(apro).- A través de un comunicado de prensa difundido por la Secretaría de Gobernación (Segob), el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, negó haber presionado a la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, para reducir el número de reportes de desaparición, en respuesta a la nota informativa publica por el portal de Proceso.
De manera inusitada, la Segob recurrió a su área de comunicación social para intentar desmentir a la reportera, quien durante años ha solicitado información a Encinas para abordar temas relacionados con su encargo, sin obtener respuesta.
En el contexto de la renuncia de Quintana Osuna, cabe destacar que la Segob no fijó posicionamiento como lo solicitaron medios de comunicación y periodistas incluidos en el chat oficial el mismo miércoles que se conoció la dimisión, sino hasta la tarde del jueves, la dependencia se limitó a compartir un comunicado por el que se informaba que la titular emitiría una convocatoria para designar a la sucesora, sin especificar fecha.
Luego de que este medio revelara algunos de los motivos que orillaron a Quintana Osuna a presentar su renuncia, de acuerdo a fuentes que solicitaron omitir su identidad por seguridad, Encinas Rodríguez rechazó ejercer “cualquier presión para llevar a cabo actos ilegales o que busquen ocultar un fenómeno tan grave y sensible para el país como la desaparición de personas y atender la problemática”.
Al omitir la expresión “censo de personas desaparecidas”, como lo ha mencionado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas defendió el mecanismo -que ha generado suspicacias entre los familiares de víctimas- como “una acción coordinada de búsqueda en vida de personas, cuando el Estado cuenta con elementos suficientes para presumir una localización con vida”.
Tras sostener que de localizarse una persona registrada como desaparecida, cambia su estatus, aseguró que “en ningún momento se pretende desechar la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ni crear uno nuevo”, sino lo que se busca es “verificar el estado que guardan las personas reportadas con el objetivo de poder localizarlas, completar y actualizar registros incompletos, así como hacer el sistema más eficiente para abonar a su objetivo: buscar y localizar a las personas desaparecidas”.
Según el funcionario, la CNB no fue marginada de la elaboración del censo y que la participación de la Secretaría de Bienestar, en la elaboración del mismo, responde a un “convenio de colaboración” con la propia Comisión, asumiendo un “rol auxiliar a las fiscalías y comisiones de búsqueda locales y nacional para fortalecer las capacidades del Estado en la localización con vida de estas personas”.
Encinas concluyó su comunicado señalando que “las capacidades de todo el Estado deben ponerse al servicio de la búsqueda y localización efectiva de las personas”, y que “la difusión de noticias ajenas a la verdad no nos distrae de nuestra responsabilidad”.
En el escueto documento, Encinas no explica por qué hasta ahora, en momentos electorales, es que se emprende un operativo de este tipo, ni hace referencia que fue la preocupación del presidente López Obrador por las elevadas cifras de personas desaparecidas, lo que motivó la estrategia.
Encinas tampoco desmiente que fue la oposición de Quintana a la estrategia ordenada por la Presidencia lo que motivó que le pidiera su renuncia ni que dejó de contestar sus llamadas o que se implementaron dos auditorías a la gestión de la exfuncionaria, en represalia.
El funcionario no hizo público el supuesto convenio ni los fundamentos legales que le dan a los servidores de la Nación encargados de la realización del censo, a tener un “rol auxiliar a las fiscalías y comisiones de búsqueda locales y nacional”, ni el fundamento legal que les faculta para ello.
Tampoco explica si tuvieron algún tipo de capacitación para realizar esa función, mucho menos la metodología para la realización del censo, que han exigido los familiares de personas desaparecidas.
