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El pleno del Congreso debatió este martes la toma en consideración una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para reformar el Código Penal y despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, aunque la votación no se hará hasta este jueves. La iniciativa será apoyada por la mayoría de la oposición en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Con todo, el camino de la tramitación de esta práctica puede ser, además de largo, tortuoso.
Hasta 16 intentos anteriores de regular la eutanasia y el suicidio asistido en el Congreso ha contado la diputada del PSC Assumpta Escarp, pero siempre eran rechazados a las primeras de cambio. Esta vez la minoría del PP va a permitir que, por lo menos, se debata. Escarp, diputada en el Parlament con Alba Vergés (ERC) y Marta Ribas (Catalunya En Comú Podem), se desplazaron a Madrid para defender la propuesta.
La iniciativa llega por una proposición de ley aprobada por el Parlament en julio de 2017 para modificar el Código Penal que establece que “quedará exento de responsabilidad penal” quien cause los actos necesarios para “la muerte segura, pacífica y sin dolor” de una persona que padezca “una enfermedad grave que le conducirá necesariamente a la muerte o una patología incurable que le provoca un sufrimiento físico o psíquico grave y que se prevé que sea permanente”.
Y añade: “Dentro del marco legal establecido”. Y es aquí donde se da la conjunción con la proposición de ley que ha presentado el PSOE el 3 de mayo y que, además del cambio en el Código Penal, establece las condiciones como quién puede pedir la eutanasia o ayuda médica para suicidarse, cómo tiene que hacerlo y de qué manera se controlará el proceso.
Ha sido el cambio del PSOE, que hace 15 meses se abstuvo en una votación de la propuesta de IU Podemos para legalizar estas prácticas, la que ha permitido que la Cámara vaya a debatir por primera vez el detalle de estas regulaciones. Marta Sibina Camps, del grupo de Iglesias, se encargó de criticar la pérdida de tiempo al rechazar su iniciativa, que tiene las líneas generales muy parecidas a la del PSOE —ella dijo que eran casi calcadas—. “En este tiempo ha habido gente sufriendo”, reprochó.
Los argumentos a favor de la propuesta de ERC, PNV, PSOE, IU-Podemos y PDeCAT coincidieron en defender el derecho a decidir por parte de una persona sobre su final. “La vida impuesta contra la voluntad nunca puede ser un bien jurídicamente protegido”, resaltó Ester Capella, de ERC. “El Estado no puede imponer vivir contra la libertad de su titular”, añadió.
Aparte de menciones a Luis Montes, el médico fallecido el 19 de abril que abanderó la lucha por la muerte digna y la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) —varios de cuyos miembros estaban en la tribuna de invitados—, las mayores apelaciones de los portavoces fueron a Ciudadanos. Ya en septiembre de 2015, un representante del partido, Daniel Álvarez, en un debate organizado por DMD, manifestó su indefinición al respecto. Este martes, su portavoz, Francisco Igea, volvió a confirmar su abstención al respecto. A cambio, Igea se escudó en que ya se está tramitando en el Congreso una ley centrada en los cuidados paliativos.
Esta misma propuesta fue la que utilizó la representante del PP, Pilar Cortés, como alternativa. “Nadie se quiere morir. Los cuidados paliativos son la respuesta de la medicina” en estas situaciones, dijo, y señaló que lo profesionales no querrán participar en el proceso. “La eutanasia va contra ser médico”, dijo.
Oposición de la Iglesia
El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, aseguró en su cuenta de Twitter que “la proposición de ley del PSOE sobre la eutanasia es todo un monumento a la insolidaridad y al descarte humano, que promueve un falso derecho y un corredor de la muerte voluntario”.
El 84% de los españoles está a favor de una regulación de la eutanasia, según datos de Metroscopia de marzo de 2017 (un 66% de apoyo entre los votantes del PP). El CIS, no consulta sobre este asunto desde 2009. Entonces, el 80,5% estaba seguro o casi seguro de que está bien que los médicos pongan fin a la vida de una persona en fase terminal con grandes sufrimientos si así lo pide el afectado.
El pleno del Congreso debatió este martes la toma en consideración una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para reformar el Código Penal y despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido, aunque la votación no se hará hasta este jueves. La iniciativa será apoyada por la mayoría de la oposición en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Con todo, el camino de la tramitación de esta práctica puede ser, además de largo, tortuoso.
Hasta 16 intentos anteriores de regular la eutanasia y el suicidio asistido en el Congreso ha contado la diputada del PSC Assumpta Escarp, pero siempre eran rechazados a las primeras de cambio. Esta vez la minoría del PP va a permitir que, por lo menos, se debata. Escarp, diputada en el Parlament con Alba Vergés (ERC) y Marta Ribas (Catalunya En Comú Podem), se desplazaron a Madrid para defender la propuesta.
La iniciativa llega por una proposición de ley aprobada por el Parlament en julio de 2017 para modificar el Código Penal que establece que “quedará exento de responsabilidad penal” quien cause los actos necesarios para “la muerte segura, pacífica y sin dolor” de una persona que padezca “una enfermedad grave que le conducirá necesariamente a la muerte o una patología incurable que le provoca un sufrimiento físico o psíquico grave y que se prevé que sea permanente”.
Y añade: “Dentro del marco legal establecido”. Y es aquí donde se da la conjunción con la proposición de ley que ha presentado el PSOE el 3 de mayo y que, además del cambio en el Código Penal, establece las condiciones como quién puede pedir la eutanasia o ayuda médica para suicidarse, cómo tiene que hacerlo y de qué manera se controlará el proceso.
Ha sido el cambio del PSOE, que hace 15 meses se abstuvo en una votación de la propuesta de IU Podemos para legalizar estas prácticas, la que ha permitido que la Cámara vaya a debatir por primera vez el detalle de estas regulaciones. Marta Sibina Camps, del grupo de Iglesias, se encargó de criticar la pérdida de tiempo al rechazar su iniciativa, que tiene las líneas generales muy parecidas a la del PSOE —ella dijo que eran casi calcadas—. “En este tiempo ha habido gente sufriendo”, reprochó.
Los argumentos a favor de la propuesta de ERC, PNV, PSOE, IU-Podemos y PDeCAT coincidieron en defender el derecho a decidir por parte de una persona sobre su final. “La vida impuesta contra la voluntad nunca puede ser un bien jurídicamente protegido”, resaltó Ester Capella, de ERC. “El Estado no puede imponer vivir contra la libertad de su titular”, añadió.
Aparte de menciones a Luis Montes, el médico fallecido el 19 de abril que abanderó la lucha por la muerte digna y la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) —varios de cuyos miembros estaban en la tribuna de invitados—, las mayores apelaciones de los portavoces fueron a Ciudadanos. Ya en septiembre de 2015, un representante del partido, Daniel Álvarez, en un debate organizado por DMD, manifestó su indefinición al respecto. Este martes, su portavoz, Francisco Igea, volvió a confirmar su abstención al respecto. A cambio, Igea se escudó en que ya se está tramitando en el Congreso una ley centrada en los cuidados paliativos.
Esta misma propuesta fue la que utilizó la representante del PP, Pilar Cortés, como alternativa. “Nadie se quiere morir. Los cuidados paliativos son la respuesta de la medicina” en estas situaciones, dijo, y señaló que lo profesionales no querrán participar en el proceso. “La eutanasia va contra ser médico”, dijo.
Oposición de la Iglesia
El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, aseguró en su cuenta de Twitter que “la proposición de ley del PSOE sobre la eutanasia es todo un monumento a la insolidaridad y al descarte humano, que promueve un falso derecho y un corredor de la muerte voluntario”.
El 84% de los españoles está a favor de una regulación de la eutanasia, según datos de Metroscopia de marzo de 2017 (un 66% de apoyo entre los votantes del PP). El CIS, no consulta sobre este asunto desde 2009. Entonces, el 80,5% estaba seguro o casi seguro de que está bien que los médicos pongan fin a la vida de una persona en fase terminal con grandes sufrimientos si así lo pide el afectado.
Fuente: El País
