A partir de la reforma laboral de 2019, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, “los trabajadores tienen la posibilidad de decir: ‘Ya no queremos pagar cuotas, no queremos que nos descuenten lo de las cuotas sindicales’”. Esto lo expresó el mandatario hace unos meses al preguntarle sobre algunos conflictos gremiales en el sector salud.
Esta nueva “libertad” del personal sindicalizado fue incluso presumida en reiteradas ocasiones por la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, como parte del nuevo panorama para la democracia sindical y la negociación colectiva en el país tras la gran reforma a la LFT que promovió Morena una vez que asumió el poder en 2018 y que fue parte de los compromisos adquiridos por México para firmar el T-MEC con Estados Unidos y Canadá.
El artículo 110 de la LFT establece los casos en los que los patrones pueden hacer descuentos al salario de sus trabajadores. La fracción VI contempla, dentro de estas situaciones, el “pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos”, no obstante, a partir de 2019 se le adicionó este texto: “El trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se le aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla”.
Y mientras el gobierno presentaba este cambio como parte de las nuevas garantías mexicanas para la democracia sindical y de empoderamiento del trabajador frente a los abusos financieros de los sindicatos, las principales centrales obreras se ampararon contra esta medida con el argumento de que atentaba contra la autonomía de las agrupaciones laborales.
El tema fue dirimido por el Poder Judicial. En marzo de 2021, la Segunda Sala de la Suprema Corte calificó por unanimidad como constitucional la reforma laboral de 2019 y consideró, entre otros aspectos, que aunque “los principios de libertad y de autonomía sindical implican el derecho de los sindicatos de establecer en sus estatutos la naturaleza, forma de pago y monto de las cuotas sindicales, lo cierto es que tales principios no se vulneran al permitir al trabajador oponerse al descuento de las cuotas sindicales de su salario”.
Sin embargo, un grupo de legisladores pretende ahora revertir esta situación con una reforma a la LFT para suprimir el párrafo agregado hace cuatro años que reconoce la libertad del trabajador de decidir sobre sus cuotas sindicales. La propuesta es encabezada por la senadora Cecilia Margarita Sánchez García (Morena), excandidata a encabezar la dirigencia del sindicato petrolero, y el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), líder del sindicato minero.
En una reunión del 10 de octubre, las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen de la reforma en cuestión. A la sesión, coincidentemente, asistieron de visita varios líderes sindicales, entre ellos, Isaías González (CROC), Rodolfo González (CROM), Francisco Hernández Juárez (Sindicato de Telefonistas, STRM) y José Humberto Gual Ángeles (Sindicato de Pilotos, ASPA).
Y aunque la reforma laboral de 2019 fue promovida por Morena, Napoleón Gómez Urrutia argumentó en la reunión que la medida en cuestión fue introducida por presión de los empresarios mexicanos y estadounidenses como un elemento para desincentivar la sindicalización en el país.
Sin embargo, los números no respaldan dicha teoría conspirativa, al menos no oficialmente. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México la tasa de sindicalización, es decir los trabajadores con un empleo formal que están afiliados a un sindicato, pasó de 12.4 a 12.7% entre 2019 y 2023.
La realidad es que las cuotas son un “ingreso cautivo” de los sindicatos y en muchos casos se cuentan por millones de pesos. El promedio del descuento por trabajador es de 2% del salario, aunque hay casos como los del gremio de electricistas donde se retiene el 3% o en algunas maquiladoras hasta el 4%, según el Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral.
El argumento recurrente en la sesión de las comisiones es que no se puede proteger bien a los trabajadores si las cuotas no están blindadas. Sin embargo, la realidad es que las personas no confían en los sindicatos, no por nada son de las instituciones menos confiables en el país. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci) del Inegi, los sindicatos son superados sólo por los partidos políticos como las organizaciones menos confiables. Sólo un 3.5% de las personas les tiene mucha confianza.
Historias de falta de transparencia, malos manejos de los recursos y escándalos financieros de los sindicatos hay muchas en México, varias con nombre y apellido de quienes hoy ocupan un asiento en el Congreso. Y aunque los legisladores han argumentado que la reforma de las cuotas sindicales sólo busca restablecer el orden para la autonomía obrera, ¿no será que están perdiendo el control total del dinero?
En un ambiente donde las disidencias obreras han ido creciendo en el país, lo que los líderes sindicales parecen perder de vista es que la cuota del trabajador no es sólo una aportación para cumplir con su obligación gremial. Hoy, a la luz del cambio de 2019, también es un voto de confianza, y la confianza se gana.
El dictamen de reforma sobre las cuotas sindicales fue aprobado por la Cámara Alta en la sesión del jueves 24 de octubre y fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión. Ahora falta saber qué dirán desde Palacio Nacional ante esta intención de legisladores y legisladoras con afiliaciones sindicales de diferentes colores. Las alertas ya se prendieron y pueden llegar hasta suelo estadounidense. ¿Podrán los líderes sindicales encabezados por Napoleón Gómez Urrutia lograr lo que no pudieron en 2019?
