Oaxaca.- La incertidumbre lastima la vida de los campesinos de Santo Domingo Ingenio, a quienes en menos de dos semanas les llegaron las malas noticias con la rapidez con la que se propaga el Covid-19. Primero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó en suspenso la construcción de dos centrales eólicas, ya aprobadas en consultas, y luego amagó con que revisará los contratos de compra de electricidad con cinco parques eólicos instalados en este municipio del Istmo de Tehuantepec.
Fernando García Ríos, presidente del Ejido Santo Domingo, dice que las diferencias entre el gobierno y los empresarios eólicos deben resolverse a través del diálogo, sobre todo porque podrían afectar a los campesinos en cuyas tierras están asentados los parques.
“Nosotros vamos a apoyar al gobierno, porque también queremos que se revisen todos los contratos que se firmaron con las empresas, pero le pedimos que valore los ingresos que obtienen los campesinos con la renta de sus tierras, porque con el campo abandonado y la ganadería víctima de largas sequías, sólo nos quedan las eólicas”, dice.
En Santo Domingo Ingenio la incertidumbre y el miedo de las familias a perder su fuente de ingresos tiene una razón histórica. Desde su fundación, en 1837, la comunidad dependió de la producción de caña de azúcar con la operación del ingenio La Tehuana, que cerró en 2010 y dejó mil personas sin empleo. La angustia terminó dos años después, cuando la empresa española Iberdrola ganó el contrato para construir una central eólica y generar electricidad para la CFE.
En ese entonces, finales de octubre de 2012, Jordy Hernán Herrera, quien se desempeñaba como titular de Energía en el gobierno de Felipe Calderón, anunció que para 2024 “la generación de electricidad de nuestro país, a partir de energías no fósiles, deberá alcanzar, por ley y por mandato, hasta 35% del total”.
Con ese respaldo federal, entre 2012 y 2015, Santo Domingo Ingenio vio la llegada de otras empresas como la española Acciona, que obtuvo los permisos para construir los parques Oaxaca II, III y IV, cuya producción de energía tiene como cliente principal a la Comisión Federal de Electricidad, que recientemente aseguró que paga hasta el triple del valor de la energía que le compra a las eólicas y que por ello revisará la condiciones de los contratos.
Desde que empezaron a funcionar los parques eólicos en Santo Domingo Ingenio, la CFE ha desembolsado casi 20 mil millones de pesos por la compra de electricidad, un porcentaje de ello, poco más de 2 mil 600 millones de pesos, se consideran pérdidas por la compra de electricidad a sobreprecio, según datos de la propia empresa productora del Estado. Es por ello que crece la inquietud de los lugareños, pues temen que el gobierno federal deje de comprar electricidad a las centrales eólicas.
“Si el gobierno ya no les va a comprar, ¿qué pasará con nosotros?, ¿perderemos los contratos firmados con las empresas?”, cuestiona García Ríos a nombre de quienes rentan las tierras.
Advierten problemas sociales
Amelia Gómez Ríos, presidenta municipal de Santo Domingo Ingenio, advierte que las determinaciones de la CFE, si no van acompañadas de voluntad y diálogo, crearán conflictos sociales en todos los municipios del Istmo.
“Una revuelta de los pueblos no ayudará a jalar inversiones en el marco del programa del Corredor Interoceánico”, expresa con preocupación. Además, comenta, al municipio le preocupa lo que pasará con los 700 campesinos que firmaron contratos con dos compañías eólicas que tienen el permiso de la comunidad, vía consulta, de empezar la construcción en cuanto la pandemia lo permita y que ya lograron un amparo, mismas que están a expensas de la determinación de la CFE de suspender operaciones.
De acuerdo con los ejidatarios, las empresas eólicas en vías de construir y producir energía entregan anualmente casi 4 mil pesos por hectárea a cada uno de los dueños de las tierras del polígono de la central.
“Estamos esperando que arranque la producción, porque con ella ganaremos más y habrá empleos en la etapa de construcción”, dice el líder ejidal Fernando García Ríos.
Pero si el gobierno está decidido a revisar los contratos, la presidenta municipal solicita, entonces, que también revise las cláusulas que firmaron los campesinos con las compañías, y las tarifas que la CFE cobra a los consumidores domésticos, “porque no se vale que paguemos la luz cara en esta zona del sur oaxaqueño donde la producimos”.
Aprender a vivir con la industria
El estira y afloja con las empresas eólicas no es algo nuevo en el Istmo de Tehuantepec. A finales de noviembre de 2009 se inauguró en el poblado de La Ventosa, perteneciente a Juchitán, el primer parque privado que años después abriría la puerta a inversiones de miles de millones de dólares en la región. Desde entonces han llegado otras 22 centrales que producen electricidad con la fuerza del viento, y los campesinos han ido aprendiendo a negociar con los inversionistas.
En La Ventosa funcionan cinco parques eólicos, propiedad de las empresas Iberdrola (España), que tiene dos; Acciona, uno (España), EDF (Francia) y Grupo México. Los conflictos son con los inversionistas mexicanos, quienes se niegan a dar recursos para obra social, a diferencia de los extranjeros.
José Vera Cartas, agente municipal de La Ventosa, dice que en 2019 Iberdrola entregó 2 millones 500 mil pesos para obra social en esa comunidad.
Los recursos se destinaron a pavimentaciones de calles, introducción del drenaje y bardeado de escuelas.
“Creo que Grupo México necesita comprender que en nada ayuda una actitud negativa como la que muestran sus funcionarios”, comenta esta autoridad auxiliar.
Algo similar pasa en El Espinal, municipio donde funcionan seis parques eólicos, de los cuales dos se han declarado en rebeldía y no aportan recursos para la obra social, acusa el edil morenista, Hasael Matus Toledo. Se trata, dice, de las empresas EDF y Peñoles.
Voceros de EDF aseguran que la empresa sí aporta sus contribuciones, pero no a la autoridad municipal, sino a los dueños de las tierras donde están los aerogeneradores.
Vía El Universal
