El 26 de octubre de 2010, cuando Christian Téllez Padilla
recorría las calles de Poza Rica, Veracruz, dos vehículos de la policía local
lo alcanzaron y le impidieron el paso; con gritos y jaloneos, un grupo de ocho
personas lo sacó de su carro y lo subió a la fuerza a una camioneta.
Cuando la esposa del joven, quien había atestiguado los
hechos, le relató lo sucedido a la familia de Christian, todos se trasladaron a
la Policía Intermunicipal de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla para pedir
información; sin embargo, el responsable de esa institución les advirtió que
ahí no se encontraba ningún detenido.
La sede de la Policía Intermunicipal fue a la primera
dependencia a la que acudieron los familiares de Christian porque su pareja
reconoció los carros y a algunas de las autoridades que trabajan en ese lugar.
"Fuimos a las instalaciones y nunca nos enseñaron la
lista de los detenidos y tampoco nos enseñaron las fotografías de los
trabajadores. No accedimos a la justicia desde un inicio porque el caso cayó en
las manos de la Policía Intermunicipal, de quienes también recibimos amenazas
de que nos fuéramos o nos iba a pasar lo mismo que a mi hijo", aseguró
María Eugenia Padilla, madre de Christian.
En entrevista con EL UNIVERSAL, relató cómo, a pesar de que
han pasado casi nueve años de la desaparición del joven, ninguna autoridad
municipal, estatal y federal los ha apoyado.
Incluso un año después se dio a conocer que uno de los
policías municipales que rechazó haber detenido a Christian comenzó a ser
investigado por el delito de delincuencia organizada y por ser un presunto
integrante de Los Zetas.
"Lejos de ayudarnos, las mismas autoridades se han
convertido en piedras en el camino de nosotros. Nadie nos ha respondido por lo
ocurrido con mi hijo; nada más se echan la bolita los unos a los otros",
dijo Eugenia.
La revictimización hacia ella y su familia ha sido una
constante en todo este tiempo; incluso reclamó que hasta en la antigua
Procuraduría General de la República (PGR) intentaban bloquear las
investigaciones y trataron de convencerla de que no siguiera con la denuncia.
"Salió peor cuando llevamos el caso a la Ciudad de
México: cuando [en el] Ministerio Público me [tomaron] la denuncia, me
[preguntaban] si estaba segura de querer [hacerlo], porque ‘si mi hijo estaba
metido en algo, lo iban a agarrar’".
Con todas estas adversidades, la señora Eugenia acudió a la
organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos , que presentó el caso
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015.
Fue hasta el mes pasado cuando el organismo internacional
responsabilizó al Estado mexicano por haber participado en la desaparición de
Christian. Debido a esa resolución, la primera en su tipo para nuestro país,
ahora el gobierno debe retomar las investigaciones, rendir un informe y
castigar a los responsables de los hechos.
"Desde que desapareció mi niño, vivimos con miedo.
Ahora no dejo de pensar en mis sobrinos, por ejemplo, que pueden salir y no
regresar nunca más. A pesar de que en este gobierno prometieron encontrar a
todos los desaparecidos, no han cumplido, se han echado para atrás",
finalizó Eugenia.
Fuente: El Universal
