(CNN Español) -- El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009 - 2014) fue condenado este martes a 10 años y 6 meses de cárcel y a pagar una multa de más de US$19,2 millones al ser declarado responsable, junto a otras cuatro personas, del delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como “New Business”, sobre la compra de un grupo editorial que, según el Ministerio Público, fue adquirido con fondos que provenían de contratos con el Estado que se manejaban de forma irregular.
En la sentencia, emitida por el Órgano Judicial, la jueza Baloísa Marquínez ordena que el expresidente Martinelli deberá pagar al Tesoro Nacional de Panamá la multa de US$ 19.221.600,48 como pena accesoria en un lapso de 12 meses.
El exmandatario deberá abonar esa cifra una vez cumplida la pena principal, que, según la sentencia, equivale al doble del beneficio económico, que se asegura recibió, y que estaría debidamente cuantificado.
Ricardo Martinelli, quien es candidato presidencial para las próximas elecciones generales de Panamá, a realizarse en mayo de 2024, siempre ha dicho que es inocente y víctima de persecución política.
En mayo, la Fiscalía panameña afirmó que en el caso “New Business”, que comenzó a investigarse en 2017, pudo identificar que la compra de acciones de Editora Panamá América, que publica diarios y revistas, se hizo “mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales”, con las cuales supuestamente recolectaron cerca de US$ 44 millones en 2010 en una cuenta en un banco offshore a nombre de New Business Services Limited.
CNN intenta obtener la reacción de Martinelli, pero hasta el momento no ha tenido respuesta. Tampoco se han obtenido comentarios de su vocero, Luis Eduardo Camacho, ni de su abogado.
Camacho publicó este martes un mensaje en sus redes sociales donde adelanta que "abogados y copartidarios analizarán el exabrupto jurídico que pretende hacer de una legítima transacción privada, que no involucra lesión patrimonial al Estado, tal cual indicó el Tribunal de Cuentas y la Contraloría, en un inexistente delito. En las próximas horas se hará un pronunciamiento al país sobre las acciones políticas y jurídicas a seguir".
