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Tras la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto en la capital del país, empresarios yucatecos temen que el proyecto del Tren Maya pase por lo mismo.
Los anuncios realizados en el centro del país por la cancelación del nuevo aeropuerto, ponen en riesgo la viabilidad del Tren Maya, pero sobre todo la seguridad económica del país, dijo Michel Salum Francis, presidente de Canaco Servytur.
“Un presidente electo, que no es presidente en funciones, hace una consulta, que no es legalmente vinculante y toma una determinación que afecta a una nación, es terrible”, sostuvo.
Argumentó que la posición de López Obrador marca pautas inmediatas como la caída de la bolsa y la disminución del peso mexicano en forma tan vertiginosa como la que ya se refleja, superando los 20 pesos.
Salum Francis aseguró que es imperdonable que una persona que debe establecer una coherencia, que dijo en su discurso de triunfo de la elección que mantendría unido al país realice un sondeo de unos cuantos para decidir la afectación económica de una nación.
Recalcó que la determinación del gobierno electo podría causar un daño muy grande al país, porque incluso el Tren Maya podría perderse si no hay inversión extranjera que respalde este proyecto y en este momento, ningún empresario apostará por una obra del gobierno si no hay certidumbre en la inversión.
Por su parte, el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos sostuvo que la cancelación de esta obra (el aeropuerto) traería una mala señal para la economía nacional.
Con una postura crítica, López Campos destacó que la cancelación de esta obra y proponer el aeropuerto de Santa Lucia no debe de ser una determinación política, sino técnica y financiera.
Recalcó que en base a los estudios técnicos realizados y a las recomendaciones de los expertos en aviación, aeronáutica, urbanismo, finanzas y especialidades afines se debe establecer la viabilidad de esta obra.
Juan Manuel Ponce Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE), consideró que la decisión de construir Santa Lucía rompe el marco jurídico y deja al país en la incertidumbre, en tanto que, el mecanismo de consulta utilizado no puede ser vinculante, porque el marco normativo para realizar un proceso de este tipo está en la Constitución y la evaluación de un grupo de personas, no puede establecer la opinión de una nación.
Dijo que en todas las encuestas realizadas por organismos externos la aprobación a la realización del NAIM se mantenía como aprobatoria. Pero esas encuestas no las controlaba el gobierno electo y es posible que no se reflejen en la opinión de López Obrador.
El presidente del CCE Yucatán, recalcó que la Iniciativa Privada no rompe con el gobierno electo, pero sí solicita que el Congreso de la Unión establezca de manera detallada valores y lineamientos a los procesos de consulta popular, a fin de que no se pueda gestar una determinación social a una obra pública a largo plazo y que impacta a 46 mil empleos y que cubrir la cancelación de esta obra podría costar entre 100 y 120 mil millones de pesos.
“El problema es la credibilidad que tendrá el gobierno para emprender proyectos y el mensaje que se envía a los mercados financieros internacionales para asegurar obras y proyectos de gran envergadura que demanda este país y que pueden perder por declaraciones y acciones como las que propone el gobierno electo”, enfatizó.
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