El juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral de Poder Judicial del Estado, Luis Edwin Mugarte Guerrero, celebró la continuación de la audiencia inicial que comenzó el pasado 20 de marzo con la imputación del delito a Martín Medina Sonda quien se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social de Tabasco, por lo que el imputado ha participado en las audiencias que se realizan en Mérida desde el juzgado de control de Tabasco, por medio de videoconferencia.
En la audiencia que se celebró hoy simultáneamente en dos salas, en la sala 2 del CJOM y en una sala de oralidad del juzgado de control del Poder Judicial del Estado de Tabasco, el imputado, asesorado por su defensor particular, decidió declarar ante el juez de control de los hechos que se le atribuyen.
En su declaración, el imputado dijo que no realizó ninguna llamada ni depositó dinero en alguna cuenta bancaria por estar recluido en el centro de reinserción de Tabasco desde 2014 por un proceso diferente, así como rechazó la afirmación de la Fiscalía de que haya tratado de establecer o reestablecer la relación de pareja que tenía con la hoy víctima. Su defensor ofertó dos pruebas documentales para sustentar el dicho de su defendido y en su oportunidad, solicitó la no vinculación a proceso.
Por su parte, la Fiscalía, al solicitar al juez la vinculación a proceso, expuso los datos de prueba que obran en su carpeta de investigación.
Después del debate, el juez de control encontró que los datos mencionados por los fiscales fueron suficientes para tener por demostrado la existencia de un delito y la probabilidad de la participación del imputado en la comisión del mismo, por lo que lo vinculó a proceso penal, con lo que se da por cerrada la fase inicial de este proceso, para dar paso a un periodo en el que la Fiscalía estatal debe continuar la investigación y cerrarla.
Seguidamente y después del debate, el juez Mugarte Guerrero prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en la audiencia anterior al imputado por el plazo de un año y concedió cuatro meses para que la fiscalía cierre su investigación.
Por último, el imputado revocó a sus defensores particulares, sin embargo, quedaron a salvo sus derechos ya que cuenta con una defensora pública que estuvo asesorándolo en Tabasco.
El juez señaló en la audiencia pública que el imputado tiene el derecho de apelar la resolución de vinculación o bien solicitar un amparo, ante las autoridades correspondientes.
