Nigeria.- Este
martes, el Parlamento regional de Kaduna en el Norte de Nigeria ha hecho
historia, al aprobar una ley para prescribir la castración quirúrgica como
una medida para ponerle fin a los delitos sexuales, en dicho país.
Además también el
Parlamento aprobó la pena de muerte dependiendo de la gravedad
del acto cometido; y es que en la actualidad, las penas máximas por violación
son de 21 años de prisión cuando la víctima es adulta y puede llegar a cadena
perpetua en el caso de abuso a menores.
Dicha ley se aprobó
luego de que a mediados de junio pasado, más de 30 gobernadores de Nigeria
declararon estado de emergencia por las crecientes violaciones de
mujeres y niños en el país; que provocó que miles de personas se
manifestaran ante la sede de la policía de varias ciudades nigerianas.
“Estamos felices de
que el Parlamento haya incrementado los castigos por violación. Esperamos que
la Justicia sentencia a más violadores con esta pena máxima”, dijo hoy el
Ministerio regional de Servicios Humanos y Desarrollo Social de dicho país.
El objetivo de la
ley es una forma de acabar con los crímenes sexuales, según dijo el
presidente de la Asamblea, Yusuf Zailani, y tendrá que ser promulgada por el
gobernador.
No es una ley bien
recibida
Sin embargo, esta
nueva ley no ha sido del todo bien recibida por organizaciones que creen que
las medidas deberían ir más enfocadas a la prevención y no va a ayudar a
resolver un problema de raíz en el país, como son los abusos sexuales.
Antes que la castración,
la directora del Centro de Investigación y Documentación de Defensoras de la
Mujer (WARDC), Abiola Akiyode-Afolabi, considera que se deberían asegurar
medidas para evitar los crímenes y poner en marcha mecanismos que permitan
dar una respuesta y asistencia rápida a las denunciantes.
“Lo que provoca el
auge de violaciones es la impunidad”, dijo hoy a Efe por teléfono esta
activista contra la violencia sexual y física contra las mujeres.
“La castración no
es suficiente. El Gobierno tiene que mostrar deseo político al asegurar las
condenas a los culpables y un cambio en las normas sociales”, alegó
Akiyode-Afolabi.
