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El acoso callejero, pese a las múltiples iniciativas, campañas de equidad de género y peticiones de recrudecimiento de sanciones, continúa imparable, por lo que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y representantes de grupos apostólicos de las parroquias de San Cristóbal, San Juan, Mejorada, Santa Ana, Tercera Orden, Santa Lucía y Catedral, enclavadas en el primer cuadro de la ciudad, exigen operativos para terminar con este flagelo, y con las modificaciones a la legislación vigente las autoridades están obligadas a nuevas estrategias para castigar este delito.
Es un problema de muchos años, sobre todo por el gran volumen de meridanos que a diario atraviesan el centro de la ciudad, el cual se estima en más de 400 mil.
“Deben realizar operativos y utilizar más videovigilancia, pues quienes le faltan al respeto a las mujeres son reincidentes; lo hacen porque no se les castiga”, señala, Maribel Puc, quien trabaja en una tienda de ropa del centro.
Agrega que “deberían poner stands especializados para denunciar, atendidos por mujeres, porque los hombres, quienes generalmente atienden estos casos, no tienen sensibilidad para manejar las denuncias y la víctima termina retirándose molesta y avergonzada y su victimario es soltado a unas calles o 24 horas después”.
Para el padre Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, para acabar con este problema, que puede derivar en consecuencias mayores, se deben tomar en cuenta tres ejes.
“Debe hacerse una campaña de concientización para que las personas estén conscientes de que al acosar están cometiendo un delito que los puede llevar a la cárcel; concientizar a las víctimas de que deben denunciar y no por desidia y por pena dejar pasar este tipo de delitos, y que haya mayor sensibilidad por parte de la autoridad, que haya más mujeres involucradas en la atención a este tipo de ilícitos, para crear mayor confianza en la ciudadanía y que se sienta más protegida”, señaló.
Carlos Montero Ávila, subdirector de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de la Policía Municipal de Mérida, indica que “el castigo que está previsto es leve, es amonestación, porque así lo dispone el reglamento, recordemos que es un reglamento emitido en 2003; y seguramente, así como se han hecho muchas modificaciones (a las leyes), este amerite una revisión adicional y un análisis, creo que es necesario”.
“Definitivamente el acoso sexual, o el abuso sexual, que son dos temas muy parecidos, son problemas severos, son conductas antisociales, y donde en una inmensa mayoría las víctimas son mujeres; esta conducta que es antisocial, pude tener dos vertientes para castigarse: uno, si la vemos solo como una conducta que es violatoria de reglas administrativas, nosotros al castigar la falta administrativa lo que hacemos es aplicar el reglamento de Policía y Buen Gobierno, que contempla justamente esta conducta, en artículo 15 se establece el castigo para quienes asedien verbal o físicamente a una persona, con una connotación sexual, está perfectamente establecida la conducta que se castiga”.
“En donde hay acoso existe un motivo para proceder, y cuando se altera el orden, aparece una segunda falta administrativa que es el disturbio, para el disturbio si es permitido castigar de 24 a 36 horas de arresto; y hay una situación, que no es la ideal, pero para nosotros como autoridad tenemos la posibilidad de castigar el tocamiento o el asedio verbal, con la amonestación que es lo que estable el reglamento, o derivado de que también se originó un disturbio, se puede aplicar un castigo más severo que es el de 24 a 36 horas de arresto, que es el que usualmente seguimos nosotros cuando se genera una perturbación del orden público, derivado de la discusión que se da en la vía (pública), del alboroto que se organiza. Pero ahí nos nuestra la normatividad que hay una inconsistencia, porque está resultando más grave el castigo para el disturbio, que para el acoso sexual”, refirió.
Mayor sanción
Destacó que las víctimas tienen la opción de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya que ahí “se toma en cuenta lo que establece el Código Penal de Yucatán, en sus artículos 308 y 309, ya condenan la misma conducta, pero ya tipificada como un delito; y en donde se pueden aplicar penas de 1 a 5 años. Pero en estos casos se requiere que la víctima presente su denuncia”.
Lamentablemente, subrayó, lo que sucede en el primer cuadro de Mérida es que muchas de las veces las víctimas no acuden a denunciar, y todo queda en un castigo de carácter administrativo.
“Creo que cuando menos en nuestro reglamento de Policía y Buen Gobierno, sería bastante bueno para sociedad que se elevara el castigo, para que haya o no disturbio, con el simple hecho de que una persona asedie o acose a otra aplicara el arresto”.
De igual manera expresó: “Nuestro reglamento no estable todavía como penas el trabajo en beneficio de la comunidad, algunos especialistas recomiendan que se deben sujetar a las personas que tienen este tipo de conductas a un tratamiento, a un apoyo psiquiátrico o psicológico. Es difícil evaluar la respuesta que se pueda tener resultados positivos, a un paciente que se obliga a tomar un tratamiento para cambios y conductas, el principio no es muy adecuado; pero hay otras opciones como charlas más cortas, talleres, pero sí podría ser una opción. Algo se podría establecer, pero hoy no está previsto en nuestra ley”.
“Hay lo que llamamos justicia cívica, que es ese conjunto de herramientas que sirven para que una vez que un hecho ocurre, se aplique justicia y se ve desde reparación del daño, el castigo, la reinserción; y son juicios que no llegan a un juzgado penal, sino el juez calificador del Ayuntamiento; pero hoy el juez no tiene el marco jurídico que le permita imponer este tipo de sanciones o medidas de corrección, sería muy útil”, recalcó Montero Ávila. La Verdad.
El acoso callejero, pese a las múltiples iniciativas, campañas de equidad de género y peticiones de recrudecimiento de sanciones, continúa imparable, por lo que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y representantes de grupos apostólicos de las parroquias de San Cristóbal, San Juan, Mejorada, Santa Ana, Tercera Orden, Santa Lucía y Catedral, enclavadas en el primer cuadro de la ciudad, exigen operativos para terminar con este flagelo, y con las modificaciones a la legislación vigente las autoridades están obligadas a nuevas estrategias para castigar este delito.
Es un problema de muchos años, sobre todo por el gran volumen de meridanos que a diario atraviesan el centro de la ciudad, el cual se estima en más de 400 mil.
“Deben realizar operativos y utilizar más videovigilancia, pues quienes le faltan al respeto a las mujeres son reincidentes; lo hacen porque no se les castiga”, señala, Maribel Puc, quien trabaja en una tienda de ropa del centro.
Agrega que “deberían poner stands especializados para denunciar, atendidos por mujeres, porque los hombres, quienes generalmente atienden estos casos, no tienen sensibilidad para manejar las denuncias y la víctima termina retirándose molesta y avergonzada y su victimario es soltado a unas calles o 24 horas después”.
Para el padre Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, para acabar con este problema, que puede derivar en consecuencias mayores, se deben tomar en cuenta tres ejes.
“Debe hacerse una campaña de concientización para que las personas estén conscientes de que al acosar están cometiendo un delito que los puede llevar a la cárcel; concientizar a las víctimas de que deben denunciar y no por desidia y por pena dejar pasar este tipo de delitos, y que haya mayor sensibilidad por parte de la autoridad, que haya más mujeres involucradas en la atención a este tipo de ilícitos, para crear mayor confianza en la ciudadanía y que se sienta más protegida”, señaló.
Carlos Montero Ávila, subdirector de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana de la Policía Municipal de Mérida, indica que “el castigo que está previsto es leve, es amonestación, porque así lo dispone el reglamento, recordemos que es un reglamento emitido en 2003; y seguramente, así como se han hecho muchas modificaciones (a las leyes), este amerite una revisión adicional y un análisis, creo que es necesario”.
“Definitivamente el acoso sexual, o el abuso sexual, que son dos temas muy parecidos, son problemas severos, son conductas antisociales, y donde en una inmensa mayoría las víctimas son mujeres; esta conducta que es antisocial, pude tener dos vertientes para castigarse: uno, si la vemos solo como una conducta que es violatoria de reglas administrativas, nosotros al castigar la falta administrativa lo que hacemos es aplicar el reglamento de Policía y Buen Gobierno, que contempla justamente esta conducta, en artículo 15 se establece el castigo para quienes asedien verbal o físicamente a una persona, con una connotación sexual, está perfectamente establecida la conducta que se castiga”.
“En donde hay acoso existe un motivo para proceder, y cuando se altera el orden, aparece una segunda falta administrativa que es el disturbio, para el disturbio si es permitido castigar de 24 a 36 horas de arresto; y hay una situación, que no es la ideal, pero para nosotros como autoridad tenemos la posibilidad de castigar el tocamiento o el asedio verbal, con la amonestación que es lo que estable el reglamento, o derivado de que también se originó un disturbio, se puede aplicar un castigo más severo que es el de 24 a 36 horas de arresto, que es el que usualmente seguimos nosotros cuando se genera una perturbación del orden público, derivado de la discusión que se da en la vía (pública), del alboroto que se organiza. Pero ahí nos nuestra la normatividad que hay una inconsistencia, porque está resultando más grave el castigo para el disturbio, que para el acoso sexual”, refirió.
Mayor sanción
Destacó que las víctimas tienen la opción de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ya que ahí “se toma en cuenta lo que establece el Código Penal de Yucatán, en sus artículos 308 y 309, ya condenan la misma conducta, pero ya tipificada como un delito; y en donde se pueden aplicar penas de 1 a 5 años. Pero en estos casos se requiere que la víctima presente su denuncia”.
Lamentablemente, subrayó, lo que sucede en el primer cuadro de Mérida es que muchas de las veces las víctimas no acuden a denunciar, y todo queda en un castigo de carácter administrativo.
“Creo que cuando menos en nuestro reglamento de Policía y Buen Gobierno, sería bastante bueno para sociedad que se elevara el castigo, para que haya o no disturbio, con el simple hecho de que una persona asedie o acose a otra aplicara el arresto”.
De igual manera expresó: “Nuestro reglamento no estable todavía como penas el trabajo en beneficio de la comunidad, algunos especialistas recomiendan que se deben sujetar a las personas que tienen este tipo de conductas a un tratamiento, a un apoyo psiquiátrico o psicológico. Es difícil evaluar la respuesta que se pueda tener resultados positivos, a un paciente que se obliga a tomar un tratamiento para cambios y conductas, el principio no es muy adecuado; pero hay otras opciones como charlas más cortas, talleres, pero sí podría ser una opción. Algo se podría establecer, pero hoy no está previsto en nuestra ley”.
“Hay lo que llamamos justicia cívica, que es ese conjunto de herramientas que sirven para que una vez que un hecho ocurre, se aplique justicia y se ve desde reparación del daño, el castigo, la reinserción; y son juicios que no llegan a un juzgado penal, sino el juez calificador del Ayuntamiento; pero hoy el juez no tiene el marco jurídico que le permita imponer este tipo de sanciones o medidas de corrección, sería muy útil”, recalcó Montero Ávila. La Verdad.
