A la familia Triay, como al Tribunal Segundo de Juicio Oral, nos asiste una Duda Razonable: A nosotros, sobre quién no cumplió con su trabajo, y a ellos sobre si Enrique Lara González participó en el homicidio del doctor Felipe Triay Peniche junto con Pablo Santos García Gutiérrez, al que declaró culpable.
La Fiscalía General del Estado, representante social de los yucatecos, tuvo dos años para integrar la carpeta de investigación y aportó más de 150 pruebas en contra de ambos inculpados, psiquiatras los dos, a quienes acusó del homicidio más sangriento de que tengamos memoria. Durante dos años destinó personal exclusivo para llevar el caso y contó con todos los recursos necesarios para apoyarse.
En breve ceremonia de media hora, el Tribunal que encabeza la Lic. Verónica de Jesús Burgos Pérez condenó por unanimidad a Pablo Santos –el 31 le dictará sentencia- pero dejó en libertad inmediata a Enrique Lara, no porque éste fuera inocente, sino porque le asistía la duda sobre su culpabilidad.
Si el Tribunal tiene razón en su resolución, la Fiscalía hizo mal su trabajo y tenemos una Duda Razonable: ¿Lo hizo por ignorancia o por perversidad? Por cualquiera de ambas causas vale la pena preguntarnos en manos de quién estamos los yucatecos, y el Gobierno del Estado tendrá que integrarla al proyecto Escudo Yucatán para que reciba capacitación y formación sobre integridad y derechos humanos.
Y ya sea por una u otra, por ignorancia o perversidad, habrá que llamar a cuentas a la licenciada Celia Rivas, actual presidenta del Congreso, bajo cuya responsabilidad se integró la carpeta de investigación para que nos informe a que obedeció su decisión de inculpar a una persona de la que no tenía pruebas suficientes y contundentes.
En la relatoría que hizo el Tribunal sobre las razones de su fallo adverso a Pablo Santos, no incluyó en ningún momento las pruebas que parecían más determinantes, físicas y científicas, halladas en el departamento del asesino y tenemos la Duda Razonable sobre si no las tomó en cuenta porque la orden de cateo tenía un fallo técnico, una dirección que no correspondía al número del predio. Si esto es así, menudo Poder Judicial nos asiste.
El propio Tribunal admitió que con la tarjeta del doctor Triay se compraron unos aires acondicionados cuyas cajas utilizó Pablo Santos para depositar el cadáver mutilado de la víctima, pero no hizo mención de quién realizó la compra que, de acuerdo con dos de los testigos, empleados de la tienda, la hizo Enrique Lara.
Sobre esto último tenemos otra Duda Razonable: ¿Mintieron los testigos o el Tribunal hizo caso omiso porque estuvo mal integrada la acusación o porque necesitaba callar para favorecer a Enrique, en obediencia a alguien o a algo?.
Y también tenemos una Duda Razonable porque tampoco mencionó el Tribunal la acusación de la Fiscalía sobre la noche del 15 de agosto de 2,014 cuando, como declaró la encargada del estacionamiento de la Clínica CEM, Enrique fue por la camioneta de Felipe quien momentos antes había abordado en el Hyatt el auto de Pablo Santos para ir a donde le dieron muerte.
¿Mintió la testigo, mintieron todos los psiquiatras que acudieron para atestiguar sobre el vídeo que muestra a Enrique Lara entrando al estacionamiento mencionado, o el Tribunal no lo tomó en cuenta porque necesita callar sabe Dios por qué?
¿Será que no había pruebas suficientes en contra de Lara o debemos manifestar, como días antes lo hizo un alto funcionario de la Justicia en el Estado: fue un montaje mal hecho?
De nuevo la Duda Razonable: ¿En qué manos depositó el gobernador Rolando Zapata Bello Escudo Yucatán, saldrá la presidenta del Congreso a defender su trabajo anterior, para que nadie dude de su capacidad o de su autoridad moral?
¿Qué motivó la Duda Razonable de los juzgadores: será que hubo, como suele ocurrir en nuestro país, una mano negra oficial o económica que los obligó, convenció o motivó a decretar la libertad de Enrique, o es que de verdad valoran más tener un culpable en la calle que un inocente en la cárcel? No lo podremos saber, pero nos asiste una Duda Razonable.
Desde el inicio mismo de esta investigación la familia Triay fue clara en su solicitud: queremos AL culpable, no a UN culpable. Si luego de estas y otras consideraciones el señor Lara es inocente, estará en su derecho de actuar como a Derecho le corresponda para que le sea resarcido el daño que le hayan infligido, aunque quizá el trato para su liberación incluya su silencio. Nosotros seguiremos también los pasos que la ley nos permita pero, la verdad, tenemos una Duda Razoble sobre lo justo de la justicia. Ya vimos en manos de quién estamos. La Vieja Guardia.
