Desde hace dos
años, Pablo Lyle enfrenta un proceso legal por el homicidio de Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano al que
golpeó en plena vía pública en Miami (Florida) y quien lamentablemente murió
días después. Sin embargo, al actor le llueve sobre mojado, pues ahora se
enfrenta a una nueva demanda.
Y es que, tras
darse a conocer que su juicio se llevará a cabo hasta el próximo mes de junio,
ahora se enfrenta a una demanda civil por parte del hijo del fallecido,
quien le reclama 15 mil dólares (más de 300 mil pesos mexicanos) por daño
emocional.
Contexto
De acuerdo con la
agencia EFE y con distintos medios en Miami, Juan Ricardo
Hernández Jr. demandó también al cuñado del actor, Lucas Delfino, quien
conducía el vehículo en el que viajaba el histrión con su hijo camino del
aeropuerto de Miami el 31 de marzo de 2019, cuando se produjo el altercado
en el que Pablo golpeó al latino de 63 años.
En un semáforo, el
cubano se bajó para recriminar a Delfino por una maniobra que había hecho y, en
medio de esa discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien,
de acuerdo a las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una
gasolinera cercana, se desplomó al instante.
El sexagenario
murió el 4 de abril de 2019 en un hospital. Un informe forense del condado de
Miami-Dade reveló que Juan murió a raíz de "complicaciones por trauma
contundente en la cabeza" e indicó "homicidio" como
probable causa de la muerte.
Razón de la demanda
El hijo del
fallecido reclama la cantidad mencionada debido a los "severos daños
emocionales" y el "sufrimiento causado por la violenta
muerte de su padre", según Telemundo. El implicado afirma que se vio obligado a utilizar
la herencia de su padre para pagar los gastos médicos y el entierro,
señaló Univision.
¿Cuándo es el
juicio?
El actor de la
película Mirreyes vs Godínez (2019) está bajo arresto domiciliario en
Miami a la espera de un juicio que comenzará el 17 de junio, si no hay
nuevos cambios.
En una de las
audiencias, Pablo Lyle dijo que pensó que Juan Ricardo pudo haber tenido
un arma: "Sentí pánico, pensé que podía perder a mi familia". Tras la
muerte de Hernández, fue acusado de homicidio involuntario, puesto en arresto
domiciliario y lleva un monitor GPS en el tobillo para que las
autoridades conozcan sus movimientos las 24 horas del día.
