Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán, nos enviaron el siguiente escrito a que continuación transcribimos:
Como era de esperarse, el 7 de febrero pasado, el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, a cargo del Magistrado Presidente, licenciado Cesar Andrés Antuña Aguilar, resolvió que no era procedente la demanda de pago de bono interpuesta por más de 400 trabajadores, conformados por el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Pues inicialmente a dichos trabajadores, les pagaban anualmente, en el mes de diciembre, 30 días de sueldo, como compensación, debido a que principalmente a los trabajadores judiciales, no se les paga horas extras, no se les proporciona ayuda en viáticos, a excepción únicamente de los juzgados foráneos.
Es por lo que dicho pago de bono, les permitía de alguna manera, equilibrar su economía, pues los recursos del pago de bono, provenían del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, que es la Institución independiente encargada de administrar el dinero que ingresa por diversos conceptos de las ramas penal, familiar, mercantil y civil y que forma parte del Patrimonio del Poder Judicial del Estado.
Sin embargo, desde años anteriores, el pago de bono que inicialmente se les daba de 30 días, fue disminuyendo año con año, hasta que en el año 2016, se les dio una mísera cantidad de 6 días de salario de bono, por lo que desde luego, dicho numero de trabajadores del Poder Judicial del Estado, se inconformaron e interpusieron su demanda ante ese Tribunal, por haber disminuido tan drásticamente el pago de bono en cuestión, que afectó principalmente a los que devengan sueldos muy bajos.
Desde luego ese pago de bono, les permitía cubrir sus deudas o diversos gastos, por lo que el Poder Judicial del Estado, por medio de su titular, quien lo era en ese entonces el “doctor en derecho” Marcos Quintal Celis dijo: “que los recursos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, habían disminuido”, pero sin acreditarlo en forma alguna, pues solo con su dicho, pretendió que se conformaran los empleados, con la ridícula cantidad de 6 seis días de pago de bono.
Ello, sin tener la certeza y seguridad de cuánto dinero había en la cuenta del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado, pues desde años atrás desde la administración de Ivonne Ortega, se presumió que hubo un desfalco en la cuenta de dicho Fondo, por casi 40 millones de pesos, y hasta la fecha, no existe transparencia alguna en el manejo de dinero esa cuenta, pues se sabe por todos, que obligaban a jueces a endosar los recibos oficiales, a favor de ese Fondo, para pretender tapar ese desfalco, aunado a que no están al corriente de los pagos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores en el I.S.S.S.T.E.Y.
A muchos trabajadores no les ha permitido dignamente pensionarse o jubilarse, lo que generó más aun la sospecha, de que el dinero del presupuesto que le asignan al Poder Judicial del Estado, no se maneja con responsabilidad y existe desvío de recursos, pues incluso para pretender aparentar que no ha pasado nada, han cambiado de titulares de la administración de ese Fondo Auxiliar, siendo personas de confianza y tapadera de Marcos Celis Quintal, para que así obviamente, no se investigue dicho desfalco.
Lo que ha generado desde entonces, una molestia generalizada entre todos los empleados judiciales, al no contar con ese pago de bono, como inicialmente se les había dado de 30 días, pues cabe señalar que ese dinero del Fondo Auxiliar, al formar parte del patrimonio de dicha Institución, los empleados tienen derecho al reparto de esos recursos, pues resulta equivalente o similar, al pago de utilidades que se otorga en las empresas privadas.
Luego entonces, la demanda interpuesta por parte de los trabajadores, resulta justa y conforme a derecho, pero como era de esperarse, el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, al pertenecer al Poder Judicial del Estado de Yucatán, siendo esta ultima parte demandada, desde luego no iba a favorecer a los trabajadores en su justa demanda.
Asimismo, al haber sido una demanda colectiva, dicho Tribunal de Trabajadores, eligió a un representante común, y como era de suponerse eligió al seudo líder sindical Renan Puc Chi, quien desde el inicio hasta el fin del juicio, conjuntamente con un defensor particular o apoderado legal, prácticamente hicieron una defensa ficticia, para aparentar que estaban a favor de los trabajadores, y si en cambio cobraron una buena cantidad de dinero a dichos trabajadores por llevar la secuela de dicho juicio.
De igual manera, el citado Renan Puc Chi, avisó sospechosamente hasta cinco días después, solo a los que conforman su espurio sindicato de trabajadores que está conformado apenas por 60 personas, de dicha resolución absolutoria, y no conforme con eso, les cobro a sus sindicalizados y demás empleados, la cantidad de $370.00 para que les proporcionara la copia de ese laudo o resolución, para así jalar más dinero para sus arcas.
Ello denotando el pleno favoritismo hacia sus patrones y con la finalidad de que los empleados no se enteren del contenido de esa resolución absolutoria.
Asimismo, Renan Puc Chi, dio avisó vía Whatsapp, porque se vio presionado y no le quedo de otra, que interpondría demanda de amparo directo en contra de la resolución absolutoria, pero señalando que los que quisieran sumarse a la demanda de amparo, les cobraría adicionalmente una cantidad de dinero aproximada de $1,000.00, excepto los sindicalizados que no les cobraría nada, pero si les cobro por dichas copias.
Además que sospechosamente en su página del sindicato, vía Facebook, nunca hizo pública la resolución que perjudico a los trabajadores, denotando con su acción, que está a favor desde luego de sus patrones, ya que tiene que agradecerles, porque son los que lo pusieron como líder sindical, pues le han dado toda clase de privilegios y con un sueldo equivalente al de un secretario de estudio y cuenta y sin laborar.
Aunado a que ya negoció con los mismos, de que realizara una demanda de amparo deficiente y carente de argumentos y fundamentos jurídicos, para que así desde luego, se confirme la injusta resolución emitida por parte del Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, a cargo del Magistrado Presidente, licenciado Cesar Andrés Antuña Aguilar.
