Los malos manejos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Yucatán facilitaron que un mismo inmueble fuera vendido dos veces, de manera fraudulenta. La operación del fraude corrió a cargo de la consejera presidenta del Instituto de Transparencia de Yucatán, Susana Aguilar Covarrubias, y su esposo, David Abraham Achach.
En poder de El Economista, hay documentos que demuestran que Susana Aguilar y su cónyuge vendieron el inmueble de 6.3 hectáreas, propiedad del Instituto Patria el 25 de abril del 2016 y volvieron a enajenarlo el 14 de julio del 2016. El precio de este bien raíz es aproximado a los 15 millones de dólares.
El Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Yucatán fue clave en la consumación de este fraude, pues permitió la validación de documentación apócrifa. La segunda venta fue inscrita durante un fin de semana en circunstancias de opacidad.
La consumación del fraude implicó la cancelación de los documentos que daban aviso definitivo de la operación de compraventa hecha el 25 de abril. Para hacer esto se sacó del escenario al notario que había realizado esa operación y se utilizaron los servicios de un notario a modo. Se trata de Mario Enrique Montejo, notario número 74 de Yucatán.
El cerebro y principal operador del fraude fue David Abraham Achach, que ha tejido una red mafiosa dentro del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Yucatán. En esto es clave la relación de su esposa Susana Aguilar Covarrubias con la directora del registro, Celia María Octubre Maldonado. Ellas fueron compañeras de escuela y han cultivado su amistad en el contexto de sus carreras en el servicio público.
Los hechos ocurridos “son graves porque producen incertidumbre jurídica y vulneran los derechos de las personas y las empresas”, afirmó el notario Juan 
José Aguilera, quien representa a uno de los afectados por este fraude.
Es de suma importancia para los empresarios contar con un registro público que sea totalmente transparente en su forma de operar, dijo a este diario el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán. La paradoja es que la falta de transparencia en este organismo tenga como protagonista y beneficiaria a la presidenta del Instituto de Transparencia de Yucatán, Susana Aguilar.El fraude fue posible por retoque del expediente en el Registro Público de la Propiedad del estado.
