“El 80 por ciento de los municipios de México están gobernados por autoridades que tienen vínculos directos o indirectos con el crimen organizado en cualquiera de sus modalidades”, dijo a SinEmbargo el escritor y periodista Ricardo Ravelo Galó.
Para el especialista en crimen organizado, “esto quiere decir que [los criminales] tienen el 80 por ciento de las corporaciones policiacas estatales y municipales bajo control”, y “esa es la razón por la que no hay seguridad” en el país.
Hoy en día existen nueve grandes cárteles a nivel nacional –Arellano Félix (o de Tijuana), Beltrán Leyva, Carrillo Fuentes (o de Juárez), Golfo, Caballeros Templarios, Sinaloa (o del Pacífico), Jalisco Nueva Generación, La Familia y Los Zetas– además de cinco –Los Viagras, del Noreste, del Poniente, del Sureste y Nueva Plaza– que han ido cobrando fuerza en los últimos cinco años.
Esta cantidad de grandes organizaciones criminales es dos veces mayor a la que la Procuraduría General de la República –hoy Fiscalía General de la República (FGR)– reconoció en 2005, cuando los principales cárteles eran los de Tijuana, Sinaloa, Juárez y Colima (que fue absorbido por el CJNG hace poco más de 10 años).
El aumento de grupos delictivos –entre los que se cuentan al menos 74 brazos armados de los principales cárteles a nivel nacional– fue un proceso natural por la adaptación del crimen organizado a las demandas de mercado, según la doctora Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de Política y Gobierno de la Universidad estadounidense George Mason.
Hoy en día “tenemos muchas células operando como células complejas adaptativas”, dijo la especialista en crimen organizado. Esto quiere decir que hubo un proceso de “fragmentación” de los grupos delictivos durante los últimos 19 años, en que las organizaciones delictivas se fueron especializando y organizando para competir por el mercado de la droga y de otras actividades criminales (armas, extorsión, prostitución, secuestro, trata, entre otros).
Entre los momentos clave para entender la evolución del crimen organizado en México están la “transición política del 2000”, la aparición de Los Zetas entre 1993 y 2003, así como el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” de 2006.
Durante esos años, ocurrió el desmantelamiento de las estructuras tradicionales de poder de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la militarización de los cárteles mexicanos y la implementación de estrategias frontales más violentas para defenderse del Estado Mexicano, coincidieron Ravelo y Correa-Cabrera.
Debido a la naturaleza del crimen organizado mexicano –que opera como un conjunto de “empresas criminales” motivadas por el dinero, más que por la “infiltración política” que tienen y que las alimenta– el Gobierno federal tendrá el reto de luchar en contra de “la criminalidad que se genera por el vacío de Estado que priva en todo el país”, con dinámicas que van mucho más allá de la Guardia Nacional, los programas sociales y el fin de la guerra contra el narcotráfico, explicaron Ravelo y Correa-Cabrera a SinEmbargo.
“Ya están militarizados, ya saben cómo extraer rentas, tienen acceso a armas de alto calibre y no les puedes decir ‘¡pórtense bien!’ porque no tenemos todavía la capacidad económica para darles trabajos” que cubran los ingresos que tienen dedicándose a lo que se dedican. Por ello, la doctora Guadalupe Correa-Cabrera afirmó que aunque la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es “interesante”, es insuficiente para cubrir el tamaño del problema en un contexto en que hay “muchas promesas”, pero en un país con una economía que “no está creciendo”.
Para Ravelo, las acciones del actual gobierno “permiten ver un futuro inmediato muy negativo”, ya que su estrategia plantea combatir las carencias como punto de origen de la violencia, cuando “en realidad”, la delincuencia se origina por la falta de Estado de derecho.
Como ejemplo mencionó el caso de Tamaulipas, en donde no hay Estado de derecho. “Es decir, hay una autoridad gubernamental, hay una Fiscalía y hay policías; pero estas están al servicio del narcotráfico. Lo mismo pasa en Guerrero y en Michoacan, donde hay vacíos de Estado porque no se aplica la Ley; porque aún conociendo quiénes están vinculados al narcotráfico, el Gobierno federal no actúa para desmantelar a los grupos criminales ligados a la política”.
Para los analistas, la experiencia internacional (Colombia e Italia) indica que la solución está en el reforzamiento del Estado de derecho y en la persecución de redes criminales de empresarios y políticos ligados a grupos delictivos, por lo que se vuelve esencial un sistema de inteligencia financiera y fiscal, además de estrategias de bienestar, combate a la pobreza y reestructuración del combate delictivo frontal.
