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La ex alcaldesa dio $3 millones por caso del ISAI
La administración de la ex alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, pagó tres millones de pesos, al final de su gestión, a las personas que demandaron al Ayuntamiento por el cobro ilegal, según ellos, del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), pero nunca informó del pago, ni emprendió alguna acción jurídica para frenarlo, afirma la síndico de la Comuna, Lízbeth Estrada Osorio.
Ayer informamos que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado sentenció a la Comuna meridana a pagar casi $28 millones a un grupo de particulares que reclamaron la devolución de ese impuesto, por haber sido cobrado con base a una ley anticonstitucional.
Los demandantes reclamaron la devolución del ISAI pagado hasta antes de 2012. El Tribunal falló a su favor y dictó varias sentencias.
La primera se ejecutó en 2011, recuerda la síndico, al final de la gestión de Araujo Lara, por un monto de tres millones de pesos, quedando pendientes otras por $27,726,000.
Araujo Lara, añade, no hizo nada para evitar el pago y defender los intereses de la ciudad y tampoco dio a conocer el hecho.
Barrera Concha, por el contrario, cambio la Ley de Hacienda lo antes posible e interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, que no prosperó. Luego propuso al Cabildo pagar la sentencia en mensualidades de $250,000 a diez años, pero los regidores del PRI se opusieron.
El actual alcalde ha hecho todo lo posible para no dañar el patrimonio de los meridanos, pero no ha podido ante los criterios del Tribunal, “cuya rapidez para ejecutar la sentencia, llama la atención”, dice la síndico.
El jueves, por ejemplo, una actuaria del Tribunal se apersonó en la Tesorería del Ayuntamiento para cobrar $19,718,959. Se le indicó que la Comuna no disponía de ese dinero, por lo que la actuaria pidió se le señalaran, para embargo, los predios que cubran esa cantidad y para eso dio ¡cinco minutos!, dice la licenciada Estrada Osorio, “en una conducta inusual y arbitraria”.
Finalmente la Comuna tardó 40 minutos para señalar 130 predios (no 115 como informamos ayer).
Pero insisto, indica la síndico, llama mucho la atención esta conducta “sorpresiva y expedita” del Tribunal, que contrasta con la lentitud con la que atiende las demandas de los ciudadanos por la instalación ilegal de gasolineras. Este mismo tribunal, por cierto, es quien tiene a su cargo el caso de la luminarias.
Para la licenciada Estrada Osorio, la decisión del Tribunal es, además, arbitraria e injusta, porque no guarda el precepto de que el interés general debe prevalecer sobre el particular. “Eso da mucho qué pensar”, dice.
La síndico también se muestra preocupada por la posibilidad de que el Tribunal rechace los predios ofrecidos y ordene el embargo de las cuentas del Ayuntamiento.—HERNÁN CASARES CÁMARA
Comuna Riesgo
Lízbeth Estrada Osorio alerta sobre posible embargo de las cuentas de la Comuna.
¿Capacidad?
La síndica dice que sobre el caso del ISAI, el Tribunal analiza las finanzas municipales —que son públicas, las difundimos cada mes— y detecta $200 millones en bancos, como diciendo: hay capacidad para pagar en efectivo.
Termómetro
“Lo que el Tribunal no sabe es que ese dinero ya está comprometido o son recursos federales etiquetados, pero dada la fragilidad del sistema legal, no me extrañaría que ordene el embargo de las cuentas”.
Ante esta situación, recomendamos a los ciudadanos informarse lo más posible del caso y valor la forma de actuar de las autoridades. “Las próximas elecciones serán un termómetro para hacer esa valoración”.
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