Organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades.
Aseguraron que la construcción del megaproyecto denominado Tren Maya pone en peligro al territorio del pueblo maya y al acceso al agua en condiciones óptimas de las comunidades y poblaciones en la península.
Las organizaciones que promovieron la solicitud de medidas cautelares son la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, las cuales argumentaron que la aplicación de medidas cautelares permitiría proteger el acuífero subterráneo de la península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos.
Aseguraron que la construcción del megaproyecto amenaza con recrudecer la ya vulnerable situación ambiental del sistema de cenotes, puesto que en el pasado el Estado mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro, “siendo un promovente importante del desarrollo de megaproyectos turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que utilizan y contaminan sus aguas”.
Acusaron a las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno de ser omisas en asegurar una infraestructura adecuada y suficiente para el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de los residuos sólidos. Además de haber otorgado concesiones para carga y descarga de agua que son operadas sin control ni medidas de prevención ni mitigación, poniendo en peligro el patrimonio histórico, identitario y cultural de los pueblos mayas, así como su salud y sus vidas.
Estos daños a los derechos del pueblo maya se agravarían con el desarrollo del Tren Maya, el cual aumentaría considerablemente el proceso de deterioro de los territorios indígenas y del sistema de cenotes, ya que incluye la construcción de nuevas ciudades, nuevas zonas hoteleras, parques agroindustriales y distintas estaciones; y que proyecta un aumento del arribo de 3 a 4 millones de turistas a la región por año”, refirieron.
Señalaron que el gobierno mexicano ha sido omiso en el cumplimiento de su obligación internacional de realizar los estudios de impacto ambiental y social de manera previa, transparente y pública; “aun así, tal y como ha reconocido el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el pasado 30 de abril se dio inicio a la construcción del megaproyecto”.
Según las organizaciones, la falta de estudios ha impedido identificar plenamente las posibles afectaciones al ambiente, y a las comunidades indígenas y campesinas; incluso, mencionaron se ha hecho pública la intención irresponsable de exentar al megaproyecto del cumplimiento de esta obligación.
Es indispensable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue las medidas cautelares solicitadas, dado que el megaproyecto Tren Maya continúa sin ajustarse a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, permitiendo así la pérdida del patrimonio natural y biológico del pueblo maya, y violando de manera irreparable su derecho al territorio y el derecho humano a acceder al agua limpia y salubre, concluyen.
Medidas cautelares
Apenas el pasado 14 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de los pueblos originarios de la península de Yucatán, dirigidas a Fonatur, para que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales relativas al proyecto del Tren Maya.
Según las organizaciones que promovieron el recurso, ante la contingencia por el Covid-19, se actualizan la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, la integridad personal y la vida, de los habitantes de las regiones en donde avanza el proyecto del Tren Maya, por lo que solicitó al Fonatur que suspenda todas las actividades “no esenciales” relativas a dicho proyecto.
Las organizaciones que promovieron el recurso ante la CNDH son Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Red de Productores de Servicios Ambientales “Ya'Ax Sot' Ot' Yook'ol Kaab” y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinb.
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