(apro).- Calificada como un cierre de ciclo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la renuncia de Karla Quintana Osuna a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tendría de fondo su inconformidad por la realización del censo para confirmar la consistencia del número de personas desaparecidas en el país, proceso del que fue marginada la institución y en el que se incluyó a personal de la Secretaría del Bienestar.
Unas horas después de que la propia Quintana Osuna dio a conocer en sus redes sociales su renuncia al cargo, López Obrador insistió en que con el censo se prevé encontrar una disminución de los casos de desaparición.
El presidente también confirmó que ese proceso se está realizando con el respaldo de gobiernos y fiscalías estatales y de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Bienestar, que ha dispuesto a “servidores de la Nación que están visitando los domicilios”.
Punto de quiebre
La operación de personal bajo el mando de Ariadna Montiel, titular de Bienestar, fue uno de los puntos que propiciaron que Karla Quintana dejara su cargo al frente de la CNB, ya que esa secretaría no está en el catálogo de autoridades buscadoras, contrario a lo que establece la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, revelaron a Proceso fuentes informadas que pidieron omitir sus identidades por motivos de seguridad.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el subsecretario Alejandro Encinas fue quien se encargó de exigirle a Quintana que buscara “la manera” de reducir el número de reportes de desaparición, porque el presidente sostiene que están “inflados” los números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Las mismas fuentes señalan que los registros se revisan constantemente, y agregaron que, si esa depuración no se hiciera, “tendríamos una base de más de 600 mil personas”.
Después de una primera etapa del “censo” instruido a 22 gobiernos de estados con ascendencia de Morena y sus aliados, realizado en junio pasado por servidores de la Nación adscritos a la Secretaría del Bienestar, Encinas dio indicaciones a Quintana para modificar el RNPDNO a partir de los supuestos hallazgos del personal adscrito a la dependencia encabezada por Ariadna Montiel, dijeron las fuentes.
La entonces comisionada se negó a acatar la instrucción y argumentó que la Secretaría de Bienestar no está considerada como autoridad buscadora definida en la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, y que en todo caso se requerían pruebas de vida o de muerte de las personas presuntamente localizadas por los servidores de la Nación.
Las peticiones de Encinas
Entre las opciones para “reducir las cifras”, Encinas habría propuesto “eliminar la cifra total de los registros y dejar operando sólo las listas de desaparecidos y no localizados y las de localizados, lo que al final no cambia mucho la percepción, porque al hacer la sumatoria se tiene el total de registros”.
Es decir, de acuerdo con el portal del RNPDO, al jueves 24 de octubre pasado, hay en total 292 mil 559 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas”. De esa cifra, 111 mil 49 corresponde a “personas desaparecidas y no localizadas” y 181 mil 497 a “personas localizadas”. Al hacer la sumatoria de los dos últimos registros se obtiene el primero.
Una opción más que Encinas le habría planteado a la entonces funcionaria para “reducir” las cifras consistía en eliminar del registro los casos en que “no hubiera datos contundentes de la desaparición”.
La propuesta fue desechada luego de que la entonces funcionaria y su equipo explicaron a Encinas que tomar esa medida implicaría que “los casos que quedarían en el RNPDNO serían los de esta administración, que son los mejor documentados”, lo que iría en contra de lo que pretende el gobierno de López Obrador de mostrar que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa hubo más desaparecidos que en lo que va de su sexenio.
Ante la negativa de Quintana para aceptar modificar el Registro sin elementos contundentes de prueba, Encinas le habría pedido entonces la renuncia; Karla Quintana le habría solicitado a su vez que se lo pidiera por escrito, en un texto que incluyera la explicación de que ella no había aceptado realizar los cambios solicitados desde la Presidencia.
Después de al menos dos meses de estira y afloja, tiempo en que Encinas dejó de contestar las llamadas de la entonces comisionada, Karla Quintana decidió dejar la titularidad de la CNB.
Como parte de las presiones contra la gestión de Quintana, se ordenaron dos auditorías a la CNB, de las que hasta ahora se desconocen los resultados.
Antes de dejar el cargo, el 22 de agosto, Quintana autorizó que se subiera a la página oficial la Versión Pública de la base de datos del RNPDNO, que contiene “sólo algunos datos personales de las personas buscadas y de las autoridades que cargaron la información” al registro, una medida que familiares e investigadores solicitaron desde hace años a la CNB para cotejar los datos.
