Estados Unidos y Canadá van camino de cumplir un año bajo el paraguas de un acuerdo comercial que es a la vez un instrumento esencial de integración política y económica de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio (T-MEC), negociado durante años a partir del antiguo TLCAN y en vigor desde julio de 2020, ha sido el colchón del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en medio de los embates de la pandemia y es el principal resorte para la recuperación tras un desplome nunca registrado desde la Gran Depresión. Pero los abusos laborales y una denuncia de violaciones a los derechos de los trabajadores presentada por Washington ponen ahora a prueba su aplicación, elevan la tensión entre los dos países y abren un nuevo frente en las relaciones bilaterales. El presidente mexicano ha dejado claro que el mecanismo es recíproco y su Ejecutivo ya ha presentado una queja a la Administración de Joe Biden por supuestas vulneraciones en la industria agrícola estadounidense.
La representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció esta semana un requerimiento a las autoridades mexicanas para que revisen la supuesta “negación del derecho de libre asociación y de la negociación colectiva” a los trabajadores de la planta de General Motors de Silao, en Guanajuato. “La acción muestra el serio compromiso de la Administración de Biden y Harris con los trabajadores y con una política comercial basada en los trabajadores”, afirmó la representante a través de un comunicado. Tai apeló al T-MEC para resolver este tipo de conflictos y proteger los derechos laborales y apoyó “los esfuerzos de México” para aplicar sus últimas reformas en esa materia. Sin embargo, el secretario de Trabajo, Marty Walsh, añadió un recado político a la queja, que parte de la paralización de la votación sindical y la aprobación del convenio colectivo. “Al solicitar esta revisión, Estados Unidos envía claramente el mensaje de que los derechos de los trabajadores deben ser respetados”, zanjó Walsh.
El antiguo jefe del equipo técnico de negociación del tratado comercial, Kenneth Smith Ramos, explica a EL PAÍS que “en el T-MEC se estrechó la disciplina de los derechos de los trabajadores, por lo que hoy hay una protección más robusta”. El acuerdo incluyó además “un apartado especial sobre democracia sindical y garantías de transparencia”. Smith recuerda que en 2019, gracias a las presiones del Partido Demócrata, entonces en la oposición, el Gobierno de López Obrador aceptó incluir nuevas disposiciones, entre ellas un mecanismo rápido para resolver asuntos de democracia sindical en un plazo de 120 días. Y este resorte, que ahora se pone en marcha, “si se determina que hay una violación por parte del país demandado puede llevar a sanciones” en el marco del acuerdo.
Las secretarías de Economía y Trabajo de México han informado de que ante la solicitud de Estados Unidos comenzarán un proceso de revisión en la planta de General Motors. Pero el Gobierno ya ha reconocido una vulneración de los derechos de los trabajadores porque, al margen del resultado de la inspección, ha ordenado reanudar las votaciones del contrato colectivo entre la empresa y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica Miguel Trujillo. Las autoridades han manifestado su voluntad de “reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral”.
Pero este caso se suma a otra denuncia presentada ante la Administración de Biden por la mayor central sindical obrera de Estados Unidos, la Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). La organización acusa a Tridonex, filial de de una empresa de componentes para la industria de la automoción ubicada en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas, de amparar una trama de corrupción sindical e impedir la asociación de los trabajadores en una plataforma alternativa.
López Obrador ha negado que estas denuncias puedan repercutir en las relaciones bilaterales. Sin embargo, al mismo tiempo se ha encargado de dejar claro que el mecanismo contemplado por el T-MEC “es recíproco”. “Así como ellos pueden presentar quejas sobre la situación de trabajadores que laboran en nuestro país, nosotros también podemos presentar quejas si hay violación a los derechos de los trabajadores en Estados Unidos”, afirmó durante su conferencia de prensa matutina del miércoles. Y así ya lo ha hecho.
El embajador Esteban Moctezuma Barragán ha enviado una carta al secretario del Trabajo Walsh “para transmitir los comentarios e inquietudes con respecto a la falta de aplicación de leyes laborales que el Gobierno de México ha detectado en la industria agrícola, así como de procesamiento y empacado de proteína en Estados Unidos”. “Aunque a nivel federal los derechos laborales protegen a todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria, en la práctica, factores como el desconocimiento, el miedo y el abuso de parte de algunos empleadores impiden que los trabajadores migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industrias y estados”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Por primera vez en la historia de México estamos observando que hay fuerzas que desde afuera del país están insistiendo en la aplicación de las leyes laborales”, señala Duncan Wood, vicepresidente del Wilson Center de Washington. “En el caso de General Motors hay un problema en cuanto a la elección de los oficiales de los sindicatos y eso es muy complejo para México porque supone cambios en la estructura de poder sindical”. El hecho de que, además, exista una queja de una organización estadounidense como la AFL-CIO es especialmente significativo. Y la persona elegida por Washington para monitorear la aplicación del T-MEC es Thea Lee, exdirigente de esa central obrera.
En opinión de Wood, si México no soluciona y da respuesta a estos conflictos puede haber problemas políticos y económicos. “López Obrador siempre está platicando de la soberanía”, recuerda. Lo hizo, por ejemplo, para defender la reforma del sistema eléctrico, hoy paralizada en los tribunales, que también vulnera el Tratado de Libre Comercio. “¿Y si acepta las reglas del T-MEC en asuntos laborales, por qué no va a aceptar las relacionadas con la reforma eléctrica?”, se pregunta.
Este capítulo de las relaciones bilaterales, en cualquier caso, se acaba de abrir. Para Kenneth Smith, negociador del acuerdo, “el objetivo es noble”, puesto que ampara los derechos de los trabajadores. Sin embargo, agrega, “lo que se tiene que cuidar es que no se abuse del sistema y presentar una serie de demandas frívolas”. Y los principales filtros en estos casos serán las propias Administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.
