A un día de la tragedia en el restaurante bar Mocambo de Progreso, que cobró la vida de tres personas y dejó cinco lesionados, se va descubriendo un mar de negligencias al tolerar la autoridad municipal una serie irregularidades que, de haberse procedido a tiempo, pudieron evitar el fatal accidente.
Desde noviembre de 2018 el
ayuntamiento que encabeza Julián Zacarías Curi sabía que el local no estaba en
condiciones de operar, pero se consintió que siguiera funcionando.
De acuerdo con lo que se
averiguó, en abril de 2018 Carlos Baeza Manzanero, el dueño actual, compró el
restaurante y en mayo arrancaron las obras de remodelación.
En junio se abrió la primera
parte de la remodelación, y asistió como invitado el entonces diputado federal
Francisco Torres, presidente del comité municipal del PRI en Mérida.
La palapa ubicada en el segundo piso, donde ocurrió el
derrumbe, se puso en funcionamiento en septiembre, y al mes siguiente, ya en
funciones, el alcalde Zacarías Curi inauguró el remodelado restaurante.
En noviembre la actual
administración municipal realizó diversas inspecciones a establecimientos del
puerto, incluyendo el Mocambo, donde se detectan diversas irregularidades.
En el caso del Mocambo, las
cosas estaban tan mal que la inspección arrojó que “no cumplía con los requerimientos
necesarios para operar, motivo por el cual fue levantada el acta
correspondiente invitando a los propietarios a regularizar las referidas
observaciones”, se cita en un boletín que distribuye este lunes el ayuntamiento
de Progreso.
De acuerdo con el mismo comunicado, en ese mismo mes
de noviembre de 2018, “con la finalidad de obtenerla renovación de la licencia
de funcionamiento fue recibida en Desarrollo Urbano una solicitud firmada por
el propietario o responsable del comercio, solicitando el uso de suelo para
funcionamiento, el cual no fue expedido por no haber cumplido con los
requisitos necesarios para el mismo”.
El propio boletín reconoce que “Mocambo funcionaba de manera irregular al amparo de una licencia expedida el año 2017, al igual que numerosos establecimientos del municipio lo hacen hasta la presente fecha, donde se tiene un número de aproximadamente 328 comercios dedicados a la venta de licor, de los cuales únicamente 40 han acudido a la invitación de regularizarse”.
Y para rematar, la oficina de
prensa de Julián Zacarías menciona que “cabe recalcar que si bien, una de las
labores primordiales del Municipio es la regulación de la operación de los
giros comerciales en condiciones de seguridad para los usuarios de los mismos,
no menos cierto es que la autoridad debe generar las condiciones para el
mantenimiento de los empleos existentes”.
Abogados consideran que en casos como este, es
factible el concierto de responsabilidades jurídicas, pues es probable que
además de la civil y penal, coexistan la administrativa y/o la patrimonial del
estado, ya que no se concibe que si el ayuntamiento no otorgó la respectiva
licencia de funcionamiento o de uso de suelo, no hizo lo propio para clausurar
el local; situacion que pudo evitar tal trágico desenlace.
El día de la inauguración del
nuevo Mocambo, se mencionó que el edificio, de bloques y vigas, fue construido
hace unos 45 años, luego de que se retirara la casa de madera que albergó
originalmente a esa conocida cantina fundada en 1933.
La cornisa del lado norte, la
que se desplomó, no tenía refuerzos, pues las vigas están colocadas de oriente
a poniente.
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