Noticias de Yucatán
Reporteros sin fronteras
Las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado –incluso de las autoridades corruptas– son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de información.
La elección de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México en 2012 –que marcó el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y puso fin a la ofensiva federal emprendida bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012)– no cambió en nada la situación de la libertad de información en el país.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido. Asimismo, ciertos medios de comunicación frecuentemente son blanco de ataques armados y de amenazas, en especial en el norte del país. ¿Quiénes están detrás de estas intimidaciones? Los cárteles de la droga, que se preocupan por hacer callar a los periodistas y blogueros que informan sobre las actividades del crimen organizado y la violencia ligada a ellas.
Las intimidaciones también provienen de las autoridades federales y estatales. A inicios del año 2013, en San Luis Potosí, varios periodistas del diario Pulso fueron víctimas de una “campaña de odio anónimo” en las redes sociales, atribuida al Gobierno del Estado, tras la publicación de textos “incómodos” para el gobierno. A las intimidaciones, se suma el hecho de que en 2013 el gobierno federal habría establecido un acuerdo con algunos gobiernos estatales para que no se divulgue información sobre hechos de violencia, con el objetivo de reducir el sentimiento de inseguridad general.
La impunidad sigue siendo la regla en la inmensa mayoría de los casos de asesinato y de desapariciones. Las investigaciones con frecuencia se cierran de prisa o se frenan debido a la lentitud burocrática. La impunidad también se explica por la colusión entre el crimen organizado y las autoridades políticas y administrativas –a menudo corruptas y en las que incluso se han infiltrado los cárteles– a todos los niveles.
Este clima de violencia e impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las amenazas que enfrentan ellos y, con frecuencia, sus familias. Numerosos medios de comunicación han renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas, de allí un clima de autocensura perjudicial para la libertad de información. Las redes sociales se han convertido en ocasiones en las únicas fuentes de información sobre los estragos ligados a los cárteles de la droga, que no dudan en tomar como blanco a los blogueros que intentan romper la espiral de silencio.
En el plano jurídico, en febrero de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión. Desde entonces, su trabajo sólo ha dado como resultado una condena. En 2012 el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que permitía a las autoridades federales atraer bajo su jurisdicción los crímenes y delitos que atentan contra la libertad de informar o el ejercicio del periodismo. Esta reforma permitió la creación del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de defensores de los derechos humanos, que sigue siendo criticado por sus deficiencias.
¿Uno de los raros avances? La despenalización de los delitos de prensa a nivel federal, promulgada en 2007.
Finalmente, existen lazos muy fuertes entre las autoridades y los medios de comunicación que son perjudiciales para la independencia y la transparencia de estos últimos. El paisaje mediático mexicano también se caracteriza por su falta de pluralismo, ya que Televisa y TV-Azteca poseen 90% de las concesiones de televisión abierta (gratuita) y de paga. Respecto a las numerosas radios comunitarias, a menudo siguen careciendo de una frecuencia legal (licencia para transmitir) y sufren persecuciones.
