Noticias de Yucatán
Se actualiza el adagio de que no siempre lo legal es justo
Dos recientes fallos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos ponen a reflexionar ¿qué está pasando con nuestro sistema de justicia?
El primer fallo adverso a los meridanos fue emitido por los ministros de la SCJN a finales de mayo pasado, cuando, a pesar de que mayoritariamente se votó contra las reformas a la Ley de Transporte de Yucatán, por un tecnicismo legal, no pudo declararse anticonstitucional y por tanto, quedó vigente algo que en la realidad es ABSOLUTAMENTE INJUSTO.
Entre los ministros que estuvieron contra las reformas rolandistas señalaron que la norma combatida afectaban gravemente la libre competencia y obligaba a los usuarios del transporte a tener un Uber un servicio de élite, con las exigencias de que sean autos con valor superior a los $200,000 y que sólo se pueda cobrar con tarjeta y no en efectivo.
Fue un fallo legal porque la ley establece que para que una norma sea declarada anticonstiucional se requieren por lo menos ocho votos de los ministros. Insistimos fue una votación mayoritaria en contra de esa norma, pero no alcanzó esa mayoría exigida en la ley. Con el agravante de que a las sesiones correspondientes sólo asistieron 9 de los 11 ministros, de modo que bastaba con que dos se opusieron para que fragüe lo legal pero también injusto.
La consecuencia: Se dio beneficio a un reducido grupo de taxistas afines al PRI-Gobierno y se afectó el interés de miles de meridanos que están contentos con el servicio que proporciona Uber.
Se privilegió un interés de grupo por encima del interés de toda una colectividad.
El caso de las luminarias y ABC&Leasing
Ayer, nuevamente la Suprema Corte fallé contra los intereses de los meridanos, al sostener una sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Mérida a pagar alrededor de $280 millones a una empresa regiomontana, por un servicio que, todos sabemos, era extremadamente defectuoso.
La empresa ABC&Leasing, mediante contrato con la ex alcaldesa priista, Angélica Araujo Lara, instaló en Mérida alrededor de 85,000 lámparas que no eran las adecuadas para la ciudad. De tener un alumbrado de primera calidad, los ciudadanos fuimos testigos de cómo quedamos en las penumbras.
Nuevamente recurrimos a los conceptos de legalidad y de justicia: es posible que la decisión haya sido apegada a la legalidad, pero está por demás decir que es ABSOLUTAMENTE INJUSTA.
Injusto porque los meridanos vamos a tener que por un "servicio basura".
En ambos casos hay un denominados común: gobiernos priistas.
Hasta el día de hoy, casi seis años después de que la señora Araujo dejó de ser alcaldesa y seguimos padeciendo las consecuencias de sus malas decisiones.
La consecuencia: Se dio beneficio a una empresa y afecta el interés de miles de meridanos, que ahora vamos a tener que pagar algo por culpa de un contrato legal, pero injusto.
Se privilegió el interés de un empresa foránea por encima del interés social.
Se actualiza el adagio de que no siempre lo legal es justo
El primer fallo adverso a los meridanos fue emitido por los ministros de la SCJN a finales de mayo pasado, cuando, a pesar de que mayoritariamente se votó contra las reformas a la Ley de Transporte de Yucatán, por un tecnicismo legal, no pudo declararse anticonstitucional y por tanto, quedó vigente algo que en la realidad es ABSOLUTAMENTE INJUSTO.
Entre los ministros que estuvieron contra las reformas rolandistas señalaron que la norma combatida afectaban gravemente la libre competencia y obligaba a los usuarios del transporte a tener un Uber un servicio de élite, con las exigencias de que sean autos con valor superior a los $200,000 y que sólo se pueda cobrar con tarjeta y no en efectivo.
Fue un fallo legal porque la ley establece que para que una norma sea declarada anticonstiucional se requieren por lo menos ocho votos de los ministros. Insistimos fue una votación mayoritaria en contra de esa norma, pero no alcanzó esa mayoría exigida en la ley. Con el agravante de que a las sesiones correspondientes sólo asistieron 9 de los 11 ministros, de modo que bastaba con que dos se opusieron para que fragüe lo legal pero también injusto.
La consecuencia: Se dio beneficio a un reducido grupo de taxistas afines al PRI-Gobierno y se afectó el interés de miles de meridanos que están contentos con el servicio que proporciona Uber.
Se privilegió un interés de grupo por encima del interés de toda una colectividad.
El caso de las luminarias y ABC&Leasing
Ayer, nuevamente la Suprema Corte fallé contra los intereses de los meridanos, al sostener una sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Mérida a pagar alrededor de $280 millones a una empresa regiomontana, por un servicio que, todos sabemos, era extremadamente defectuoso.
La empresa ABC&Leasing, mediante contrato con la ex alcaldesa priista, Angélica Araujo Lara, instaló en Mérida alrededor de 85,000 lámparas que no eran las adecuadas para la ciudad. De tener un alumbrado de primera calidad, los ciudadanos fuimos testigos de cómo quedamos en las penumbras.
Nuevamente recurrimos a los conceptos de legalidad y de justicia: es posible que la decisión haya sido apegada a la legalidad, pero está por demás decir que es ABSOLUTAMENTE INJUSTA.
Injusto porque los meridanos vamos a tener que por un "servicio basura".
En ambos casos hay un denominados común: gobiernos priistas.
Hasta el día de hoy, casi seis años después de que la señora Araujo dejó de ser alcaldesa y seguimos padeciendo las consecuencias de sus malas decisiones.
La consecuencia: Se dio beneficio a una empresa y afecta el interés de miles de meridanos, que ahora vamos a tener que pagar algo por culpa de un contrato legal, pero injusto.
Se privilegió el interés de un empresa foránea por encima del interés social.
