Ciudad de México. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció que su bancada presentará una iniciativa para prohibir y sancionar el hostigamiento telefónico con fines mercadotécnicos o publicitarios.
Anotó que en México no hay evidencia de multas a empresas que practiquen este tipo de hostigamiento, “al contrario, call centers, encuestadores, bancos y empresas acosan constantemente a los usuarios de 20 millones de líneas fijas y 115 millones de líneas móviles registradas”.
Por ello, adelantó que Morena propondrá al pleno reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Argumentó que “a todos nos es cercana la experiencia de recibir, diariamente y de distintos números telefónicos, llamadas con la intención de ofertar la venta de productos financieros o el cambio de proveedores de servicios de telecomunicaciones”.
Advirtió que la gravedad subyacente de estas prácticas radica en el uso indebido de datos personales en posesión de particulares.
La propuesta, apuntó el senador morenista, pretende prohibir expresamente que proveedores y empresas utilicen sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios con fines mercadotécnicos o publicitarios, salvo que expresamente se ha haya brindado un consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco.
Asimismo, agregó el coordinador de Morena, se propone una serie de sanciones para aquellas empresas que no cumplan con este mandato.
Monreal dijo que si bien es cierto que actualmente existen diversos dispositivos legales para combatir el acoso comercial, la realidad es que estos no han sido suficientemente efectivos para salvaguardar los derechos de los consumidores.
La legislación vigente, puntualizó, deja en los usuarios la responsabilidad de solicitar la interrupción del hostigamiento, lo que, según ha sido documentado, tampoco redunda en su cese definitivo. La Jornada.
