Por primera vez en casi dos años, Martha y su esposo Erick dicen que al fin pudieron dormir tranquilos.
Desde que un mes de agosto de 2019 huyeron de Uruapan, Michoacán, tras la visita en su casa de dos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que les exigían el pago de una cuota, el matrimonio vivía “una pesadilla”.
Y no solo por lo obvio, plantea Martha; es decir, por vivir amenazados por uno de los cárteles más sanguinarios de México. Sino porque, además, estaban metidos en otra pesadilla, la burocrática. La que tuvo casi dos años a Martha, maestra de 29 años, enfrascada en una desgastante lucha por conseguir que las autoridades educativas de Michoacán le concedieran el cambio de plaza, tal y como publicó Animal Político en un reportaje el pasado 12 de junio.
Ahora, Martha cuenta que, por fin, tras tocar muchas puertas en fiscalías, en colectivos de la sociedad civil, y en organismos de derechos humanos -llegó incluso a poner una queja en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, la Secretaría de Educación michoacana le concedió el cambio de plaza al lugar donde se refugió, luego de que se lo hubiera negado con el argumento de que era una zona económica distinta y con un salario ligeramente superior (mil 500 pesos) al de la zona de Uruapan.
“Cuando me entregaron la documentación con la aprobación no lo podíamos creer. Mi esposo y yo vivimos un verdadero infierno, y ahora sentimos de nuevo la libertad de vivir y de trabajar en un lugar lejano a todo ese horror”, dice Martha emocionada.
Aun así, la maestra tira la mirada hacia atrás y lamenta que la burocracia haya sido para ellos casi tan tortuosa como el recuerdo de aquel 10 de agosto de 2019, cuando con la mirada desencajada su esposo Erick, un panadero artesanal de 31 años, llegó a la casa diciendo que metiera algo de ropa en una bolsa porque el cártel les estaba exigiendo 30 mil pesos semanales y no tenían dinero para pagarles.
Tras la abrupta salida de Uruapan, ciudad que entre 2015 y 2020 vio como se dispararon los asesinatos un 255%, Martha recuerda que estuvo durante un año viajando de vuelta a esa misma ciudad, teniendo que rentar un cuarto y yendo a trabajar a la escuela donde daba clases; todo a escondidas y con el temor de ser identificada por el cártel del que huyó.
“Era como estar muerta en vida, porque tenía que ir a trabajar a un lugar donde sabía que mi vida corría peligro y a mis jefes les valía”, recuerda la michoacana.
“Fue una gran histeria -agrega-. Porque veía a todo el mundo como sospechoso. Veía un carro detrás de mí más de dos minutos y ya sentía que eran ellos, los del cártel, que venían a cobrarse su venganza”.
Una situación, pide, que no debe suceder con ningún otro maestro o maestra, máxime teniendo en cuenta el contexto de inseguridad que enfrenta el país en estados precisamente como Michoacán, donde entre 2016 y 2020 hasta 12 mil 908 personas huyeron de sus hogares convirtiéndose en desplazados internos, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
“Nosotros, dentro de lo que cabe, fuimos privilegiados -apunta-. Porque al menos teníamos un lugar al que poder huir, con una red familiar de apoyo. Pero no todo el mundo tiene esa suerte. Y ahí es donde yo me pregunto qué pasa con toda esa gente. Qué pasa, por ejemplo, con las caravanas de personas que salen huyendo de Aguililla”.
“Mi vida corría peligro, y tenía que ir a trabajar”
Por eso, la docente pide mayor “empatía” a las autoridades de todos los niveles.
“En cuanto la SEP estatal tuvo mi denuncia en la mano, mis superiores de educación especial debieron de haberme mandado de inmediato a un lugar seguro hasta que se solucionara mi situación”, plantea.
“En cambio, prácticamente me obligaron a ir a trabajar, a pesar de que muchas veces les probé que mi vida corría peligro en Uruapan, y de que ya había reportado la situación en la Fiscalía del estado, y que ya había entregado papeles aquí y allá”.
Sobre el papel, Martha señala que, ante una situación como la suya, los docentes del estado tienen todo el derecho de poder cambiar de lugar de trabajo, mientras cumplan con una serie de requisitos, como contar con una denuncia formal ante una Fiscalía.
El secretario de educación michoacano, Héctor Ayala, destacó al respecto en una entrevista con este medio que es “obligación” de la dependencia que dirige resguardar la integridad física de los trabajadores de la educación. Y que, de hecho, en los dos últimos ciclos escolares ya reubicaron a 12 maestros y maestras “por causas de fuerza mayor”, entre éstas, amenazas del crimen organizado.
Sin embargo, Martha expone que, en la práctica, cuesta muchísimo conseguir ese cambio de plaza, aun y cuando la vida del docente esté en riesgo y se haya puesto una denuncia formal, como fue su caso.
“Sobre el papel se dice que en una situación como la que yo viví te puedes cambiar. Pero en la práctica no se aplica, o cuesta mucho que se aplique. Y lo que necesitamos es que, si pasa algo así, tengamos la certeza de que nos van a ayudar. Y no solo que te digan: ‘ah sí, te damos chance, no vengas el lunes a trabajar’, cuando se trata de una situación mucho más compleja”.
Deserción escolar: terreno fértil para el narco
Martha ya tiene formalmente su cambio de plaza y puede volver a trabajar como maestra sin problema y en el lugar donde se siente segura. Pero ya desde antes de que le dieran ese cambio, la docente llevaba meses trabajando en la escuela de una comunidad rural atendiendo a niños y niñas cuyas familias no tienen dinero para atender una dislexia, ni terapias del lenguaje, y donde la deserción escolar, especialmente en pandemia, “está dejando un terreno todavía más fértil para que los niños acaben en el narco”.
De hecho, dice que llegó a trabajar durante un mes y medio sin salario, hasta que se regularizó su situación.
Pero Martha asegura que para ella no fue un sacrificio porque cree en la educación como una vocación, y no tanto como un empleo. Y más ahora, hace hincapié, cuando la pandemia puede acelerar el ritmo de la deserción escolar, especialmente en zonas pobres y de alta influencia del crimen organizado.
“Se necesita mucho de maestros comprometidos. Porque si nosotros y la SEP no hacemos un buen trabajo con los chavos, lo que estamos haciendo es alimentar a los cárteles y crear escuelas de sicarios”, concluye la maestra.
