerse de manera formal.
El 22 de julio de 2013, los regidores del PRI, encabezados por Jorge Dogre Oramas -pues su equipo realizó las investigaciones del caso- presentaron ante la Contraloría Municipal un recurso para abrir una investigación, dado que se había detectado que 43 de los 70 beneficiarios habían aportado información falsa o errónea.
Prácticamente, los beneficiarios no eran ambulantes y además, en muchos de los casos, los créditos fueron destinados por las personas a diversas actividades distintas a las pactadas.
En ese recurso, los regidores pidieron que los funcionarios Luis Felipe Riancho Cámara y José Collado Soberanis, Director de Desarrollo Económico y Subdirector de Mercados, respectivamente, expliquen si hubo omisión en sus tareas de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, e imparcialidad en la aplicación del programa oficial.
A Collado Soberanis -en ese entonces funcionario público-, y actualmente coordinador de la campaña del candidato a diputado federal del PAN por el III distrito, César Bojórquez Zapata, se le pidió que aclare cuáles fueron los requisitos que cumplieron todos y cada uno de los solicitantes de créditos.
En el caso particular de Riancho Cámara, se pidió que explique la forma o método por el cual se cercioró de la veracidad de la información vertida por todos y cada uno de los solicitantes de los créditos.
De acuerdo con el regidor priista Jorge Dogre Oramas, se trata de una presunta red de corrupción al interior del Ayuntamiento, toda vez que la entrega de más de un millón de pesos del erario público se dio sin control alguno para combatir el comercio informal callejero.
Hasta ahora, la Contralora Municipal Yazmín Castillo Ojeda, en vez de realizar la investigación necesaria y suficiente para esclarecer esa anomalía, se ha dedicado a encubrir las irregularidades en el mencionado programa.- (Boletín de prensa)
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