Agitando globos de
colores y con juguetes en las manos, cientos de niños desfilaron por las calles
de un remoto poblado en el violento estado mexicano de Guerrero, conmemorando el "Día del
Niño", y para protestar por la creciente violencia que tiene
asolada a la región.
Los menores
marcharon por las calles de Alcozacán, un pequeño caserío en el municipio
Chilapa de Álvarez, enarbolando pancartas que decían "Alto a la
violencia" y "Queremos paz", mientras coreaban consignas, el
viernes por la tarde.
Originalmente se
había anunciado que, como parte de la manifestación, los niños recibirían réplicas de madera de
las armas verdaderas que usa su comunidad para defenderse de los ataques del
crimen organizado, pero sorpresivamente en su lugar les fueron
repartidos juguetes, según un testigo.
"Nuestras
armas son la dignidad, la rebeldía y la resistencia", dijo en un breve
discurso una joven que participó en la marcha.
Guerrero es uno de
los estados más pobres de México, donde la violencia ha crecido
vertiginosamente de la mano de la expansión de los cárteles de la droga a
otros redituables negocios criminales como la extorsión, el robo de combustible
y el secuestro.
Chilapa se puso
en el mapa en la última década después de que sus habitantes decidieron
pertrecharse para enfrentar a los grupos criminales, que utilizan los apartados
rincones de su geografía para cosechar amapola, sembrando caos y terror entre
la población.
Con la llegada de
la pandemia, la situación se complicó aún más en el lugar, debido a una menor
presencia de las autoridades, de acuerdo con pobladores y grupos locales de
defensa que aseguran que los menores han llevado la peor parte, al grado que
muchos han tenido que abandonar la región.
"En la sierra
de Guerrero a la niñez se le ha condenado a sobrevivir en el jardín de espinas
de la discriminación y el abandono", dijo Abel Barrera, director del
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en una conferencia de
prensa.
En el primer
trimestre del año, Guerrero reportó 272 muertes violentas, lo que representa
una tasa de más de siete homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, una de
las más altas del país, según datos oficiales.
