Noticias de Yucatán
Ciudad de México |
Desinformémonos. Diversas organizaciones defensoras del
medio ambiente presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) por la ineficiencia de las leyes que regulan
las descargas de contaminantes en los ríos, lagos y otros cuerpos de agua en
México, así como por su debilidad y falta de aplicación.
De acuerdo con datos ofrecidos por los estudios sobre la
contaminación del agua en México, por lo menos ocho de cada diez ríos están
contaminados. “Las autoridades no se atreven a tocar a las industrias que están
contaminando los cuerpos de agua del país”, aseguró Elena Burns, de la
Coordinadora Agua para Tod@s.
Como parte de la campaña “El río suena”, cuyo objetivo es
visibilizar el problema de la contaminación del agua en el país, las
organizaciones explicaron que la norma que contempla las descargas de residuos
únicamente regula 20 parámetros de contaminación y deja sin regulación una gran
variedad de sustancias tóxicas, y particularmente las que son utilizadas y
desechadas por las industrias.
Por otra parte, la investigadora del Colectivo Ecologista
de Jalisco, Cindy McCulling, declaró que “pareciera que el sistema nacional
estuviera hecho para no funcionar”, pues desde el 2007 se ha estudiado la
urgencia de modificar la norma, pero “no hay voluntad política para emitir las
regulaciones necesarias para proteger los ecosistemas acuáticos y la salud
humana”.
En la denuncia, presentada por el Colectivo Ecologista de
Jalisco, del Instituto de Derecho Ambiental y de la Coordinadora Agua para
Tod@s-Aguas, se hace referencia a un reporte de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el que se señala que la norma “tiene un
efecto nulo” y que “no se cumple, lo que representa la libre descarga de
contaminantes”.
La denuncia enfatiza, además, que la norma se incluyó
desde el 2007 en el Programa Nacional de Normalización (PNN) para su
modificación, pero no se ha publicado un anteproyecto en el Diario Oficial de
la Federación.
Los parámetros y límites “han quedado rezagados frente a
las necesidades de protección de los cuerpos de agua del país”, apunta el mismo
PNN respecto a la norma. Sin embargo, las leyes permanecen iguales.
