(Proceso).- Los poderes del Estado mexicano están a prueba. La decisión del titular del Ejecutivo de bajar la vara para los ingresos de los altos funcionarios públicos, sin considerar particularidades; la obsecuencia de la mayoría oficialista en el Legislativo, que apuró una ley defectuosa; y la determinación del Judicial de atenerse a la Constitución bajo principios ahora encontrados han creado una tormenta perfecta.
Ninguno parece dispuesto a conciliar. Una salida jurídica promete prolongar indefinidamente la confrontación, por lo que crecen las voces para encontrar una solución política y “evitar que un poder venza” a los otros o que se imponga el criterio según el cual “quien tiene la cartera, tiene el control”.
La solución política, consideran especialistas, implicaría que el Legislativo retire la Ley de Remuneraciones por los vicios que contiene y elabore otra. La salida jurídica apunta a que la Corte resuelva no sólo declarándola ilegal, sino incluso desechándola.
La sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de enero y la pronta incorporación de un nuevo ministro a propuesta del presidente López Obrador coronan un enfrentamiento sin precedente.
Aunque se preveía (Proceso 2196), el conflicto escaló en menos de una semana y los tres poderes del Estado salieron a defender sus posiciones hasta ahora irreconciliables. Y en lo que es el origen de la controversia, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados cuestiona si los 108 mil pesos mensuales que se fijó el presidente como salario representan el total de su remuneración. Asegura que podría ganar “substancialmente más” si se consideran prestaciones.
La tempestad se desató el viernes 7, cuando el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, decidió suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que prohíbe que cualquier funcionario público gane más que el presidente de la República. El ministro, uno de los cuatro aspirantes a encabezar el Poder Judicial, congeló la ley de manera indefinida en respuesta a una acción de inconstitucionalidad presentada por la minoría calificada de la oposición en el Senado de la República.
La ley ya había sido impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que recibió más de mil quejas de funcionarios públicos, así como por integrantes del Poder Judicial de la Federación. Esas impugnaciones están a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, otro de los aspirantes a la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
