Gastos
innecesarios, subejercicio de recursos, inmuebles en estado crítico y falta de
comprobación en el uso del dinero fueron algunas de las irregularidades
detectadas en la administración pasada del Consejo de la Judicatura Federal
(CJF), que generaron un daño patrimonial por cinco mil 428.29 millones de pesos
y que hoy lo mantienen bajo presiones financieras.
De acuerdo
con el "Informe de Primeros Hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de
Administración del CJF", al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, así dejó el
organismo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
Luis María Aguilar Morales, al término de su encargo el pasado 31 de diciembre
de 2018.
Según el
documento, entregado el pasado 27 de marzo a los integrantes del pleno del CJF,
las anomalías fueron detectadas en el presupuesto 2018 en áreas como la renta
de inmuebles y su mantenimiento, la creación de nuevos órganos
jurisdiccionales, pago de seguros, administración de recursos humanos, obra
pública, contrataciones, inventario físico, archivo y documentación,
tecnologías de la información, protección civil y modelo de gestión
administrativa.
Además,
señala que el CJF omitió solventar 797 observaciones de las auditorías que
realizó la contraloría y 47 acciones derivadas de las 14 revisiones que hizo la
Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El reporte
—que se efectuó en los primeros 60 días siguientes a que concluyó la
administración de Aguilar Morales— destaca que durante 2018, el CJF obtuvo un
presupuesto por 61 mil 838 millones de pesos, del cual se detectó un
subejercicio por casi cinco mil 500 millones de pesos y aunque para 2019 se
aplicó una reducción presupuestal de 8.7% —seis mil 460 millones 188 mil 830
pesos—, el CJF se quedó sin recursos para mantenimiento y fortalecimiento de
infraestructura.
"El
impacto afectó parcialmente rubros del gasto corriente y en su totalidad la
inversión, situación contraria a la que se presentó en 2018, que de haberse
implementado medidas correctivas en el ejercicio, sobre todo agilizado los
diferentes procedimientos de contratación, tanto de adquisiciones como de
servicios y de obra pública, significaría que para 2019 no se tendría la
dimensión de las presiones de gasto que a la fecha se han identificado",
indica el informe.
"No se
cuenta con presupuesto para mantenimiento y fortalecimiento de la
infraestructura, entre otros conceptos de gasto, lo cual podrá afectar la
operación de los inmuebles a cargo del CJF", subraya.
El informe
precisa que las empresas aseguradoras contratadas por el CJF le deben 50.1
millones de pesos sin que hasta el momento exista un registro de que la
administración de Aguilar Morales requiriera la reintegren de ese dinero al
organismo.
Pérdidas en
los edificios. Actualmente, el CJF cuenta con 660 inmuebles, 52% de ellos
corresponden al programa de vivienda para magistrados y jueces.
En su
revisión, la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF detectó que las
irregularidades en la administración de los inmuebles provocaron un daño
patrimonial por 426.7 millones de pesos, pues el CJF renta cinco edificios para
órganos jurisdiccionales y archivo transferido de la SCJN, mismos que no están
en uso, lo que genera pagos por 11.8 millones de pesos anuales y fueron
destinados 48.9 millones de pesos a hacer adecuaciones por las cuales se pagaron
14.3 millones de pesos.
Los
inmuebles rentados que no están en uso se ubican en Apizaco, Tlaxcala, por el
que se paga una renta mensual de 250 mil pesos y en el que la CJF ha gastado
10.5 millones en adecuaciones. En Chetumal, Quintana Roo, implica una renta
mensual de 85 mil pesos y se han realizado adecuaciones por 3.8 millones de
pesos; Ciudad del Carmen, Campeche, con renta de 288 mil; Tepic, Nayarit, con pago
de mensual por 225 mil pesos, y Coatzacoalcos, Veracruz, por el que el
organismo paga 187 mil pesos.
De lo
edificios de la CJF, 153 se encuentran en estado crítico, y fueron
identificados 29 inmuebles que requieren atención a corto y mediano plazo, para
lo cual se requieren 366 millones de pesos; sin embargo, el organismo no cuenta
con recursos.
Uno es el
edificio Canoa, donde opera el Centro de Cómputo principal del CJF, que tras el
sismo de septiembre de 2017 requiere ser reforzado, para lo cual se necesitan
18 millones de pesos para su rehabilitación. Derivado de ello, el personal y
órganos jurisdiccionales fueron reubicados a espacios rentados en la carretera
Picacho Ajusco con una mensualidad de 429 mil 87 pesos más 42 mil 896 pesos de
mantenimiento.
En el
Edificio Américas en Guadalajara, Jalisco, se requieren 165 millones de pesos
para el reforzamiento estructural; en Nezahualcóyotl, Estado de México, un
inmueble en la colonia Ampliación La Perla que fue adquirido por la Corte en
1990 fue invadido desde 2016, por lo que el CJF solicitó a la Dirección General
de Asuntos Jurídicos que inicie las acciones legales.
Además,
están pendientes por calcular los daños financieros derivados por la
construcción de la Ciudad Judicial en Zapopan, Jalisco, junto a una central de
distribución de gas LP que almacena un millón de litros.
Irregularidades
descubiertas
De acuerdo
con el "Informe a Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura
Federal", las anomalías fueron detectadas en el presupuesto 2018 en áreas
como:
Renta de
inmuebles y su mantenimiento.
Creación de
nuevos órganos jurisdiccionales.
Pago de
seguros.
Administración
de recursos humanos.
Obra
pública.
Contrataciones.
Inventario
físico, archivo y documentación.
Tecnologías
de la información.
Protección
civil.
Modelo de
gestión administrativa.
OTROS DATOS
Dinero
tirado su beneficio. En el Informe de Primeros Hallazgos de la Secretaría
Ejecutiva de Administración del CJF se detalla que cinco inmuebles rentados por
el Poder Judicial no se usan pero se paga por ellos 11.8 millones de pesos por
año.
Mala administración. Las auditorías y revisiones revelaron que de haberse implementado medidas correctivas en el ejercicio del gasto en 2018, y de haber agilizado los procesos de contratación, no se tendían presiones financieras de 2019.
SUN.
