Guillermo de Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu integran una lista de más de 500 miembros de la comunidad cinematográfica que piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no desaparecer al FIDECINE, cuyo primer amparo estará mañana a discusión.
Dicho Fideicomiso fue uno de los más de 100 que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, ordenó desaparecer en 2020, algo que fue aprobado en septiembre de ese año por la moyoría morenista en la Cámara Baja y el Senado.
El argumento principal era que en los fideicomisos se hacía mal uso del dinero, pero desde entonces en el caso del FIDECINE, no se ha mostrado nada.
El FIDECINE no está en funciones, pero tampoco ha desaparecido pues por medio de más de 10 amparos promovidos por la comunidad se frenó su término. El primero de ellos estará a discusión mañana en la Suprema Corte.
Por medio de un comunicado dado a conocer hace unos minutos, los conocidos “Tres Amigos” y centenares de realizadores, actores, fotógrafos, productores, directores de festivales y trabajadores, piden a las y los ministros revisar la inconstitucionalidad de la desaparición del Fideicomiso creado en 2002.
“Solicitamos se considere nuestra visión sobre un tema tan importante para la comunidad cinematográfica y la vida cultural del país, como lo es la desaparición del FIDECINE, cuya inconstitucionalidad discutirá, en breve, la Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 357/2022”, se lee en el comunicado.
“El FIDECINE fue un triunfo histórico de la comunidad cinematográfica y fruto de una lucha contra la censura y el verticalismo de las autoridades gubernamentales del sector. Este logro se obtuvo gracias a la iniciativa de los entonces diputados Marcelo Ebrard, María Rojo, Javier Corral, Francisco Arroyo, Alejandro Ordorica, Verónica Velasco, y Luis Patiño”, agrega.
Durante su vida activa, el FIDECINE apoyó cerca de 230 largometrajes, 159 de ellos de directores debutantes, como No se aceptan devoluciones, Una película de huevos y Kilómetro 31, las cuales hasta hace tres años habían devuelto a las arcas federales 83 millones de pesos, contra los 24 millones recibidos para ser hechas.
Fue sustituido por el FOCINE que va en su tercer año de operaciones.
El documento advierte que ya hay un proyecto de sentencia por parte de la Ministra Loretta Ortiz, el cual preocupa porque no dimensiona el FIDECINE como una garantía de los derechos humanos a la libertad de expresión y a la pluralidad cultural.
“El artículo 1° constitucional prohíbe la regresividad en esos derechos y en sus garantías. El decreto que extinguió el FIDECINE eliminó de la ley esa garantía, y no la sustituyó por otra garantía que tuviera, al menos, el mismo nivel de protección. Eso es un retroceso”, explica.
“El actual FOCINE es un mero programa presupuestal, creado unilateralmente por un simple acuerdo administrativo de la directora general del IMCINE, y puede desaparecer en cualquier momento, con la misma facilidad y unilateralidad. En cambio, el FIDECINE era una figura prevista en ley, cuyo carácter permanente se encontraba expresamente ordenado y garantizado por el legislador”, detalla.
En el comunicado se subraya que mientras el FIDECINE estaba en la esfera de lo indecidible por las autoridades gubernamentales, el FOCINE es absolutamente decidible por una sola autoridad administrativa.
“Las decisiones del FIDECINE se tomaban, por así garantizarlo la ley, dentro de un órgano colegiado preponderantemente ciudadano (el gobierno sólo tenía dos votos, mientras que la sociedad civil contaba con cinco), este mecanismo se diseñó para garantizar la libertad de expresión y evitar la censura gubernamental. Actualmente no hay ley que garantice eso. Por tal razón, la desaparición del FIDECINE es regresiva y antidemocrática”, apunta.
