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El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, anunció acciones inmediatas y urgentes que le permitirán al instituto bajar su costo operativo hasta en 25%, equivalente a 2,000 millones de pesos.
En conferencia de prensa, informó que también se llevará a cabo una reestructura de 160,000 créditos en una primera etapa, y se revisará, caso por caso, los sobre cobros a trabajadores desde que se hizo el cambio de créditos tasados en salarios mínimos a pesos.
En ese sentido explicó que los créditos en salarios mínimos llegan a ser hasta 50% más caros que los contratados en pesos, y por ello se presentará un programa de reestructura durante el primer trimestre del 2019.
Detalló que se beneficiará con descuentos, en primer lugar, a 160,000 acreditados que estén al corriente en sus pagos, y que presenten un saldo deudor 1.5 veces mayor al saldo original.
Tras presentar los ejes principales de los cambios que se llevarán a cabo en el Infonavit, dio a conocer que también se suspenderán temporalmente las subastas de viviendas abandonadas y recuperadas, pues no ha sido un instrumento que contribuya a resolver el problema de rezago de vivienda.
Martínez Velázquez precisó que en congruencia con el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, de austeridad y eficiencia en el gasto, se llevará a cabo una reestructura administrativa y operativa en el Infonavit, para hacerlo sensible socialmente.
Explicó que en un primer análisis de la situación administrativa del instituto, detectaron incrementos injustificables en salarios y compensaciones de funcionarios de alto rango, que van de 50 a más del 100%, los cuales se eliminarán y ajustarán a la baja.
Asimismo, señaló que se detectaron anomalías como la contratación de vuelos de lujo para funcionarios de primer nivel, por hasta 11 millones de pesos en 2018, contratos que vencieron en noviembre de este año y que ya no se renovarán.
“Haremos una reestructuración responsable y quirúrgica en el Instituto, donde no habrá más salarios que se equiparaban a los de la iniciativa privada mejor pagada”, subrayó.
Dijo además que las adquisiciones dejarán de ser directas y se harán por licitaciones, para evitar prácticas monopólicas absolutas, relativas y la generación de barreras a la competencia y libre concurrencia.
Incluso, Carlos Martínez puntualizó que se solicitó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la realización de un estudio, con el objetivo de diseñar un marco normativo adecuado a la libre competencia. Fuente:Eleconomista.
