La aeronave aterrizó cerca de las 2 horas de ayer, procedente de Dallas, Texas, donde se realizaron las últimas pruebas y ajustes.
La compra fue polémica, primero por lo oneroso y, segundo, porque para su integración a la flota presidencial debió construirse un nuevo hangar en el AICM que se contrató por un monto de 1,000 millones de pesos a una de las empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista del peñismo, quien es propietario de Grupo Higa, conocido por ser el constructor y financiero de las casas de la primera dama, Angélica Rivera, y del secretario de Hacienda Luis Videgaray, respectivamente.
De hecho, el arribo del avión presidencial fue programado originalmente para el 18 de diciembre, pero debido al retraso en las obras del hangar, su llegada se pospuso mes y medio, tiempo en el que se realizaron diferentes pruebas y se acumularon horas vuelo para valorar su funcionamiento.
Encargado por el gobierno de Felipe Calderón, el nuevo avión, que ha sido llamado “José María Morelos y Pavón”, sustituirá al actual TP-01 “Presidente Juárez”, un Boeing 757-225 en operaciones desde 1988, cuando fue comprado por el gobierno de Miguel de la Madrid.
La sustitución del TP-01 se decidió después del accidente en el que murió el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, el 11 de noviembre de 2011, cuando el helicóptero en que viajaba se desplomó. El asunto motivó un análisis de seguridad que habría concluido en la renovación de varias de las aeronaves del gobierno.
El pasado 14 de enero, la Presidencia de la República emitió una nota informativa en la que detalló las conclusiones de la mencionada consultora.
La justificación de la Presidencia de la República –después de un supuesto análisis contratado a la consultora especializada Ascend FligthGlobal— es que el Boeing 757 es viejo y está deteriorado, su producción fue descontinuada, lo que dificulta la adquisición de refacciones y, por sus emisiones contaminantes, ya no puede aterrizar en algunos aeropuertos internacionales como si lo hará el Dreamliner 787-8.
Entre las ventajas argumentadas por la Presidencia destaca que el nuevo avión tiene espacio para más pasajeros, es más seguro según el análisis del Estado Mayor Presidencial y la Fuerza Aérea, y permite una mayor distancia en vuelos trascontinentales sin necesidad de reabastecerse de combustible.
La misma consultora recomendó conservar el avión presidencial, luego de que el año pasado el gobierno de Peña Nieto encargara un análisis de la compra, porque venderlo implicaría una perdida de 58% de su costo.
Desde el 14 de enero hasta esta mañana, la Presidencia de la República no ha difundido información sobre el arribo de la nueva aeronave, que en las próximas dos semanas se destinará al entrenamiento y capacitación tanto de la tripulación como del personal de tierra.
