Marco Antonio Guerrero Gumercindo cumplía 25 años el día en el que desapareció de Altamira, Tamaulipas. Fue el 25 de febrero de 2018 y su madre, Ruth Gumercindo, tenía la fiesta preparada cuando el joven salió de la casa para hacer una recarga al celular. Nunca regresó. “Pasan muchas cosas por la mente. Al principio no puse denuncia por miedo, luego ya me decidí, pero hasta la fecha, nada”, explica, en conversación telefónica. Desde hace más de tres años Gumercindo no sabe nada de su hijo. En el proceso de búsqueda se ha encontrado con la pasividad de las autoridades, a las que acusa de no mover un dedo para buscar al joven. “Lo único que hay en el expediente es lo que aportamos a la familia”, dice.
La mujer es una de las familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia que desde hace días mantienen un plantón de protesta ante el palacio de gobierno de Tamaulipas, en Ciudad Victoria. Salieron a marchar el 10 de mayo, con motivo del Día de la Madre, que en decenas de municipios mexicanos se convirtió en jornada de reivindicación para exigir búsquedas más eficaces y justicia para las víctimas. Sin embargo, al llegar a las oficinas estatales decidieron quedarse para denunciar la falta de voluntad del gobierno estatal en resolver sus casos.
Cada noche, Gumercindo monta su tienda de campaña y junto a otros tres compañeros, duerme frente al edificio oficial.
Ella busca a su hijo, Marco Antonio. Está Martina, que busca a su hijo Ricardo. También José, que busca a su hermano Miguel. Y Guillermo, tras los pasos de su hija Raquel.
Con más de 11 mil desaparecidos, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Tamaulipas es el segundo estado con más personas que faltan de sus casas, solo superado por Jalisco, con más de 12 mil. En total, México tiene contabilizados más de 87 mil personas a las que se busca, pero la cifra aumenta cada día. Este es uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado, con el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste (escisión de los antiguos Zetas) disputándose el territorio. Además, aquí son continuas las denuncias de violaciones a los derechos humanos perpetradas por Ejército, Guardia Nacional, Marina o policía estatal.
Ruth, Martina, José y Guillermo son cuatro entre esos 11 mil. Comparten el dolor por la ausencia, la incertidumbre sobre qué habrá ocurrido y la desesperación ante unas autoridades que, a su juicio, poco hacen para encontrar a sus familiares.
“No hay investigación. Me dijeron que no tenían elementos, que no tenían policías, que son muchos los casos, que somos pocos y que no llegan a todo”, dice Ruth.
Por eso están en plantón. Porque están hartos de ejercer como investigadores y encontrarse siempre con evasivas o puertas cerradas.
“Exigimos a las autoridades involucradas en la investigación de desaparición que dejen de simular y hagan su trabajo, incluyendo al procurador del estado, comisión de Derechos Humanos, comisionado estatal de búsqueda y departamento de víctimas. Pedimos un avance en los expedientes que por años han sido dilatados y entorpecidos por el hecho de haber autoridades involucradas”. Estos son los dos primeros puntos del pliego de peticiones formulado por los familiares para abandonar el plantón. Los otros dos son establecer políticas públicas para disminuir y acabar con las desapariciones y priorizar la búsqueda en vida.
Hasta el momento no han recibido respuesta. Cada día ven cómo los funcionarios del gobierno estatal acuden a su puesto de trabajo frente a ellos, pero nadie les dice nada.
Animal Político se puso en contacto con el gobierno estatal y con la Fiscalía general de justicia del Estado para pedirles una valoración. Al cierre de la edición no había recibido respuesta.
“Mi expediente tiene cuatro años pero no hay avances”, dice José, hermano de Miguel, que tenia 41 años cuando desapareció en Nuevo Laredo, 500 kilómetros al norte de Ciudad Victoria. El hombre asegura que denunció a quien considera responsable, pero que las autoridades han dilatado el procedimiento. No ofrece más detalles, aunque los tiene, por miedo a que un desliz en una entrevista sirva al sospechoso para tumbar la investigación.
“Cuando hay señalamientos, simple y sencillo no le avanzan. Saben que están protegiendo a los culpables. Por eso decidimos hacer el plantón”, asegura.
Ellos cuatro son los irreductibles, los que no están dispuestos a moverse bajo ningún concepto. Diariamente reciben el acompañamiento de otros integrantes del colectivo, personas que, como ellos, siguen buscando a un familiar.
Reconoce Ruth que no se sienten seguros. Tamaulipas es un estado peligroso y quien pregunta puede encontrarse con el rechazo del crimen organizado o de las autoridades. Por eso exige protección.
Las tiendas de campaña y los carteles con rostros de desaparecidos se mantienen en el palacio de gobierno como símbolo de la desesperación de las familias. Del otro lado, hasta ahora solo han encontrado indiferencia.
