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La policía municipal de Chilpancingo regresó a las labores de vigilancia en las calles, luego de más de seis meses que dejara sus funciones por estar bajo investigación por la desaparición de siete personas del 23 al 31 de diciembre de 2017.
De 125 agentes que conforman la corporación, 112 fueron los que regresaron a las actividades desde el pasado fin de semana, 12 continúan bajo investigación por los casos de desapariciones y uno está siendo procesado, y se encuentra internado en la cárcel de Chilpancingo.
De acuerdo con las autoridades estatales, de los 112 que realizan labores de patrullaje, 77 no han aprobado los exámenes de control y confianza y realizarán sus tareas sin arma de cargo. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, explicó que de los municipales que cuentan con certificación, 35 serán quienes estén armados y realicen labores policiacas, mientras que los 77 sin certificar harán actividades de proximidad social, como resguardar edificios públicos.
Cuestionado sobre la premura de sacar a la policía a las calles sin que estén certificados, el funcionario estatal aseguró que la medida responde a que “hay una urgencia apremiante de seguridad en la capital, pero los demás agentes serán certificados de manera paulatina en las próximas semanas”.
El presidente de la Canaco en Chilpancingo, Víctor Ortega Corona, quien fue de los primeros en denunciar las desapariciones forzadas por parte de la corporación local, aseguró que el regreso de los oficiales genera una serie de preguntas: “¿Por qué mantuvieron seis meses encuartelados a los agentes y no certificaron a todos? ¿Por qué a los 12 que siguen en investigación no se les ha imputado algún delito?”.
Para Ortega Corona, el regreso de la policía no da confianza ni certeza: “Entendemos que estos 112 fueron exonerados de las desapariciones, pero eso no quiere decir que sean confiables. Los elementos sin armas en Chilpancingo de poco servirán para combatir el crimen”.
Negro pasado. El caso de los siete jóvenes generó la salida de los municipales de sus actividades. El 4 de enero, militares, policías federales y estatales desarmaron y encuartelaron a los 125 agentes pertenecientes a la corporación de Chilpancingo.
Un día antes, en un paraje aparecieron bolsas negras con restos humanos: eran los empresarios Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera.
Los dos fueron detenidos la mañana del 31 de diciembre por la policía del municipio después de haber encabezado una pelea en las instalaciones de la feria.
Las patrullas 150 y 153 se los llevaron, junto con otro hombre identificado como Milton a la barandilla. Milton salió y volvió con el dinero y pagó las fianzas. Los dos jóvenes fueron liberados y el agente Nicolás los acompañó hasta la salida y después ayudó a Milton a subirlos por la fuerza a un auto donde iban hombres armados. La escena, según el relato del MP, la vio un comandante identificado como Juan José y el juez calificador sin inmutarse.
Este caso destapó otros como el de Efraín Patrón Ramos, quien desapareció el 29 de diciembre después de ser detenido por municipales.
Dos días antes, el 27, tres jóvenes fueron detenidos por oficiales en la colonia Jardines del Sur y, según contaron, fueron entregados a la Policía Ministerial. Los elementos se los llevaron a Acapulco donde fueron torturados. Los tres fueron dejados vivos tirados con las manos y los pies atados atrás del Palacio de Gobierno en Chilpancingo. El 23, Abel Aguilar García también desapareció cuando iba a su trabajo.
Por estos casos ningún agente está sentenciado o mando policiaco encarcelado. Sólo un policía, identificado como Nicolás “N”, fue vinculado a proceso y está en prisión.
La policía municipal de Chilpancingo regresó a las labores de vigilancia en las calles, luego de más de seis meses que dejara sus funciones por estar bajo investigación por la desaparición de siete personas del 23 al 31 de diciembre de 2017.De 125 agentes que conforman la corporación, 112 fueron los que regresaron a las actividades desde el pasado fin de semana, 12 continúan bajo investigación por los casos de desapariciones y uno está siendo procesado, y se encuentra internado en la cárcel de Chilpancingo.
De acuerdo con las autoridades estatales, de los 112 que realizan labores de patrullaje, 77 no han aprobado los exámenes de control y confianza y realizarán sus tareas sin arma de cargo. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, explicó que de los municipales que cuentan con certificación, 35 serán quienes estén armados y realicen labores policiacas, mientras que los 77 sin certificar harán actividades de proximidad social, como resguardar edificios públicos.
Cuestionado sobre la premura de sacar a la policía a las calles sin que estén certificados, el funcionario estatal aseguró que la medida responde a que “hay una urgencia apremiante de seguridad en la capital, pero los demás agentes serán certificados de manera paulatina en las próximas semanas”.
El presidente de la Canaco en Chilpancingo, Víctor Ortega Corona, quien fue de los primeros en denunciar las desapariciones forzadas por parte de la corporación local, aseguró que el regreso de los oficiales genera una serie de preguntas: “¿Por qué mantuvieron seis meses encuartelados a los agentes y no certificaron a todos? ¿Por qué a los 12 que siguen en investigación no se les ha imputado algún delito?”.
Para Ortega Corona, el regreso de la policía no da confianza ni certeza: “Entendemos que estos 112 fueron exonerados de las desapariciones, pero eso no quiere decir que sean confiables. Los elementos sin armas en Chilpancingo de poco servirán para combatir el crimen”.
Negro pasado. El caso de los siete jóvenes generó la salida de los municipales de sus actividades. El 4 de enero, militares, policías federales y estatales desarmaron y encuartelaron a los 125 agentes pertenecientes a la corporación de Chilpancingo.
Un día antes, en un paraje aparecieron bolsas negras con restos humanos: eran los empresarios Jorge Arturo Vázquez Campos y Marcos Catalán Cabrera.
Los dos fueron detenidos la mañana del 31 de diciembre por la policía del municipio después de haber encabezado una pelea en las instalaciones de la feria.
Las patrullas 150 y 153 se los llevaron, junto con otro hombre identificado como Milton a la barandilla. Milton salió y volvió con el dinero y pagó las fianzas. Los dos jóvenes fueron liberados y el agente Nicolás los acompañó hasta la salida y después ayudó a Milton a subirlos por la fuerza a un auto donde iban hombres armados. La escena, según el relato del MP, la vio un comandante identificado como Juan José y el juez calificador sin inmutarse.
Este caso destapó otros como el de Efraín Patrón Ramos, quien desapareció el 29 de diciembre después de ser detenido por municipales.
Dos días antes, el 27, tres jóvenes fueron detenidos por oficiales en la colonia Jardines del Sur y, según contaron, fueron entregados a la Policía Ministerial. Los elementos se los llevaron a Acapulco donde fueron torturados. Los tres fueron dejados vivos tirados con las manos y los pies atados atrás del Palacio de Gobierno en Chilpancingo. El 23, Abel Aguilar García también desapareció cuando iba a su trabajo.
Por estos casos ningún agente está sentenciado o mando policiaco encarcelado. Sólo un policía, identificado como Nicolás “N”, fue vinculado a proceso y está en prisión.
Fuente: El universal
