El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que la acción de inconstitucionalidad que decidió presentar el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), obedece a los intereses de las telefónicas y no a la seguridad de la ciudadanía.
A través de un comunicado, Mejía afirmó que el registro busca combatir los delitos de extorsión, secuestro, trata y en general todas las actividades de operación de los grupos criminales.
El pasado martes el pleno del INAI aprobó, por unanimidad, interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Panaut, al considerar que violenta el resguardo de la información privada de los usuarios de teléfonos celulares al almacenar sus datos personales como la huella facial y digital e iris, y que autoridades policiales puedan acceder a ellos sin una orden judicial.
En respuesta, Mejía Berdeja explicó que cada persona tendrá el control de su identidad y los archivos serán responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la protección de datos estará a cargo del INAI.
“La resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información sólo acredita la decisión de este órgano por ajustarse a los intereses de las telefónicas, favorecer un modelo favorable a los delincuentes”, sostuvo el funcionario.
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Mejía consideró que el INAI debe actuar con “responsabilidad, asumir su función, dejar la indolencia y trabajar para proteger los datos personales en posesión de particulares y los sujetos obligados”, insistió.
También dijo tener confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, “en beneficio de las víctimas del delito y la seguridad de la población, confirme la constitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”.
El subsecretario de Seguridad afirmó que detrás del rechazo están involucradas las empresas telefónicas cuando actualmente solicitan los datos a quienes adquieren una línea de renta fija piden los datos personales.
“El problema de fondo son los modelos de telefonía de prepago por medio de los cuales nadie sabe quién los está comprando, por lo que ha permitido que los delincuentes se dediquen a hacer llamadas de extorsión, entre otras conductas criminales”, expuso Mejía Berdeja.
