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Ver. (apro).- La Fiscalía General del estado (FGE) notificó al exgobernador Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, que tiene pendientes dos órdenes de aprehensión por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Y ante la denuncia por “daño moral” que hizo el abogado de Duarte, Omer Salom García, contra el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortes, la FGE respondió con un “refrito”, es decir, las mismas querellas que presentó en abril de 2017, cuando el exgobernador fue capturado en Guatemala.
Con un proceso electoral en auge, la FGE –encabezada por el abogado yunista Jorge Winckler Ortiz– detalló en un comunicado que el lunes 14 se ejecutaron los mandamientos judiciales contra el exgobernador priista, uno de ellos bajo la causa penal número 38/2017, por incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.
Sin ahondar cómo será el mecanismo de cooperación con la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aseguró que “será en próximos días” cuando se lleve a cabo la audiencia inicial, donde solicitará ante el juez de Control de Pacho Viejo la solicitud de legalización de la detención, imputación e implementación de medidas cautelares.
Apenas ayer, Omer Salom, abogado del exgobernador, envió a las redacciones de los medios locales una misiva donde el priista señaló a Anaya y a Yunes de acusarlo injustamente por la supuesta administración de quimioterapias falsas a niños con cáncer durante su gestión. Eso es “daño moral”, subrayó.
“Valiéndose de su posición como gobernador del estado, (Yunes Linares) engañó descaradamente a la sociedad mexicana con esta noticia falsa, que ocasionó que alguno que otro ingenuo cayera en el engaño, o bien que se aprovechara la ocasión para utilizar este falso rumor con propósitos partidistas, como lo fue algún legislador local de Nuevo León y el propio candidato presidencial Ricardo Anaya”, sostuvo.
El exmandatario catalogó la acusación como fake news, con un propósito meramente electoral, pues en febrero de 2017, recordó, funcionarios de la Secretaría de Salud federal y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) revelaron que no había indicio alguno de que se hubiesen aplicado quimioterapias falsas en Veracruz.
Desde que ingresó a prisión, Duarte ha demandado penalmente a Yunes por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y ahora por daño moral.
A su vez, el gobernador veracruzano ha encerrado a una decena de exfuncionarios del primer círculo de Javier Duarte, acusándolos de “desapariciones forzadas”, peculado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, así como por esconder cadáveres.
Javier Duarte de Ochoa fue detenido el 15 de abril de 2017 por agentes de la Interpol y de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) en Panajachel, Guatemala.
Tras una estancia de dos meses en la cárcel militar de Matamoros, en la capital guatemalteca, fue extraditado a la Ciudad de México e internado en el Reclusorio Norte.
La PGR le imputó los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Ver. (apro).- La Fiscalía General del estado (FGE) notificó al exgobernador Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, que tiene pendientes dos órdenes de aprehensión por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Y ante la denuncia por “daño moral” que hizo el abogado de Duarte, Omer Salom García, contra el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortes, la FGE respondió con un “refrito”, es decir, las mismas querellas que presentó en abril de 2017, cuando el exgobernador fue capturado en Guatemala.
Con un proceso electoral en auge, la FGE –encabezada por el abogado yunista Jorge Winckler Ortiz– detalló en un comunicado que el lunes 14 se ejecutaron los mandamientos judiciales contra el exgobernador priista, uno de ellos bajo la causa penal número 38/2017, por incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.
Sin ahondar cómo será el mecanismo de cooperación con la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aseguró que “será en próximos días” cuando se lleve a cabo la audiencia inicial, donde solicitará ante el juez de Control de Pacho Viejo la solicitud de legalización de la detención, imputación e implementación de medidas cautelares.
Apenas ayer, Omer Salom, abogado del exgobernador, envió a las redacciones de los medios locales una misiva donde el priista señaló a Anaya y a Yunes de acusarlo injustamente por la supuesta administración de quimioterapias falsas a niños con cáncer durante su gestión. Eso es “daño moral”, subrayó.
“Valiéndose de su posición como gobernador del estado, (Yunes Linares) engañó descaradamente a la sociedad mexicana con esta noticia falsa, que ocasionó que alguno que otro ingenuo cayera en el engaño, o bien que se aprovechara la ocasión para utilizar este falso rumor con propósitos partidistas, como lo fue algún legislador local de Nuevo León y el propio candidato presidencial Ricardo Anaya”, sostuvo.
El exmandatario catalogó la acusación como fake news, con un propósito meramente electoral, pues en febrero de 2017, recordó, funcionarios de la Secretaría de Salud federal y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) revelaron que no había indicio alguno de que se hubiesen aplicado quimioterapias falsas en Veracruz.
Desde que ingresó a prisión, Duarte ha demandado penalmente a Yunes por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y ahora por daño moral.
A su vez, el gobernador veracruzano ha encerrado a una decena de exfuncionarios del primer círculo de Javier Duarte, acusándolos de “desapariciones forzadas”, peculado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos, así como por esconder cadáveres.
Javier Duarte de Ochoa fue detenido el 15 de abril de 2017 por agentes de la Interpol y de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) en Panajachel, Guatemala.
Tras una estancia de dos meses en la cárcel militar de Matamoros, en la capital guatemalteca, fue extraditado a la Ciudad de México e internado en el Reclusorio Norte.
La PGR le imputó los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
