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Un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) fue presentado ante un juzgado de control por falsificación de documentos, ya que cerró de manera ilegal un expediente en el que se hacían acusaciones por negación de servicio médico a personas con VIH/Sida.
Edwin Alejandro Arcila Cordero estaba a cargo de la Visitaduría de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Asuntos de la Mujer en la Codhey, y se le acusa de falsificar la firma del director del albergue “Oasis de San Juan de Dios” (para gente con VIH/Sida), además de que “revivió” a una persona ya fallecida para validar una notificación.
A petición de la Fiscalía General del Estado, la juez de control Blanca Beatriz Bonilla González imputó a Arcila Cordero, aunque no lo dejó en prisión, pero le impuso la prohibición de salir del Estado, y la obligación de ir a firmar por todo el tiempo que dure el proceso.
Carlos Méndez Benavidez, director del albergue “Oasis de San Juan de Dios”, fue quien interpuso la denuncia, de acuerdo con la cual el 12 de noviembre de 2013 presentó una queja en la Codhey y el 20 de febrero de 2014, presentó otra queja, denunciando violaciones a los derechos humanos de una mujer con VIH.
En varias ocasiones fue a preguntar sobre el estado de sus quejas y le indicaban siempre que le notificarían después. El 6 de agosto de 2015 fue con su abogado a revisar los expedientes y le informaron que ambas quejas se habían acumulado y cerrado.
Al día siguiente fue a su domicilio el visitador y le dijo que no se preocupara, indicándole que no acudiera a la Comisión; que le marcara a su teléfono particular para ponerse de acuerdo y fuera cuando él le dijera a presentar una queja nueva, que él mismo llevaría con carácter de urgente.
Sin embargo, el quejoso decidió ir a la Comisión, donde le dijeron que su queja con número 120/2014 se había concluido, ya que supuestamente él se había desistido. Solicitó la hoja del desistimiento y constató que el visitador dijo que se apersonó a su domicilio el 30 de abril de 2015 porque se iba a suspender la queja y vio que tenía una firma supuestamente de Méndez Benavides.
Igual está una notificación del 7 de mayo de 2015 donde se informó que la queja se había concluido. De acuerdo con esto, recibió y firmó dicha notificación Eva Pool, quien murió el 10 de enero de 2015, por lo cual no pudo haber firmado.
Tras la denuncia, la Derechos Humanos reabrió el expediente y emitió la recomendación 17/2016, dirigida al secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita.
Pero la denuncia por alteración de documentos y la falsificación de firmas siguió su curso, aunque se recurrió a un amparo para lograr la consignación ante un juez de oralidad.
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