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Activistas y defensoras insistirán en que el Congreso local apruebe la reforma al Código de Familia de Yucatán, de modo que pueda permitirse el matrimonio igualitario, medida que ha quedado “congelada” durante los últimos años.
Al concluir el último periodo ordinario de sesiones de la LXI legislatura, la activista y representante local del Observatorio Nacional del Feminicidio, Adelaida Salas Salazar, lamentó que los diputados no hayan discutido la medida, por lo que se buscará que esta sea retomada por la nueva legislatura que entrará en funciones en septiembre próximo.
Para ello, adelantó que se trabajará de cerca con la fracción del partido Morena, cuyos integrantes han mostrado interés en el tema.
“Estamos confiando más en esas voces nuevas que están entrando como los de Morena. Nos estaremos apoyando en ellos”, apuntó.
Como se sabe, la iniciativa la propuso el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con dos iniciativas de reforma al Código de Familia de Yucatán; la primera data de noviembre de 2012 presentada por Bayardo Ojeda Marrufo y una segunda y actualizada en septiembre de 2016 presentada por David Barrera Zavala, aunque ninguna fue sacada de la congeladora legislativa, pese a que existe una ley que obliga a los legisladores a discutir las iniciativas pendientes.
De hecho, Salas Salazar afirmó que varios defensores de los derechos humanos en Yucatán demandarían penalmente a los 25 diputados locales ante la omisión y el desinterés que demostraron durante los tres años de la LXI Legislatura en aprobar la unión civil entre personas del mismo sexo.
“Los diputados finalizan con una mala imagen ante la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTI) por resistirse en aprobar esta iniciativa. También están en desacato al no aprobar la unión civil entre personas del mismo sexo, tal como lo dictaminó hace tres años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, apuntó.
“Los legisladores han demostrado un total desinterés sobre el tema y se mantienen en desacato. Es algo grave, por eso estamos viendo si ponemos una demanda penal porque ya no tienen fuero y no están cumpliendo”, aseveró.
Ante la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones, la activista llamó al Congreso local dictaminar el matrimonio igualitario para que Yucatán deje ser una entidad discriminatoria de los derechos humanos. A nivel peninsular, es el único Estado que no ha legislado sobre el tema, a diferencia de Campeche y Quintana Roo.
