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(SinEmbargo).– Los delitos relacionados con violencia de género en México, en los primeros cuatro meses de 2018, fueron en aumento en un 40.8 por ciento, en promedio, según cifras oficiales. De acuerdo con analistas consultados, la falta de denuncia, el subregistro de exabruptos, la debilidad de las instituciones y la falta de prevención, son algunos factores que no permiten la adecuada atención a las violencias que afectan, cuando menos, a 30.7 millones de mujeres.
Cada hora, en nuestro país, se habrían cometido cinco delitos de violencia de género, refieren cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Mientras que en enero pasado se registraron 2 mil 656 carpetas de investigación por algún tipo de delito, en abril fueron registradas 3 mil 739.
La violencia de género “encuentra su origen o razón de persistencia en el conjunto de normas y valores sociales que sustentan una prevalencia o dominación masculina y una asimetría institucionalizada del poder entre hombres y mujeres”, señala un estudio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
Es decir que, “los roles socialmente aceptables para hombres y mujeres proporcionan la justificación social para el uso de la violencia” cuando alguien -como las mujeres- “no cumple con dichos roles”.
Entre enero y abril de 2018, los feminicidios aumentaron en 11.1 por ciento; los delitos de abuso, acoso y hostigamiento sexual en 50, 96.6 y 23.4 por ciento, cada uno, y las violaciones simple y equiparada en 33.6 y 46.8 por ciento.
Asimismo, “otros delitos” contra la libertad y seguridad sexuales, y la “violencia de género en todas sus modalidades”, repuntaron en 26.6 y 9.3 por ciento, respectivamente. La trata de personas, por su parte, aumentó en 31.8 por ciento.
Para María de la Luz Estrada Mendoza, quien dirige el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el primer problema que existe en México es la imprecisión de datos, con la que se vuelve prácticamente imposible armar una estrategia de combate a la violencia de género.
En ese sentido, urgió la necesidad de “eficientar lo que se ha creado” para generar un verdadero impacto, porque el problema de fondo, no sólo son las instituciones sino la falta de voluntad política, y sobre todo, el incumplimiento de su obligación como autoridad.
“La autoridad no le ha dado importancia [al tema]. Hace una valoración superficial, sin tener ningún método, del riesgo que puede enfrentar una mujer ante un tipo de violencia. La autoridad nunca las ve en riesgo y las acaban matando”. Y añadió que, debido a que “no trabaja si no la presionan”, hacen falta “mecanismos de evaluación efectivos [para] que rindan cuentas las autoridades y para ver qué no funciona, porque se fuga mucho dinero en acciones que no sirven para nada”.
Por ello, la activista propuso que “los mecanismos de alerta de género tengan un mecanismo de sanción al incumplimiento de la autoridad, porque de lo contrario no cumplen, lo hacen a medias, y el problema va a seguir creciendo”. Asimismo, llamó a que la sociedad civil actúe, pues de otro modo, no veremos soluciones a corto plazo.
“Los municipios tienen la Alerta de Género. ¿Y qué ha cambiado en esos municipios? ¡Nada… nada! [Antes] mataban a siete mujeres diarias. Hoy casi llegamos a las 10 diarias”, confirmó la maestra Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC).
La activista recordó que, más allá de las violencias y de los feminicidios, otra gran debilidad de las autoridades en el país ha sido su capacidad para revertir y prevenir la desaparición de mujeres.
La organización Idheas, especializada en materia de Derechos Humanos, señala que al corte del 31 de enero de 2018, a nivel nacional, había al menos ocho mil 986 reportes de mujeres desaparecidas. Con anterioridad, la asociación refirió que, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en el 10 por ciento de los casos se desconocía el municipio en donde sucedió la desaparición.
NO HAY DENUNCIA NI CASTIGO
La crisis de violencia y de igualdad de género, en el contexto nacional, se ve agravada por dos factores elementales: la falta de denuncia y de impartición de justicia en el país.
En septiembre del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refirió que “la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, fue de 93.6 por ciento a nivel nacional”.
“El tema de la no denuncia es un tema central en el problema de la violencia contra las mujeres y de la violencia en general, y de la criminalidad en general”, dijo a SinEmbargo el doctor Roberto Castro Pérez, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de Morelos.
Para el sociólogo especializado en violencia contra las mujeres y salud, la no denuncia “es consecuencia de la ausencia del Estado y es causa de la reproducción de la impunidad, y por lo tanto, de la perpetuación del problema”. En su opinión, la falta de denuncia se debe, principalmente, a la falta de confianza de las mujeres en las autoridades encargadas de recibir y de atender las denuncias, porque las revictimizan por no estar debidamente capacitadas.
La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Inegi refiere que, en México, el 88.4 por ciento de las mujeres que admitieron haber recibido algún tipo de agresión no presentó denuncia ni solicitó el apoyo de alguna institución.
Los principales argumentos para no denunciar fueron que “se trató de algo sin importancia que no le afectó” (43.5 por ciento, en promedio); miedo a las consecuencias y a las amenazas (15.4); además de vergüenza (11.75), no saber cómo denunciar (13.5) y que no les creyeran, o que fueran a decir que era su culpa (10.7 por ciento, en promedio).
“Las maltratan cuando van a denunciar”, dijo Teresa Ulloa de CATWLAC. “Cuando llega una mujer a denunciar, el discurso sigue siendo el mismo de hace 20 años”, explicó a SinEmbargo. A pesar de que hay leyes que especifican una atención inmediata, las autoridades actúan con dilación y poca eficiencia, de modo que el tiempo perdido da pie a que, “o bien las saquen del país, o bien las maten, o las vendan, o las compren, o las violen”.
Ulloa sentenció que “con el nuevo sistema penal, es muy difícil que las mujeres se animen a denunciar. El doctor Castro, concordó con ella en que, aún cuando se reciba la denuncia, “la probabilidad de que prospere y termine en una sentencia -que es un muy largo proceso- es bajísima y requiere de una enorme energía personal”. En ese sentido, señaló que “todo el sistema está estructurado para desincentivar la denuncia”.
Según los datos más recientes (2016) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las mujeres, sólo uno de cada cinco casos de violencia contra ellas (o el 20 por ciento) obtiene sentencia condenatoria.
¿Cómo afecta esto? En la opinión del doctor Castro, más allá de la falta de garantías de acceso a una justicia pronta y expedita para las mujeres, las condiciones en México generan que “no tengamos clara conciencia de la magnitud del problema”, lo que perpetúa la “espiral perversa” de la violencia contra las mujeres. La solución, en cambio, radica en modificar la conducta para poder modificar la cultura de la violencia de género.
“Tenemos muchos problemas culturales. Pero la cultura no es algo que esté allá en las alturas determinándonos como si fuera Dios o algo así. La cultura la cambiamos cambiando nuestras prácticas”, apuntó el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para lograrlo, es menester invertir en profesionalizar al personal de las instituciones de procuración de justicia; concientizar –aún más– a la población en general acerca “de que la violencia contra las mujeres es absolutamente intolerable y de que no debe haber la menor concesión al respecto”; generar garantías de resolución de las carpetas abiertas para acabar con la impunidad; trabajar en la prevención de delitos y fortalecer, con diagnósticos y planes, el desarrollo de las instituciones.
María de la Luz Estrada Mendoza de OCNF concordó. La activista advirtió a SinEmbargo que México es “riesgoso” para las mujeres -ya sea por omisión o por corrupción de parte de las autoridades- y que, por ende, requerimos sanciones ejemplares (para delincuentes y funcionarios) y mecanismos de protección a las mujeres, basados en diagnósticos y metodologías adecuadas. Incluyó la necesidad de acercar a instancias internacionales que observen los procesos a nivel nacional, ulterior a la adaptación de los tratados.
Además, los especialistas coincidieron en que es necesario combatir al crimen organizado, pues como dijo el investigador del CRIM, “las investigaciones que hemos hecho sí muestran que donde hay presencia del crimen organizado, aumenta la violencia contra las mujeres, bien porque éstas sean víctimas directas de los cárteles; o bien, porque de alguna manera son [víctimas] del enfrentamiento entre diversas bandas”. No obstante, indicó, “no todo el incremento que se observa de la violencia contra las mujeres se debe al crimen organizado, [porque] tiene una lógica propia”.
El doctor Roberto Castro Pérez, también urgió la necesidad de acabar con el evidente “patriarcado” o “sistema de violencia de género estructural”, que genera una desigualdad social “atroz” y que cobra la vida de miles de mujeres, cada año.
El último recuento de María Salguero, creadora del mapa de feminicidios a nivel nacional, arrojó que los feminicidios han ido en aumento en los últimos años. Mientras que en 2016, dos mil 100 mujeres fueron asesinadas, en 2017 fueron contabilizados dos mil 400 homicidios. Hasta marzo de 2018, la activista tenía registradas 678 muertes de mujeres, por diversos motivos.
(SinEmbargo).– Los delitos relacionados con violencia de género en México, en los primeros cuatro meses de 2018, fueron en aumento en un 40.8 por ciento, en promedio, según cifras oficiales. De acuerdo con analistas consultados, la falta de denuncia, el subregistro de exabruptos, la debilidad de las instituciones y la falta de prevención, son algunos factores que no permiten la adecuada atención a las violencias que afectan, cuando menos, a 30.7 millones de mujeres.
Cada hora, en nuestro país, se habrían cometido cinco delitos de violencia de género, refieren cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Mientras que en enero pasado se registraron 2 mil 656 carpetas de investigación por algún tipo de delito, en abril fueron registradas 3 mil 739.
La violencia de género “encuentra su origen o razón de persistencia en el conjunto de normas y valores sociales que sustentan una prevalencia o dominación masculina y una asimetría institucionalizada del poder entre hombres y mujeres”, señala un estudio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
Es decir que, “los roles socialmente aceptables para hombres y mujeres proporcionan la justificación social para el uso de la violencia” cuando alguien -como las mujeres- “no cumple con dichos roles”.
Entre enero y abril de 2018, los feminicidios aumentaron en 11.1 por ciento; los delitos de abuso, acoso y hostigamiento sexual en 50, 96.6 y 23.4 por ciento, cada uno, y las violaciones simple y equiparada en 33.6 y 46.8 por ciento.
Asimismo, “otros delitos” contra la libertad y seguridad sexuales, y la “violencia de género en todas sus modalidades”, repuntaron en 26.6 y 9.3 por ciento, respectivamente. La trata de personas, por su parte, aumentó en 31.8 por ciento.
Para María de la Luz Estrada Mendoza, quien dirige el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el primer problema que existe en México es la imprecisión de datos, con la que se vuelve prácticamente imposible armar una estrategia de combate a la violencia de género.
En ese sentido, urgió la necesidad de “eficientar lo que se ha creado” para generar un verdadero impacto, porque el problema de fondo, no sólo son las instituciones sino la falta de voluntad política, y sobre todo, el incumplimiento de su obligación como autoridad.
“La autoridad no le ha dado importancia [al tema]. Hace una valoración superficial, sin tener ningún método, del riesgo que puede enfrentar una mujer ante un tipo de violencia. La autoridad nunca las ve en riesgo y las acaban matando”. Y añadió que, debido a que “no trabaja si no la presionan”, hacen falta “mecanismos de evaluación efectivos [para] que rindan cuentas las autoridades y para ver qué no funciona, porque se fuga mucho dinero en acciones que no sirven para nada”.
Por ello, la activista propuso que “los mecanismos de alerta de género tengan un mecanismo de sanción al incumplimiento de la autoridad, porque de lo contrario no cumplen, lo hacen a medias, y el problema va a seguir creciendo”. Asimismo, llamó a que la sociedad civil actúe, pues de otro modo, no veremos soluciones a corto plazo.
“Los municipios tienen la Alerta de Género. ¿Y qué ha cambiado en esos municipios? ¡Nada… nada! [Antes] mataban a siete mujeres diarias. Hoy casi llegamos a las 10 diarias”, confirmó la maestra Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC).
La activista recordó que, más allá de las violencias y de los feminicidios, otra gran debilidad de las autoridades en el país ha sido su capacidad para revertir y prevenir la desaparición de mujeres.
La organización Idheas, especializada en materia de Derechos Humanos, señala que al corte del 31 de enero de 2018, a nivel nacional, había al menos ocho mil 986 reportes de mujeres desaparecidas. Con anterioridad, la asociación refirió que, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en el 10 por ciento de los casos se desconocía el municipio en donde sucedió la desaparición.
NO HAY DENUNCIA NI CASTIGO
La crisis de violencia y de igualdad de género, en el contexto nacional, se ve agravada por dos factores elementales: la falta de denuncia y de impartición de justicia en el país.
En septiembre del año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refirió que “la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, fue de 93.6 por ciento a nivel nacional”.
“El tema de la no denuncia es un tema central en el problema de la violencia contra las mujeres y de la violencia en general, y de la criminalidad en general”, dijo a SinEmbargo el doctor Roberto Castro Pérez, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de Morelos.
Para el sociólogo especializado en violencia contra las mujeres y salud, la no denuncia “es consecuencia de la ausencia del Estado y es causa de la reproducción de la impunidad, y por lo tanto, de la perpetuación del problema”. En su opinión, la falta de denuncia se debe, principalmente, a la falta de confianza de las mujeres en las autoridades encargadas de recibir y de atender las denuncias, porque las revictimizan por no estar debidamente capacitadas.
La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Inegi refiere que, en México, el 88.4 por ciento de las mujeres que admitieron haber recibido algún tipo de agresión no presentó denuncia ni solicitó el apoyo de alguna institución.
Los principales argumentos para no denunciar fueron que “se trató de algo sin importancia que no le afectó” (43.5 por ciento, en promedio); miedo a las consecuencias y a las amenazas (15.4); además de vergüenza (11.75), no saber cómo denunciar (13.5) y que no les creyeran, o que fueran a decir que era su culpa (10.7 por ciento, en promedio).
“Las maltratan cuando van a denunciar”, dijo Teresa Ulloa de CATWLAC. “Cuando llega una mujer a denunciar, el discurso sigue siendo el mismo de hace 20 años”, explicó a SinEmbargo. A pesar de que hay leyes que especifican una atención inmediata, las autoridades actúan con dilación y poca eficiencia, de modo que el tiempo perdido da pie a que, “o bien las saquen del país, o bien las maten, o las vendan, o las compren, o las violen”.
Ulloa sentenció que “con el nuevo sistema penal, es muy difícil que las mujeres se animen a denunciar. El doctor Castro, concordó con ella en que, aún cuando se reciba la denuncia, “la probabilidad de que prospere y termine en una sentencia -que es un muy largo proceso- es bajísima y requiere de una enorme energía personal”. En ese sentido, señaló que “todo el sistema está estructurado para desincentivar la denuncia”.
Según los datos más recientes (2016) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las mujeres, sólo uno de cada cinco casos de violencia contra ellas (o el 20 por ciento) obtiene sentencia condenatoria.
¿Cómo afecta esto? En la opinión del doctor Castro, más allá de la falta de garantías de acceso a una justicia pronta y expedita para las mujeres, las condiciones en México generan que “no tengamos clara conciencia de la magnitud del problema”, lo que perpetúa la “espiral perversa” de la violencia contra las mujeres. La solución, en cambio, radica en modificar la conducta para poder modificar la cultura de la violencia de género.
“Tenemos muchos problemas culturales. Pero la cultura no es algo que esté allá en las alturas determinándonos como si fuera Dios o algo así. La cultura la cambiamos cambiando nuestras prácticas”, apuntó el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para lograrlo, es menester invertir en profesionalizar al personal de las instituciones de procuración de justicia; concientizar –aún más– a la población en general acerca “de que la violencia contra las mujeres es absolutamente intolerable y de que no debe haber la menor concesión al respecto”; generar garantías de resolución de las carpetas abiertas para acabar con la impunidad; trabajar en la prevención de delitos y fortalecer, con diagnósticos y planes, el desarrollo de las instituciones.
María de la Luz Estrada Mendoza de OCNF concordó. La activista advirtió a SinEmbargo que México es “riesgoso” para las mujeres -ya sea por omisión o por corrupción de parte de las autoridades- y que, por ende, requerimos sanciones ejemplares (para delincuentes y funcionarios) y mecanismos de protección a las mujeres, basados en diagnósticos y metodologías adecuadas. Incluyó la necesidad de acercar a instancias internacionales que observen los procesos a nivel nacional, ulterior a la adaptación de los tratados.
Además, los especialistas coincidieron en que es necesario combatir al crimen organizado, pues como dijo el investigador del CRIM, “las investigaciones que hemos hecho sí muestran que donde hay presencia del crimen organizado, aumenta la violencia contra las mujeres, bien porque éstas sean víctimas directas de los cárteles; o bien, porque de alguna manera son [víctimas] del enfrentamiento entre diversas bandas”. No obstante, indicó, “no todo el incremento que se observa de la violencia contra las mujeres se debe al crimen organizado, [porque] tiene una lógica propia”.
El doctor Roberto Castro Pérez, también urgió la necesidad de acabar con el evidente “patriarcado” o “sistema de violencia de género estructural”, que genera una desigualdad social “atroz” y que cobra la vida de miles de mujeres, cada año.
El último recuento de María Salguero, creadora del mapa de feminicidios a nivel nacional, arrojó que los feminicidios han ido en aumento en los últimos años. Mientras que en 2016, dos mil 100 mujeres fueron asesinadas, en 2017 fueron contabilizados dos mil 400 homicidios. Hasta marzo de 2018, la activista tenía registradas 678 muertes de mujeres, por diversos motivos.
