La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió este jueves a trámite la controversia constitucional presentada por el gobierno de Michoacán en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública hasta 2024, cuando finaliza su mandato.
“Se tiene por presentado al promovente y se admite a trámite la demanda que hace valer, con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia”, indica la lista de notificaciones de la sección de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad consultada por Infobae México.
La controversia fue promovida por el gobierno de Michoacán, que encabeza Silvano Aureoles, del opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática), a través de su consejero jurídico, Víctor Lenin Sánchez, y fue admitida por la magistrada Margarita Ríos Farjat, a quien le fue turnado el caso. Curiosamente, la ministra de la Corte fue propuesta por López Obrador para ocupar el lugar del renunciante Eduardo Medina Mora.
“Por otra parte, se tiene como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo Federal, por lo que emplácesele con copia simple del escrito y el anexo para que presente su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles”, añadió la Corte.
Además, el máximo Tribunal del país también ordenó que la Fiscalía General de la República (FGR) “manifieste lo que a su representación corresponda” hasta antes de la celebración de la audiencia de ley.
Sin embargo, la SCJN precisó que “no es el caso dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, dado que el Poder Ejecutivo Federal tiene el carácter de demandado en el presente medio de control constitucional”.
Hace unos días, la ministra Ríos Farjat le pidió al municipio de Colima que aclarara su controversia constitucional, promovida en el mismo sentido que el gobierno michoacano. Para ello, le otorgaron a la capital de la entidad cinco días hábiles para cumplir con los requerimientos de la SCJN.
“A fin de proveer lo que en derecho proceda respecto a la promoción de la demanda, se previene al municipio actor en los términos siguientes: precise la norma general, decreto o acto cuya invalidez sea materia de impugnación, y si en adición impugna diversos actos”, señaló la Corte este martes, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
Estas controversias constitucionales no son las únicas que se han presentado contra el acuerdo que, en mayo, López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para decretar la participación permanente de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última hasta 2024.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, también presentó el viernes pasado una controversia constitucional ante la SCJN, para que el máximo Tribunal emita su opinión sobre el polémico acuerdo, ampliamente criticado por distintas esferas de la sociedad. Algunos críticos hicieron énfasis en la contradicción de este decreto y la promesa de campaña de López Obrador de “pacificar” al país.
Sin embargo, hasta ahora, la Corte no ha indicado si la impugnación que Rojas realizó será admitida o no. Mientras tanto, la postura de la diputada del opositor PAN (Partido Acción Nacional) fue ampliamente rechazada por los diputados de Morena, el partido de López Obrador y con mayoría en las dos Cámaras del Congreso.
Los legisladores oficialistas aseguraron que el Pleno de la Cámara de Diputados votará en contra de la decisión tomada por la actual presidenta. “Nos parece un despropósito que la demanda presentada por la presidenta cuestione la potestad del Ejecutivo para ejercer su facultad constitucional de proveer en la esfera administrativa la observancia de las leyes del Congreso”, indicaron.
Sin embargo, incluso al interior del grupo parlamentario de Morena hubo desacuerdos. El veterano y respetado diputado Porfirio Muñoz Ledo, una de las voces más independientes del Congreso, manifestó que, “con independencia de la razón jurídica que asista a esta demanda, corresponde a la Suprema Corte determinar su procedencia y resolver en consecuencia”.
“Sorprende por tanto que nuestro grupo pretenda descalificarla de antemano con adjetivos: ‘inadmisible', ‘obstinación', ‘obstaculizar', ‘coartada', ‘sabotear', ‘oposición', ‘desleal', ´maniobra', ‘proceder furtivo', ‘facciosa', ‘deplorable’ y ‘degradó la dignidad de su cargo'”, añadió.
Por otra parte, los senadores del PAN no ha perdido tiempo en mostrar su abierta oposición al decreto, que califican de “militarista”. Dos jueces federales admitieron los amparos que diferentes senadores de la oposición interpusieron contra el acuerdo.
El primer caso se trata del amparo solicitado por el senador Raúl Paz Alonzo del PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición parlamentaria de la actual administración. La jueza Dinorah Hernández Jiménez, del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió su demanda, de acuerdo con los estrados consultados por Infobae México.
Sin embargo, la jueza Hernández Jiménez precisó que la suspensión solicitada por el legislador panista para el efecto de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea de manera subordinada y complementaria a las autoridades civiles, y no de manera coordinada, fuera declarada “sin materia”.
Otro de las demandas presentadas fue admitida parcialmente por un juez del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. “Se desecha parcialmente la demanda de amparo pero se admite”, indicó, sin precisar el nombre del legislador que presentó este recurso.
