Durante abril, 12 millones de mexicanos perdieron su ingreso por suspensiones laborales derivadas de la pandemia por coronavirus SARS-Cov-2.
Fueron 2.1 millones los empleos formales que se vieron afectados y 10.4 millones de empleos del sector informal, de acuerdo con la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), realizada por el Inegi, y cuyos resultados se dieron a conocer en junio.
La estimación oficial del Banco de México apunta a la pérdida de 1.2 millones de empleos formales durante 2020, mientras que, hasta abril, ya se habían reducido 550,000 plazas en los registros de empleados que cotizan ante el IMSS. Muchos de los empleos afectados pertenecen a sectores donde las labores no pueden realizarse de manera remota, principalmente en servicios, turismo y plantas de producción.
Una vez que la emergencia se disipe, se prevé que la recuperación económica genere un rebote en los indicadores de empleo, pero éste podría ser lento.
Eduardo Solís, expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y consultor internacional, explicó que, aun con la reactivación de sectores esenciales, las plantas del sector automotriz operan sólo entre un 10 y un 25% respecto de la producción habitual, lo cual supone que las nóminas no volverán a los niveles previos a la emergencia sanitaria, ni siquiera durante 2021, pues no se prevé una recuperación vigorosa en la venta de vehículos.
Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), advierte que algunas prácticas, como la precarización en salario y contratos por proyectos y sin prestaciones de ley, se intensificarán.
“Antes de la crisis por Covid-19, ya teníamos una realidad en la que se generaba muy poco empleo. Lo que vemos ahora es que incluso la población del sector informal ha perdido sus fuentes de ingreso y no hay opciones de incorporación al mercado formal. Esta crisis requiere soluciones de política pública”.
Son muchas las voces que han pedido apoyos públicos para evitar la pérdida de empleos. Las cúpulas empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) o el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han presentado propuestas, que van desde exención o prórrogas para el pago de impuestos y cuotas patronales, hasta un subsidio al salario que mantenga las nóminas a flote durante la contingencia.
Sin embargo, ninguna de estas propuestas ha sido puesta en marcha por el gobierno como parte de la estrategia de política pública.
“Hay 82 países que ya financian programas para evitar el desempleo, y México no lo ha considerado. Incluso, surgió una propuesta para retirar dinero de las Afores como una medida de apoyo. Lo que tenemos que considerar es que no haya habido algo más permanente en América Latina que las soluciones transitorias. Por eso, es necesario discutir una reforma a los sistemas de seguridad social”, dijo Santiago Levi, durante un seminario virtual organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio “¿Cómo proteger los ingresos y los empleos? Posibles respuestas al impacto del coronavirus (Covid-19) en los mercados laborales de América Latina y el Caribe”, del BID, señala que la pérdida de empleos formales puede afectar las posibilidades de recuperación económica, pues su destrucción conllevaría a menores contribuciones al fisco y una pérdida de poder adquisitivo que contraería la demanda.
“Es fundamental apoyar el ingreso de los trabajadores, en especial de los más vulnerables, que no tienen aseguramiento ni activos para mitigar los efectos de la crisis y que, una vez [que] se reactive la economía, tendrían mayores dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo”, se lee en este documento del BID. Armando Leñero, quien también fue presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), explica que el gobierno ha promovido apoyos sociales ante la contingencia.
Sin embargo, considera que es impreciso llamar empleo a medidas que caen, más bien, en la categoría de subsidio. “Entre los rubros que el gobierno considera [como] empleo, figuran los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; pero [éstos] no son empleos. Cuando hablamos de empleos, debe haber una relación laboral con un contrato, prestaciones y beneficios. Podemos hablar de opciones de ocupación, pero no de empleo”.
Con respecto a las obras de infraestructura que se promueven como catalizadores de trabajos, Leñero explica que, en caminos y puentes, sólo entre un 25 y un 30% de los colaboradores que participan lo hacen con plazas formales.
“Los proyectos son temporales y eso da pie a contratación de ayudantes de manera informal. Desde un punto de vista realista, de los 2 millones de empleos [de los] que se habla, sólo habría 150,000 empleos formales reales. El desembolso que se prevé para estos programas de apoyo ronda los 10,000 millones de pesos mensuales. No es una ecuación viable a largo plazo”.
LA INFORMALIDAD AMENAZA
Mantener los empleos en tiempos del nuevo coronavirus propició una serie de distorsiones en el mercado laboral. La primera fueron los acuerdos para la reducción de salarios y jornadas durante los primeros meses de la jornada de sana distancia.
Esta reducción se dio, en 95% de los casos, en acuerdos no registrados, generados entre empleadores y trabajadores, así como entre representantes sindicales, explica Juan Carlos de la Vega, experto en materia laboral en el despacho Santamarina Steta.
“Existía un marco legal para declarar una contingencia sanitaria, el cual se estableció durante 2009, ante la influenza AH1N1. Sin embargo, [ésta] no se decretó. El gobierno apeló a la sensibilidad de los empleadores, pero, al no estar registrados los acuerdos, los empleados tienen poca claridad [al respecto]”.
Jorge Sales Boyoli, también abogado experto en temas laborales, explicó que la consecuencia más visible de la crisis será el incremento de las actividades laborales del sector informal.
“Habrá empresas que despidan personal y no tendrán capacidad de reponer la misma plaza. Entonces habrá ofertas de empleos por proyectos o con ‘pagos por fuera’. Cuando hablamos de informalidad, no sólo nos referimos al comercio ambulante, sino a que las personas buscarán ingresos y aceptarán trabajar sin las prestaciones debidas”, advierte.
Para Sales Boyoli, el panorama a futuro debe considerar que la tasa de desempleo no es un indicador directo de bienestar de la población.
“Si el 100% de la población tiene trabajo, pero mal remunerado y que no satisface al trabajador, el bienestar del país pudiera ser el más bajo”, destaca.
NUEVA NORMALIDAD
Alejandro Salafranca, jefe de la Unidad de Trabajo Digno, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), explica que la reactivación económica generará un cambio en la dinámica laboral.
“En las plantas de producción, por ejemplo, deberemos ver qué pasa con la duración de las jornadas, una vez que los empleados deberán cumplir con protocolos de ingreso, como la toma de temperatura y lavado de manos; es posible que eso genere un alargamiento”, advierte.
Según explica el funcionario, las primeras empresas en iniciar con la reactivación pueden ser sujetas a inspección para verificar que realizan actividades esenciales.
“La Secretaría de Economía ayuda en la orientación para determinar si las empresas son esenciales o no, pero no hay un certificado o permiso. Si una empresa que reinicia actividades es sujeta a inspección, lo único que debe hacer es demostrar que desempeña una actividad esencial”.
El gobierno estableció lineamientos para la reapertura, que dividen las etapas de la pandemia en cuatro niveles de riesgo. A largo plazo, Vega considera que la pandemia deberá traer a la mesa nuevos temas para la regulación laboral.
“Los temas de las horas extra, home office, accidentes laborales cuando la gente trabaja en casa, o costos de centros de trabajo trasladados a los empleados podrían formar parte de una discusión sobre legislación laboral”, añade.
Vía Forbes
